En cierta ocasión, durante una tertulia nocturna en una cadena de televisión (de cuyo nombre no quiero acordarme) debatíamos sobre no sé qué asunto. Eso sí, en tono moderado. Tal vez, demasiado moderado, porque el productor del programa, nada más cortar la emisión para la primera tanda publicitaria, irrumpió en el plató al grito de: «¡Más demagogia, más demagogia!». Ante mi cara de asombro, el colega que tenía a mi lado, ya con experiencia en aquella casa, me susurró: «Es su forma de decir que pongamos más ardor en la discusión, a ver si así sube la audiencia».

Algunos políticos en España piensan, como aquel productor de imborrable recuerdo, que para que les voten tienen que recurrir necesariamente a la demagogia. Es justo lo que ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía al impulsar el decreto (aprobado el pasado día 10 por el Parlamento autonómico) que rebaja la jornada de los funcionarios a 35 horas semanales.

Cuando la Junta de Gobierno dio luz verde a la medida, el pasado 11 de octubre, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se apresuró a calificarla de: «Justa, oportuna y adecuada». Ninguno de los tres adjetivos se adecua a tal norma.

No es justa porque no se aplica por igual a todos los trabajadores, ni siquiera a todos los funcionarios. Tampoco es oportuna porque se intenta poner en marcha justo después de que el Tribunal Constitucional haya dictaminado en contra de la misma medida para los funcionarios de Castilla La Mancha. Y menos aún adecuada: su implantación acarrearía un aumento del gasto público que la Junta no se puede permitir.

En todo caso, lo que sí se puede decir de ella es que es oportunista y, sobre todo, demagógica. Los asesores jurídicos de la Junta saben que el recorrido de la propuesta es tan corto como las mangas de un chaleco. Habiendo ya dictaminado el Constitucional, en el caso de Castilla La Mancha, que esa norma vulnera la ley estatal, tiene poco sentido que la Junta de Andalucía la lleve a su Parlamento, donde, naturalmente, ha recibido los apoyos de PSOE, Podemos e IU.

Susana Díaz, que aspira legítimamente a liderar el PSOE, como paso previo para alcanzar el gobierno de España, debería cuidar un poco este tipo de gestos populistas que sólo tratan de generar una expectativa en los funcionarios que luego no se podrá cumplir. Naturalmente, la propia presidenta de la Junta se encargará de señalar al responsable de tamaña injusticia: el Gobierno de Rajoy, que será quien recurra ante el TC.

La generalización de la rebaja a 35 horas para los 3 millones de funcionarios que hay en España supondría tener que contratar a otros 214.000 nuevos empleados públicos, lo que elevaría el déficit en, al menos, un 0,6%. ¿Qué diría Bruselas si el Gobierno español presenta un presupuesto contemplando esa nueva y permanente partida de gasto? Es fácil de imaginar la cara que pondría el comisario Moscovici.

Si Díaz quiere llegar a La Moncloa tendrá que olvidarse de utilizar este tipo de artimañas políticas. Gobernar significa solucionar problemas, no crear conflictos innecesarios.