La guerra que desde hace una semana enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán ha abierto un nuevo frente estratégico en Oriente Medio: el agua. Tras décadas en las que el petróleo, los puertos o los aeropuertos constituían los objetivos prioritarios, las plantas desalinizadoras —la infraestructura que garantiza el suministro de agua potable a millones de personas en la península Arábiga, uno de los epicentros mundiales del estrés hídrico— han comenzado a aparecer en la lista de blancos militares. El cambio marca un salto cualitativo en la escalada regional y revela hasta qué punto el conflicto ha empezado a golpear el corazón de la vida civil en una de las regiones más áridas del planeta.

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La cronología de los últimos días es reveladora. El primer incidente se produjo el sábado en territorio iraní. Teherán denunció que Estados Unidos atacó una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, en el estratégico estrecho de Ormuz. El daño afectó al suministro de agua en decenas de localidades. Un día después, Bahréin informó de un ataque con drones contra una instalación similar en su territorio, que atribuyó a Irán. El intercambio marca un giro peligroso: la guerra ha comenzado a extenderse a la infraestructura que garantiza el acceso al agua.

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El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, acusó directamente a Washington de haber abierto una nueva fase del conflicto al golpear infraestructuras civiles. “Estados Unidos cometió un delito flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora de agua dulce en la isla de Qeshm. El suministro de agua en 30 pueblos se ha visto afectado”, denunció. El jefe de la diplomacia iraní añadió una advertencia sobre las consecuencias de esta nueva dinámica: “Atacar la infraestructura de Irán es una medida peligrosa con graves consecuencias. Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”.

Washington lo niega. Un portavoz del Comando Central de EEUU aseguró que las fuerzas estadounidenses no atacaron ninguna instalación de desalación en Irán. Pero el episodio ha abierto un debate inquietante entre analistas y responsables políticos: el agua podría convertirse en un nuevo instrumento de presión en la guerra.

La fragilidad del Golfo

En el Golfo Pérsico, las desalinizadoras no son una infraestructura más: son el sistema que permite que existan ciudades en pleno desierto. Uno de los motores de esas urbes futuristas de rascacielos y lujo. Oriente Medio concentra más del 40 % de la capacidad mundial de desalación y hasta 5.000 plantas suministran agua potable a una población diversa, formada por locales y expatriados.

La dependencia es extrema. Bahréin obtiene alrededor del 85 % de su agua potable de estas instalaciones; Kuwait cerca del 93 %; Arabia Saudí más del 60 %; y Qatar depende prácticamente por completo de ellas, advierte en conversación con El Independiente David Michel, investigador del programa de seguridad alimentaria e hídrica del Center for Strategic and International Studies. Esta dependencia, subraya, convierte a las desalinizadoras en “uno de los puntos más vulnerables de la región”.

“Las vulnerabilidades de Irán y de los países del Golfo en materia de recursos hídricos son distintas, pero en ambos casos las plantas desalinizadoras representan infraestructuras críticas”, arguye. Y vaticina: “Si estas instalaciones se convierten en objetivos, el impacto puede ser enorme”.

Humo negro tras el ataque a la refinería Shahran. | Efe

Cómo puede convertirse el agua en arma

El agua puede transformarse en un objetivo militar de múltiples formas. Las plantas desalinizadoras pueden ser atacadas directamente, pero también pueden quedar paralizadas por daños en infraestructuras energéticas o eléctricas de las que dependen. “Las desalinizadoras requieren enormes cantidades de energía”, advierte Michel. “Un ataque contra centrales eléctricas o redes eléctricas puede tener un efecto en cascada sobre la producción de agua”.

También existen otras vulnerabilidades menos visibles: las estaciones de bombeo, las tuberías de distribución o las tomas de agua en el Golfo pueden ser saboteadas o dañadas. “El agua del Golfo es la fuente de todas estas plantas”, señala el experto. “Un gran vertido de petróleo podría bloquear las tomas de agua y paralizar las instalaciones”, desliza.

Michel recuerda que algo parecido ocurrió durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando Irak vertió millones de barriles de crudo en el Golfo Pérsico. “Ese vertido bloqueó las tomas de agua de las plantas en Kuwait y el país tuvo que recurrir a camiones cisterna para abastecer a la población”.

