Por muy republicano que se fuera no era posible no reconocer que don Juan Carlos había abierto las puertas al cambio democrático, corriendo indudables riesgos… Al mismo tiempo, el inestable equilibrio entre la naciente democracia y el obsoleto aparato del Estado, en el que los ultras eran aún muy poderosos, quien podía mantenerlo era el rey. Si en vez del rey las Constituyentes se hubieran pronunciado por un presidente de la República el equilibrio hubiera vuelto a romperse en detrimento de las libertades democráticas… En realidad, en las Constituyentes ningún partido era favorable a cambiar la forma de Gobierno, aunque alguno mantuviese formalmente el equívoco. En mis conversaciones con Felipe González y con Enrique Múgica era obvio que ellos, como nosotros, aceptaban la monarquía a condición de que funcionase como la de otros países europeos que de hecho eran repúblicas coronadas» (Santiago Carrillo, Memorias, Ed. Planeta).

La cita -necesariamente larga- viene a desinflar la falsa polémica sobre la posibilidad de un referéndum tras la muerte de Franco en el que los españoles hubieran decidido entre Monarquía o República. El histórico líder del Partido Comunista, recién regresado del exilio, fue miembro de la Comisión Constitucional y reconoce en sus Memorias que fue él mismo quien zanjó de un plumazo el debate sobre la forma de gobierno: «Manifesté, sin ambages, nuestra aceptación de la monarquía parlamentaria y constitucional».

Ni el PCE ni el PSOE plantearon en ningún momento la posibilidad de un referéndum sobre el modelo de Estado

A mediados de los años 70 la discusión sobre la forma de Estado sólo estaba planteada por parte de la extrema izquierda. Los dos grandes partidos de izquierdas que habían defendido durante la guerra civil la legalidad republicana, el Partido Comunista (PCE) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aceptaron la monarquía y no reclamaron en ningún momento la celebración de un referéndum.

Lo que plantea Adolfo Suárez en la entrevista no emitida que le hizo Victoria Prego en 1995 es que las encuestas, encargadas por el Gobierno y que nunca se hicieron públicas, arrojaban un resultado que podía haber dado la victoria a los republicanos en caso de haberse celebrado un referéndum. Una hipótesis, como puede comprobarse por las manifestaciones del propio Carrillo, absolutamente inverosímil.

El ruido montado en las redes sociales -por parte de dirigentes y simpatizantes de Unidos Podemos- en torno a esa nunca emitida entrevista tiene un doble objetivo:

1º Cuestionar la independencia de los periodistas.

2º Reabrir el debate sobre la república bajo la excusa de que se privó al pueblo de dar su opinión sobre la forma de gobierno tras la muerte de Franco.

La primera cuestión es recurrente. Ayer, en estas mismas páginas, Ana Cabanillas relataba con precisión la posición de Pablo Iglesias sobre los medios de comunicación.

El líder de Podemos opina que los periodistas que trabajan en los medios privados están sometidos a censura o se someten ellos mismos a autocensura porque los dueños de las empresas propietarias están al servicio del Ibex.

Coincido con José García Abad (autor de El malvado Ibex), y en el que Iglesias busca ahora sustento argumental, en que «la libertad de prensa es inversamente proporcional a la deuda que tienen las empresas». Tanto coincido con ese planteamiento que, junto a otros profesionales, hemos puesto en marcha El Independiente, en el que la mayoría del capital está controlada por los periodistas.

La solución que propone Pablo Iglesias a los recortes de libertad en los medios es supeditarlos al control público

Sin embargo, estando de acuerdo en el reconocimiento de la enfermedad, difiero completamente con Iglesias en el remedio. Lo que propone el líder de Podemos es establecer un control público sobre los medios. Es decir, solucionar el dolor de muelas arrancando la cabeza.

No se puede levantar la bandera de la falta de libertad y proponer, al mismo tiempo, la privación absoluta de la misma que supondría la supeditación de los medios al poder público. Es decir, al control del gobierno.

Respecto a la resurrección del debate republicano tengo la sensación de que estamos ante una posición impostada. No creo que la postura de Iglesias responda a una genuina reivindicación del régimen republicano que, por muy equivocada que me parezca, es tan legítima como la defensa de un régimen monárquico constitucional.

Iglesias, hasta no hace mucho, ha sido un político pragmático respecto a la Monarquía. Ha defendido, entre otras cosas, que reabrir esa discusión sólo beneficiaría a los monárquicos, que, de esa forma, arrinconarían a Podemos en el callejón de las minorías sociales.

Sea por razones prácticas o bien por el precio que ha tenido que pagar por la rendición de Izquierda Unida, ahora toma distancia respecto al Rey. De aquel Iglesias que daba codazos por saludar a Felipe VI para entregarle un ejemplar de Juego de Tronos (como si fuera un representante de HBO), hemos pasado al dirigente que pretende convertir en símbolos de republicanismo sus desplantes al monarca.

La controversia Monarquía/República no forma parte de las preocupaciones de los españoles. En primer lugar, porque nadie piensa que viviría mejor si en vez de un rey tuviéramos un presidente. Y, en segundo lugar, porque la mayoría de los ciudadanos valora positivamente la labor de Felipe VI, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias en situaciones muy complicadas, cosa que muchos políticos no pueden decir.

Lo que sí ha cambiado respecto a los años 70 es que mientras Juan Carlos fue legitimado tras la coronación por la Constitución (no por la ley de la Reforma Política), su hijo, Felipe, ha sido, desde el primer día, un rey constitucional.