Internacional

La batalla de una familia española contra los 'tiburones' de Wall Street tensa las relaciones entre EEUU y El Salvador

La pugna por el control de Continental Towers podría abrir una brecha en las relaciones entre los gobiernos de Trump y Bukele

Torre de telecomunicaciones de la empresa Continental Towers
Torre de telecomunicaciones de la empresa Continental Towers | C.V.

Los afectados lo consideran un claro caso de "imperialismo legal". Desde que la firma estadounidense Peppertree y del banco Goldman Sachs se unieron como accionistas al negocio de los Ortiz Flores, la vida de esta familia se ha convertido en una batalla judicial contra dos gigantes norteamericanos. Amparados por los tribunales de cinco países latinoamericanos, durante los últimos años han plantado cara a las decisiones de un juez federal de Estados Unidos. Y desde El Salvador se han cansado de las presiones de los norteamericanos.

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Hay que remontarse una década atrás. En 2015, la empresa de telecomunicaciones Continental Towers, fundada por una familia española asentada en Guatemala, decidió abrirse a nuevos socios inversores. La firma estadounidense Peppertree y del banco Goldman Sachs entraron como accionistas, aunque los García Ortiz seguían controlando el 55% de las participaciones. Pero los recién llegados empezaron a maniobrar en la sombra para hacerse con el control de la compañía. El plan era duplicar el valor de la empresa y después venderla para lucrarse con su traspaso.

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Sin embargo, la posición de Continental Towers dentro de América Latina, con cerca del 80% del mercado en los países donde operaba, ha motivado que Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Perú hayan iniciado procesos penales contra Goldman Sachs y Peppertree. La Justicia salvadoreña ha sido la más combativa. La Fiscalía de este país ha emitido órdenes de captura internacional para tres directivos de Peppertree, remitidas a la Interpol.

Estas acciones no agradan al juez federal Lewis Kaplan, que se encarga de supervisar las acciones del tribunal de arbitraje en Nueva York que intenta poner fin a la disputa desde EE.UU. Ante las presuntas presiones del magistrado, los abogados de la familia han presentado una queja formal ante el Fiscal General de El Salvador por "injerencia extranjera".

Un juez polémico

Cuando la familia se negó a vender la empresa, se inició un contencioso que acabó en el tribunal de arbitraje de Nueva York. Peppertree y Goldman Sachs habían puesto como condición para la entrada de la compañía que las posibles disputas se dirimieran en suelo norteamericano. Los Ortiz Flores denuncian que todas los miembros del tribunal responden a los intereses de los accionistas, porque el presidente tiene vínculos con Goldman Sachs a través de un familiar y su abogada que debía representarles fue "comprada" por los inversores estadounidenses.

Aun así, el mayor enemigo de la familia ha sido el juez que supervisa las acciones del tribunal, Lewis Kaplan. Es un magistrado polémico, que ha presidido casos tan controvertidos como el del príncipe Andrés del Reino Unido, acusado de abusar de una menor de edad víctima de la red de explotación sexual del magnate Jeffrey Epstein.

Según denuncian, este juez ha operado en la sombra para crear jurisprudencia a favor del tribunal de arbitraje que posibilite el secuestro de la empresa. Y, cuando no lo ha conseguido por estos medios, se ha pasado a las tácticas intimidatorias.

Dado el peso que Continental Towers tiene en su país, la Fiscalía de El Salvador descubrió que el contrato para vender la empresa y sus efectos podrían involucrar delitos graves como estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Por ello, se abrió un proceso penal contra varios acusados, incluidos los tres representantes norteamericanos de Peppertree.

Presiones para controlar Continental Towers

Tal y como recoge la queja formal presentada por los abogados de la familia, la Fiscalía salvadoreña ordenó medidas de protección sobre los afectados –la filial de Continental Towers en el país centroamericano–. Entonces, Peppertree y Goldman Sachs acudieron al juez Kaplan.

El magistrado ha emitido varias resoluciones a favor de las empresas norteamericanos que, según la familia, constituyen "actos de injerencia" en la Justicia del país. Kaplan ha intentado que la empresa retire la petición de amparo interpuesta en un tribunal salvadoreño. Para lograrlo, intimidó a la abogada de la empresa en El Salvador. La queja formal recoge que el juez amenazó con cobrarle una multa de 10.000 dólares diarios por "desacato" que se duplicaría cada 14 días. El temor ante estas presiones hizo que la representante legal retirase el amparo.

Kaplan no se quedó ahí. Como el juicio penal en El Salvador seguía frenando la venta de la empresa, el juez Kaplan ordenó en 2026 que los afectados entregaran todas sus acciones a Peppertree y Goldman Sachs. Al negarse, el propio secretario del tribunal de Nueva York firmó y completó el traspaso de las acciones a favor de Peppertree y Goldman Sachs

Imperialismo judicial

La queja formal presentada en El Salvador se encuentra en la cancillería. Si continúa su cargo, llegará a la Embajada del país centroamericano en EE.UU., y luego al Departamento de Estado norteamericano. Esta mera queja ya sería motivo de una crisis diplomática. Pero la familia ha desvelado aún más movimientos que podrían tensar las relaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele.

Los Ortiz Flores son conocedores de que funcionarios diplomáticos, gubernamentales y del Ministerio Fiscal han recibido presiones desde EE.UU. para paralizar este caso. Es ésta la actitud que les lleva a ver un claro "imperialismo legal" por parte de Washington. Frente a estos métodos de matonismo, la familia resiste. Su empresa, nacida de la emigración española hacia Latinoamérica durante el siglo pasado es su orgullo, y van a luchar por defenderla.

En la queja ante la Fiscalía de El Salvador, sus abogados lo dejan claro. El proceso penal en el país centroamericano nada tiene que ver con un tribunal de arbitraje mercantil en EE.UU. Así, las decisiones adoptadas por el magistrado, "escapan de las atribuciones del señor Juez de Distrito Lewis A. Kaplan y constituyen más bien actos de injerencia en nuestro país". Es por esto que piden al Fiscal General que informe de esta situación al Gobierno norteamericano, con la esperanza de que ponga fin a las presiones.

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