El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su discurso sobre el estado de la Unión para reivindicar los logros económicos de su Administración y, al mismo tiempo, redoblar su pulso institucional en materia comercial. La intervención, de 107 minutos –la más larga registrada ante una sesión conjunta del Congreso–, ha estado atravesada por la defensa de su política arancelaria tras el reciente revés judicial.

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Después de que el Tribunal Supremo invalidara parte de sus denominados “aranceles recíprocos”, Trump ha firmado una orden ejecutiva que activa nuevos gravámenes globales del 10 %. En el hemiciclo, ha asegurado que no será necesaria la aprobación del Congreso para aplicarlos, pese a que la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 establece un límite de 150 días sin respaldo legislativo. Sus palabras apuntan a que no buscará el aval de las cámaras, donde los republicanos mantienen mayorías muy ajustadas.

El mandatario ha ido un paso más allá al sostener que los aranceles, “pagados por países extranjeros”, podrían llegar a sustituir el sistema moderno de impuestos sobre la renta, aliviando –según su tesis– la carga fiscal de las familias estadounidenses. La afirmación se produce después de que el Supremo recordara que los aranceles constituyen una forma de tributación y que la potestad fiscal corresponde al Congreso.

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En el terreno económico, Trump ha defendido que su Gobierno ha moderado la inflación y ha anunciado nuevas exigencias para las empresas que invierten en infraestructuras de inteligencia artificial, a las que obligará a instalar sus propias centrales eléctricas para evitar tensiones en los precios de la energía. También ha reivindicado la reducción del precio de los medicamentos mediante la aplicación del principio de “nación más favorecida” y ha pedido hacer permanente la prohibición de que determinados fondos financieros adquieran viviendas unifamiliares.

El presidente ha iniciado su intervención con reproches a su antecesor, Joe Biden, al que ha responsabilizado de haberle dejado “una nación en crisis”, con inflación elevada y una frontera descontrolada. El discurso se ha seguido con especial atención en un año preelectoral, con las legislativas de medio mandato en el horizonte y con la popularidad del presidente en torno al 40 %, según los sondeos.