El independentismo en Cataluña -al contrario que en Canadá-  sigue siendo cool. Aunque la temperatura ya no es la misma que hace unos meses -como demuestra la última encuesta del CEO-, todavía hay casi un 50% de la población a favor de la secesión y, de ese porcentaje, la mayoría está compuesta por menores de 30 años.

Como reconocen fuentes de Moncloa, Cataluña ocupará en esta legislatura el primer puesto en la agenda de prioridades, incluso por delante de la economía. A la dificultad intrínseca de abordar un conflicto con raíces históricas y sentimentales, se une el hecho de que la Generalitat ha puesto fecha a su reto frontal con el Estado: septiembre de 2017. Por tanto, Mariano Rajoy no va a poder recurrir a su tradicional modo de enfrentarse a las dificultades, que consiste, como dice un dirigente del PP, en «el enfriamiento por el aplazamiento».

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, será la encargada de resolver una situación que lleva enconándose desde que el Tribunal Constitucional acordara, en junio de 2010, declarar fuera de la ley los artículos más abiertamente soberanistas del Estatuto de Autonomía, aprobado cuatro años antes.

Aunque no hay consenso sobre las causas, el hecho es que, a partir de entonces, el independentismo fue en aumento, mientras que los dos grandes partidos constitucionalistas, el PSOE y el PP, comenzaron a perder el respaldo de los ciudadanos. El torbellino también se llevó por delante a CiU, partido nacionalista de la burguesía catalana fundado por Jordi Pujol al comienzo de la Transición.

Desde la llegada del PP al poder, en diciembre de 2011, el enfrentamiento se agudizó. El Gobierno de Rajoy enfocó la cuestión catalana desde una perspectiva estrictamente jurídica y el Tribunal Constitucional se convirtió, muy a su pesar, en el ariete gubernamental frente al secesionismo.

Una parte del Gobierno y la cúpula judicial coinciden en que la solución no puede ser estrictamente jurídica

Ahora, la perspectiva ha cambiado. Destacados miembros del Constitucional y del Tribunal Supremo mantienen una posición contraria a que la ley continúe siendo la única herramienta para lidiar con una confrontación que es, afirman, «esencialmente política».

El propio ministro de Justicia y hombre de confianza del presidente, Rafael Catalá, es también partidario de explorar las vías políticas, aunque sin orillar el cumplimiento estricto de la ley.

Estamos hablando, a diferencia de otras épocas, de la posición que defiende la cúpula judicial y que no tiene que ver con su adscripción a un bloque ideológico. Para abordar la nueva etapa en relación a Cataluña, en opinión de las fuentes consultadas, debería plantear una negociación con la Generalitat como única forma para desactivar el enfrentamiento que plantean los sectores más radicales del independentismo. Se trataría con ello de rebajar el apoyo al independentismo a niveles manejables (entre un 20% y un 30%), como sucede en el País Vasco.

El paquete para negociar con Carles Puigdemont -presidente de la Generalitat- tendrá que incluir, por supuesto, una reforma del sistema de financiación que otorgue a Cataluña no sólo mayores ingresos, sino más capacidad para gestionar su propia hacienda. También se contempla en fuentes del Gobierno la posibilidad de aumentar la inversión estatal en infraestructuras.

Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en señalar que la vía para evitar el choque de trenes previsto para el próximo otoño no puede ser exclusivamente económica, aunque la mejora de la financiación será un factor determinante.

La votación en referéndum de una reforma del Estatuto equivaldría al «derecho a decidir»

¿Qué más puede poner sobre la mesa Sáenz de Santamaría? Aquí entramos en la zona pantanosa de la negociación. Algunos miembros de la magistratura creen que la desactivación del conflicto podría venir de la mano de la reforma del actual Estatuto, que debería tener encaje en una reforma constitucional, una de las asignaturas pendientes de esta legislatura. El derecho a decidir quedaría así satisfecho con el referéndum sobre ese nuevo Estatuto, que no cuestionaría la unidad de España, pero en el que se podría reconocer a Cataluña como una nación, «aunque fuera desde el punto de vista cultural», añade un miembro del Gobierno.

Estamos hablando de cambios en el ordenamiento jurídico que requieren de un amplio consenso. Ninguna de esas ideas, que se discuten tanto en la cúpula judicial como en el círculo del Gobierno implicado en la cuestión catalana, se puede llevar a cabo sin la colaboración y el respaldo de un Partido Socialista que ahora atraviesa por su momento más difícil.

El Gobierno necesita que el PSOE recobre su pulso y resuelva de una vez el dilema de su liderazgo. Una oferta negociadora para Cataluña avalada por PP, Ciudadanos y Partido Socialista tendría un elevado porcentaje de éxito, pero sin la complicidad de los socialistas estaría destinada al fracaso.

Al otro lado, es evidente que ni la CUP ni los sectores más radicales de ERC aceptarán ninguna oferta que no suponga la independencia y la creación de una república catalana. Pero esa opción es vista cada vez por más gente en Cataluña como una quimera. También para el nacionalismo catalán se presenta, con este cambio de actitud del Gobierno, la oportunidad de lograr un acuerdo ventajoso que cierre un ciclo de siete años marcado por el distanciamiento y la frustración.