Es la tercera ciudad de Colombia con un nombre asociado a uno de los carteles del narcotráfico. Cali. También es la ciudad de la salsa. Y ahora es la ciudad sin ley, el símbolo de una protesta contra el presidente, Iván Duque, y su gobierno, que está llevando al país a la deriva en medio de una crisis agudizada por la pandemia del Covid.

Cuando ya se cumplen 15 días de protestas Duque ha viajado por segunda vez a Cali este martes por la tarde. Allí se ha reunido con autoridades locales, rectores universitarios, representantes de congresistas del Cauca, ante quienes ha insistido en que el diálogo es la mejor salida a crisis actual. Este miércoles 12 de mayo se celebra otra jornada de paro nacional en Colombia.

Las noches en Cali han sido estremecedoras. Hay relatos de rondas de paramilitares y civiles armados a la caza de manifestantes en Siloé, una barriada de campesinos, el 3 de mayo. A su vez los habitantes de las zonas más adineradas han difundido imágenes de la llamada minga indígena marchando cerca de sus viviendas.

El defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo ha informado de varios indígenas heridos, miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca, tras ser atacados por hombres armados.

El caos llegó a tal extremo el fin de semana que el presidente, Iván Duque, se desplazó brevemente a Cali, y ordenó el despliegue del ejército para que se levantaran los bloqueos. Los indígenas han dicho que no van a moverse de Cali.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, miembro del Partido Verde, reconocía en una entrevista en El País que lo que pasa en Cali «puede llevarse a toda Colombia por delante». Al mediar en un bloqueo, el propio Ospina fue agredido. En sus redes sociales, ha hecho reiterados llamamientos al diálogo.

«Hay bloqueos en diferentes puntos críticos de la ciudad. Estos bloqueos han causado escasez en la ciudad y hay riesgo de que te agredan si intentas pasar por esas zonas. Esto ha derivado a enfrentamientos armados y brotes de violencia», afirma María Alejandra Arboleda, profesora de Comunicación Política y opinión pública en la Universidad Javeriana de Cali.

Marcha indígena

La población indígena quiso unirse a las protestas contra el gobierno de Iván Duque que se viven en Colombia desde hace 13 días. Al menos una treintena de personas han muerto como consecuencia, la mayoría, de la represión de las fuerzas de seguridad.

La marcha indígena, conocida como Minga, se dirigió a Cali, una ciudad con accesos bloqueados y con escasez de gasolina y suministros como consecuencia de estas protestas. Duque instó a que se levantaran los bloqueos y pidió a los indígenas a que volvieran a sus comunidades. Y ordenó el mayor despliegue de la fuerza pública en Cali.

«Es cierto que ellos tienen el derecho a transitar por el territorio, pero sabiendo esta situación de orden público que se vive, también deben enviar un mensaje claro para que retornen su camino a sus resguardos», dijo Duque, según informa la BBC. Pero los indígenas no claudican.

No hubo empatía con nuestras peticiones. Mantenemos el paro del 12 de mayo»

comité nacional del paro

Tampoco lo hace el Comité Nacional del Paro, que se ha reunido este lunes con el presidente, en Casa Nariño, en Bogotá. «No hubo empatía con nuestras peticiones», han dicho los portavoces. «De este modo, se mantiene la convocatoria de nuevo paro nacional el miércoles 12 de mayo». El Comité Nacional del Paro se queja de que los términos del diálogo son similares a los que fijó el gobierno en 2019, que fueron un fracaso.

Según Amaury Mogollón, consultor político que trabaja en Colombia y México, «el gobierno nacional debe abrir una mesa de diálogo, pero no como en 2019 en el que no se llegó prácticamente a nada. Han de buscarse mecanismos consensuados con todas las fuerzas políticas del país, el Congreso, los gobernadores, alcaldes, los jóvenes, las universidades, incluso diría yo que las iglesias, pero además que haya garantías de judicialización para quienes incurrieron en violaciones a los derechos humanos en estas intensas jornadas».

Primero demandaban que se retirara la reforma fiscal que pretendía impulsar el presidente Duque. Con una población empobrecida, y harta por la pandemia, que está haciendo estragos en Colombia, esa presión a una clase media muy deteriorada fue la gota que colmó el vaso. Ahora las exigencia van más allá: desde un salario mínimo a una reforma sanitaria. Y el presidente Duque cada vez está más debilitado.

Cali, víctima de la pandemia

«Cali es una ciudad muy golpeada por las consecuencias económicas que ha traído el covid-19. Esto ha profundizado la pobreza y la desigualdad en la ciudad. Además, hay una debilidad institucional que ha afectado la relación que tienen los ciudadanos con sus instituciones, que ha derivado en una alta desconfianza y descontento. También hay presencia de bandas criminales y actores armados. Todos estos elementos confluyen y a un estallido social y acciones violentas, hechos que no se responde desde la institucionalidad de forma oportuna», señala María Alejandra Arboleda, desde Cali.

La ciudadanía quiere un gobierno más abierto, más diverso y, sobre todo, más transparente, que esté de cara al ciudadano»

maria alejandra arboleda

«Para lograr una salida desde instancias democráticas y participativas es fundamental que estos diálogos se den de cara al ciudadano y desde las regiones. Lo que hemos evidenciado en estos días es una ciudadanía que salió a las calles a pedir un cambio, quieren un nuevo pacto social en donde se empiece a construir una sociedad más equitativa y más incluyente. La ciudadanía quiere un gobierno más abierto, más diverso, y sobre todo, más transparente, que esté de cara al ciudadano», añade la consultora política.

Lo que ha puesto en evidencia esta protesta es la fragilidad del Estado colombiano que está más cerca de un Estado fallido que de un Estado de un país emergente.

También ha quedado claro el divorcio del gobierno de Iván Duque con la ciudadanía, especialmente los jóvenes, que se rebelan contra los intentos del gobierno de impedir sus protestas primero y después de la represión de las fuerzas de seguridad. Hay cerca de 30 muertos y unos 80 desaparecidos.

Según Amaury Mogollón, «El tiempo que esto se mantendrá, dependerá de la capacidad de maniobra del gobierno (que por lo visto, es muy poca) hay que recordar, que la reforma tributaria se hundió, que el ministro de Hacienda Carrasquilla renunció, pero hay sectores que incluso están pidiendo la renuncia del presidente Duque y eso no es cualquier cosa. De tomar fuerza esta petición, las consecuencias son impredecibles en una democracia debilitada como la que hoy está viviendo Colombia».