El Frente Polisario vuelve a cargar contra España unos días después de la celebración de la Reunión de Alto Nivel entre Madrid y Rabat. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Polisario, Brahim Ghali, exige a la UE que deje de “eludir vergonzosamente” las sentencias de su propio Tribunal de Justicia y que España asuma su responsabilidad como potencia administradora de 'iure' y deje de someterse “de manera humillante al chantaje de Marruecos”.

PUBLICIDAD

Ghali ha realizado estas reclamaciones en la inauguración de la octava sesión ordinaria del Secretariado Nacional del Frente, en un momento en que la Unión Europea ha allanado el camino para la aplicación provisional del nuevo acuerdo comercial con Marruecos —que extiende preferencias arancelarias a los productos procedentes del Sáhara Occidental— y el Polisario anuncia otra ofensiva jurídica.

En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el acuerdo agrícola entre Rabat y Bruselas por falta de consentimiento del pueblo saharaui. Pero la decisión no frenó a los Estados miembros, que un año después aprobaron, por vía escrita y sin debate, una versión modificada que mantiene en vigor las preferencias comerciales y trata de sortear las exigencias sobre el etiquetado de productos saharauis establecidas por la justicia comunitaria.

Un nuevo recurso contra Bruselas

Las críticas de Ghali también han apuntado hacia el Gobierno español, al que le recuerda su papel como “potencia administradora de iure”. En su discurso, el líder saharaui ha reprochado al Ejecutivo de Sánvhez su “alineamiento descarado con la política expansionista y codiciosa de Marruecos”, una estrategia que, según dijo, “amenaza a todos los vecinos del reino, incluida la propia España”.

En una entrevista reciente con El Independiente, Oubbi Buchraya, asesor especial del secretario general del Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos, confirmó que el movimiento presentará un nuevo recurso a lo largo de este mes ante el Tribunal General de la UE, primera instancia competente en estos casos.

El recurso se centra en la aplicación provisional del acuerdo modificado. “Claramente”, afirma Buchraya al ser preguntado por la posibilidad de una nueva anulación. Según él, el proceso de negociación revela un comportamiento “inexplicable”:

“La Comisión obtuvo el plácet el 10 de septiembre y confirmaron el acuerdo el 15. Nadie puede entender cómo se negocia un acuerdo de tanta magnitud, con sus implicaciones políticas, diplomáticas y económicas, en solo cinco días”.

Para Buchraya, todo apunta a que la Comisión llevaba meses negociando discretamente con Rabat desde la sentencia de 2024. Además, critica que los Estados miembros hayan recurrido a un voto escrito que evita el debate político, y que el Parlamento Europeo haya quedado excluido mediante la fórmula de aplicación provisional.

El asesor jurídico del Polisario denuncia también el uso de la noción de “consentimiento implícito”, prevista como excepción en la jurisprudencia europea y basada en beneficios “concretos, sustanciales, verificables y proporcionales” para la población saharaui.

En su opinión, la UE y Marruecos han pervertido ese requisito para legitimar un acuerdo contrario a derecho: “En vez de adaptar la realidad del acuerdo al derecho, han optado por adaptar el derecho a la realidad de la ocupación”.

El ejemplo más claro, sostiene, es el uso por parte de la Comisión de las denominaciones administrativas marroquíes —El Aaiún-Sakia El Hamra y Dajla-Ued Eddahab— para referirse a las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. “Eso es abrazar el léxico administrativo de la ocupación marroquí”, desliza.

PUBLICIDAD