Otra variable es la posibilidad de ciberataques que saboteen su gestión. “Sabemos que Irán utiliza hackers, ransomware y ciberataques para perturbar las economías y las infraestructuras de sus vecinos, y que Irán se ha infiltrado y ha irrumpido en los sistemas de abastecimiento de agua de Estados Unidos. En 2013, irrumpieron en una presa en una ciudad llamada Rye, en Nueva York. Y en 2023 y 2024, volvieron a irrumpir en varias instalaciones de agua en Estados Unidos. Esta es otra táctica asimétrica con la que Irán podría perturbar el funcionamiento de los sistemas de agua, no solo en el Golfo, sino también, potencialmente, en otros países”, detalla Michel.

La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, este jueves. | Efe

Estrategia de presión cruzada

Para muchos analistas, la aparición de estas infraestructuras en el conflicto responde a una lógica de presión indirecta. En declaraciones a este diario Ali Vaez, especialista en Irán del International Crisis Group, cree que la guerra podría estar entrando en una fase más peligrosa.

“La siguiente fase en el ciclo de escalada es atacar infraestructuras para hacer que la continuación de la guerra sea más intolerable”, afirma. “Podría convertir la región en tierra quemada, sin vencedores”. Karen Young, investigadora del programa de energía del Middle East Institute, interpreta los ataques como parte de una estrategia de presión cruzada entre los bandos.

Podría convertir la región en tierra quemada, sin vencedores

“El punto de presión para Israel está en el gobierno iraní y su capacidad para mantener los servicios públicos”, explica. “Para Irán, el punto de presión es infundir miedo en los Estados del Golfo y amenazar sus economías y su tolerancia al conflicto, que es mucho menor que la de Irán”.

Una región extremadamente vulnerable

La fragilidad de las monarquías del Golfo se debe también a la ausencia de reservas naturales de agua. A diferencia de países con grandes embalses o acuíferos, las reservas en la región son limitadas. “Estos países tienen muy pocos recursos hídricos naturales. No son España o Estados Unidos, que cuentan con grandes reservas de agua almacenada. Los países del Golfo son países áridos con muy pocas precipitaciones y muy pocos recursos hídricos naturales renovables. Por eso dependen tanto de la desalinización”.

El riesgo no se limita al plano local. Las desalinizadoras también abastecen a sectores industriales y energéticos fundamentales para la economía mundial. Joost Hiltermann, asesor para Oriente Medio del International Crisis Group, advierte de que el verdadero peligro está en la posibilidad de una escalada sostenida.

“Más preocupante que el daño actual es la perspectiva de muchos más ataques”, afirma. “Hay innumerables objetivos de este tipo en toda la región”.

El impacto podría ser doble: económico y ambiental. “La destrucción de desalinizadoras podría provocar una peligrosa escasez de agua potable en una región predominantemente seca”, admite.

Planta depuradora de aguas de Acciona en Arabia Saudí

Empresas españolas, en primera línea

La escalada también plantea interrogantes para las empresas extranjeras que gestionan infraestructuras hídricas en el Golfo. Entre ellas destacan las españolas Acciona y Aqualia, dos multinacionales que en las últimas décadas han exportado hasta la península Arábiga su experiencia en gestión de agua.

Acciona, presente en Oriente Medio desde 2008, participa en proyectos de agua en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar que abastecen a cerca de diez millones de personas. La empresa cuenta con más de 5.000 empleados en la región y afirma, en declaraciones a este diario, “seguir protocolos de seguridad adaptados al contexto de conflicto”.

Si la tendencia continúa, la guerra podría entrar en una fase aún más peligrosa. En una región donde las ciudades dependen de plantas industriales para poder beber, atacar una desalinizadora no significa solo destruir una infraestructura. Significa golpear el recurso más básico para la supervivencia de millones de personas. “En un caso dramático de interrupción total, de destrucción completa de varias plantas desalinizadoras, no cuentan con reservas en las que poder confiar. Podrían enfrentarse a una situación de emergencia hídrica”, concluye Michel.