La Administración de Donald Trump lleva meses encontrando en la justicia su principal obstáculo a la hora de implementar su agenda, y con los inmigrantes la situación se está tornando especialmente complicada. Esta semana, un juez ha intentado detener, de nuevo, los esfuerzos de Estados Unidos para trasladar a terceros países a los deportados que no aceptan sus naciones de origen, pero ya era demasiado tarde. En concreto, el martes se conoció que Estados Unidos ha enviado un avión de deportados de diferentes países asiáticos y centroamericanos, como Vietnam, Burma, Laos, Birmania, Pakistán, Tailandia, México y Cuba, a Sudán del Sur, un lugar al que el propio EEUU recomienda no viajar. 

Los abogados de los deportados denuncian que algunos de sus clientes apenas saben hablar inglés, y critican que el destino es peligroso incluso para los ciudadanos del país. La esposa de uno de ellos escribió alarmada a su letrado pidiéndole ayuda -“por favor, no pueden hacer esto”-, y contándole que se habían llevado a su marido y a otro grupo de presos a Sudán del Sur sin avisar. 

La abogada del Departamento de Justicia, que representa a la Administración en este caso, se ha escudado en que los hombres han sido condenados por diferentes delitos como asesinatos o violaciones, pero no ha podido explicar al juez por qué los han llevado allí en lugar de a sus países o a algún otro lugar.

La situación ha tenido lugar solo días después de que el Tribunal Supremo estadounidense reiterase que el Gobierno de Trump no puede deportar a venezolanos con una ley de 1789 que solo se ha usado en tiempos de guerra, y le recordó que, si quiere expulsarlos, tiene que seguir los debidos procesos legales, algo que no parece que se esté cumpliendo en el caso de los deportados a Sudán.

El presidente Donald Trump lleva meses tratando de alcanzar acuerdos con diferentes países para conseguir deportar a todos aquellos inmigrantes que quiere expulsar de EEUU pero que son rechazados por los suyos de origen. Con ese fin, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, se trasladó a Centroamérica en su primer viaje en el cargo para tratar de llegar a acuerdos en esa línea con gobiernos de la zona, pero por el momento solo han accedido El Salvador, Costa Rica y Panamá.

En febrero, las imágenes de migrantes pidiendo ayuda desde los hoteles donde estaban confinados dieron la vuelta al mundo y activaron las alarmas de las organizaciones en defensa de los derechos humanos, y más adelante la deportación por error de otros migrantes pese a que lo prohibía la justicia también han abierto un importante cisma político.

EEUU avisa de secuestros, violaciones y emboscadas en Sudán del Sur

En este caso, el nuevo plan del Gobierno incluye trasladar a esos deportados a Sudán del Sur, pese a que no se ha comunicado formalmente y pese a que el propio Departamento de Estado estadounidense aconseja no viajar a dicho país por las “continuas amenazas de seguridad”, que incluyen desde crímenes varios a secuestros y conflictos armados. “Los crímenes violentos, como los robos de vehículos, los tiroteos, las emboscadas, los asaltos, robos y los secuestros son comunes en todo Sudán del Sur, inclusive Juba [la capital]. Extranjeros han sido víctimas de violaciones, agresiones sexuales, robos a punta de pistola y otros crímenes violentos”, reza la extensa recomendación. 

“Los crímenes violentos, como robos, tiroteos, emboscadas, asaltos y secuestros son comunes en todo Sudán del Sur”

El juez encargado del caso, el magistrado de distrito Brian Murphy, ya había fallado que enviar a migrantes indocumentados a países de los que no son ciudadanos “claramente viola” una orden anterior que impide enviar a cualquier persona a un tercer país. Y para que la Administración no se lave las manos, como ha hecho en anteriores ocasiones, y no se desentienda de los deportados, el juez ordenó el martes que el Gobierno “mantenga la custodia y el control” de los inmigrantes que fueron enviados a Sudán del Sur “o a cualquier tercer país”. 

