Lo que empezó como una explosión juvenil contra la desigualdad en sanidad y educación, frente a los desorbitados costes en la renovación y construcción de estadios para el Mundial de fútbol de 2030, se ha transformado en una avalancha judicial sin precedentes. Un mes después del inicio de las manifestaciones del colectivo GenZ 212, el Gobierno marroquí sigue sin ofrecer una respuesta política clara. En cambio, su aparato judicial actúa con una celeridad implacable.

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El 15 de octubre, el Tribunal de Apelación de Agadir condenó a 17 manifestantes acusados de “haber incendiado vehículos ajenos”, “dañar bienes públicos y privados” y “obstruir la vía pública con barricadas”. Tres recibieron 15 años de prisión, uno 12 años, nueve más 10 años y el resto entre tres y cinco años, según confirmó la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

La severidad de las penas es la respuesta a una generación que reclama no solo servicios públicos dignos, sino también la dimisión del primer ministro Aziz Akhannouch. En paralelo, tribunales de otras ciudades —como Salé y Marrakech— han dictado condenas de hasta 20 años por disturbios en los márgenes de las marchas. “Estamos apenas al comienzo de los veredictos”, advierte Omar Arbib, del comité central de la AMDH.

Una justicia desbordada

Según los últimos recuentos, más de 2.000 personas han sido arrestadas desde el 27 de septiembre. De ellas, unas 1.200 han sido llevadas ante los fiscales del reino; 300 fueron liberadas, pero el resto enfrenta procesos penales, incluyendo numerosos menores de edad.

Las protestas se extendieron desde Agadir hasta Oujda, Marrakech y Salé, en un movimiento que, durante más de dos semanas, se expresó tanto en las calles como en redes sociales, con vídeos virales y el hashtag GenZ212. El detonante fue un suceso trágico: la muerte de ocho mujeres durante partos por cesárea en el hospital regional de Agadir el pasado agosto. Aquel episodio encendió el debate sobre la precariedad de la sanidad pública y cristalizó en una consigna: “Queremos vivir con dignidad”.

En localidades periféricas como Aït Amira, una comuna agrícola a 50 kilómetros de Agadir, la rabia brotó de un sentimiento de abandono profundo: sin red sanitaria, ni saneamiento, ni oportunidades laborales. Allí, jóvenes se reunieron cada tarde entre el 27 de septiembre y el 9 de octubre para debatir, organizar y soñar un país distinto. Las condenas dictadas el 15 de octubre son percibidas como una advertencia al resto del país.

La represión alcanza a los márgenes

La actual ola represiva ha arrastrado también a quienes no participaron directamente en las protestas. Le Desk, medio digital independiente, relató el caso de Ayoub M., un impresor de 34 años detenido el 6 de octubre por estampar en dos camisetas el logo “GenZ 212” junto al lema “Free Palestine”. Pese a su liberación inicial, fue arrestado nuevamente al acudir a testificar ante el fiscal y sigue en prisión preventiva, a la espera de una vista el 27 de octubre.

Otros casos, como el de Soufiane Kert, de 30 años, demuestran el alcance de la represión. Dueño de un café en Lqliaa y mediador ocasional entre manifestantes y gendarmes, fue detenido el 6 de octubre y permanece encarcelado. En el sur, Mohammed Bazigh, joven de Guelmim, fue condenado a cinco años de prisión por publicar en Facebook un llamado a manifestarse, acusado de “incitar a cometer delitos a través de redes sociales”.

“En Marruecos, encarcelar a alguien por una publicación no es nada nuevo”, denuncia Khadija Ryadi, secretaria general de la AMDH. “El Estado aplica una política conocida: sofocar las protestas antes de que prendan. Solo cuando la represión tiene un coste político, las autoridades escuchan. Pero aún no hemos llegado ahí”.

El mensaje del palacio

El 10 de octubre, el rey Mohamed VI intervino ante el Parlamento. Reconoció la urgencia de crear empleo y mejorar la educación y la sanidad, e instó a su Gobierno a “actuar con mayor rapidez”. Tres días más tarde, el primer ministro Akhannouch, objeto de la ira popular, ordenó a sus ministros “salir a escuchar al pueblo”. Sin embargo, la respuesta oficial no ha pasado de declaraciones de intención.

Mientras tanto, los tribunales siguen saturados y las cárceles, llenas. En Agadir, Salé y Marrakech, las audiencias se suceden en jornadas maratonianas. Human Rights Watch ha denunciado la falta de garantías procesales y el carácter ejemplarizante de las sentencias.

La crisis de la Generación Z ha mostrado las grietas del modelo marroquí: un Estado que promueve la modernización y la inversión extranjera, pero que sigue dejando fuera a buena parte de su juventud. Con vistas al Mundial 2030, el régimen quiere proyectar estabilidad y progreso, pero se enfrenta a un malestar social que ni la represión ni los discursos parecen capaces de silenciar.

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