Por el momento no dice que esas deportaciones vayan en contra de la ley, pero lanza esta orden de manera provisional hasta tomar una decisión al respecto. Los “aspectos prácticos” relacionados con el cumplimiento de su decisión los deja a la Administración, es decir, que en este caso no ordena que los migrantes vuelvan, como sí pidió otro juez cuando de Estados Unidos a El Salvador salió un avión con inmigrantes a los que la ley pedía deportar, sino que simplemente se limita a exigir que los deportados “sean tratados con humanidad”, y que Estados Unidos se encargue de mantener su “custodia y control”, por lo que pueda pasar.

Según los abogados de inmigración que han presentado la demanda, deportar a inmigrantes de unos países a otros como Sudán viola órdenes judiciales previas, por lo que han solicitado su “regreso inmediato”. La Administración Trump se defiende diciendo que los ocho deportados a Sudán son peligrosos criminales, y que han sido expulsados del suelo americano “para que nunca más puedan herir a otras víctimas estadounidenses”. Además, ha dicho que la decisión del juez es “absurda” porque los hombres suponen “una clara y presente amenaza para la seguridad de los estadounidenses”.

En una ocasión anterior, el Gobierno de Trump intentó usar la ley de enemigos extranjeros, que data de 1789, para deportar a venezolanos a El Salvador, esgrimiendo que pertenecen a la banda Tren de Aragua. Un juez ordenó que los aviones se diesen la vuelta en mitad del vuelo, pero la Administración se negó, diciendo que el juez no tenía competencias en aguas internacionales. Después, el Supremo prohibió al Gobierno seguir usando dicha ley para deportar a más venezolanos a El Salvador, al menos de forma temporal. Con todo, el Ejecutivo sigue teniendo pendiente devolver a Kilmar Abrego García, el venezolano que fue deportado a El Salvador por error -así lo ha reconocido la Administración- y pese a que contaba con una orden judicial de hace años que exigía que permaneciese en el país por el peligro que corre en su nación de origen.

El Gobierno de Trump también ha encontrado problemas en los tribunales al intentar deportar a varios inmigrantes con papeles, como el activista propalestino y organizador de protestas en la Universidad de Columbia Mahmoud Khakik; el estudiante del mismo centro Moshen Madawi, y la joven de la Universidad de Tufts Rumeysa Ozturk, cuyo arresto saltó a los telediarios de todo el mundo porque vario policías enmascarados la apresaron cuando caminaba en plena calle en Somerville, Massachusetts. El crimen de Ozturk fue escribir un artículo propalestino el año pasado en un periódico universitario.

Vuelos de “autodeportados”

La Administración Trump ha presumido esta semana de que ya ha salido el primer avión con “autodeportados”, es decir, docenas de inmigrantes sin papeles que habrían decidido ofrecerse como voluntarios para salir del país a cambio de 1.000 dólares y un billete de avión de solo ida gratuito, tal y como el Gobierno estadounidense empezó a ofrecerles la semana pasada. En concreto, ese primer avión salió el lunes de Houston (Texas) y trasladó a 65 personas de Honduras y Colombia a sus países, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

La idea del Gobierno estadounidense es ahorrar millones de dólares en arrestar, mantener en prisión y después deportar a esos migrantes sin papeles. “Si estás aquí ilegalmente, usa la aplicación CBP Hme para tomar el control de tu salida y recibir ayuda económica para volver a casa. Si no lo haces, podrás enfrentarte a multas, arresto, deportación y no poder volver nunca… Autodepórtate ahora y conserva tu oportunidad de posiblemente volver de manera legal, de la manera correcta”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y para conseguir que salgan del país no solo propone este incentivo, también amenaza con hacinar a los migrantes en cárceles desbordadas durante meses si tienen que echarlos a la fuerza.

De fondo, lo que subyace es que Trump está encontrándose con serios problemas para cumplir con su promesa de llevar a cabo la mayor deportación de la historia durante su mandato, y si ahora realmente quiere impulsar las deportaciones con estas expulsiones voluntarias, puede encontrarse un desconfianza. El Gobierno ha asustado tanto con los agentes de inmigración, que muchos pueden no fiarse de este sistema, al menos al principio, hasta asegurarse de que se van a respetar sus derechos y de que no terminarán en una cárcel de un país lejano. Cosa que, dados los últimos casos, es una posibilidad que no se puede descartar.