Desde hace años, Cristóbal Montoro ha actuado como un verdadero socialdemócrata de derechas. Ha hecho zapping con los impuestos, subiéndolos y bajándolos, después de haber prometido una cosa y la contraria, unas veces en función de sus objetivos electorales, otras de las restricciones impuestas por nuestra pertenencia a la eurozona, un club en el que somos el miembro más endeudado frente al exterior.

Su activismo le ha llevado a tener un discurso de política fiscal procíclica, justo lo contrario de la recomendación macroeconómica estabilizadora. “Bajaremos los impuestos cuando el crecimiento económico lo permita”, solía decir, dando patadas a los manuales keynesianos.

Montoro ha hecho ‘zapping’ con los impuestos, subiéndolos y bajándolos, tras prometer una cosa y la contraria

Hay muchos economistas que opinan que no debe haber política fiscal discrecional anticíclica y que simplemente hay que dejar actuar a los estabilizadores automáticos. Pero, si creemos en una política fiscal anticíclica, los impuestos hay que bajarlos cuando la economía va mal y, si acaso, subirlos (o no tocarlos) cuando va bien, para no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria a largo plazo.

Pero el ministro Montoro ha actuado dos veces de forma procíclica en la anterior legislatura, como también lo hizo en la primera del siglo XXI, en la que bajó los impuestos en dos ocasiones, justo antes de las elecciones generales. Una en 1999 y la otra en 2003 en plena burbuja inmobiliaria y orgía crediticia, cuando lo suyo hubiera sido acumular un superávit y contribuir a frenar ambos excesos.

Desde este punto de vista, hay que reconocer que, esta vez, Montoro ha actuado de forma coherente. Anticíclica. Y no baja los impuestos cuando la economía está creciendo más de un 3% por dos años consecutivos (y probablemente tres), sino que los sube.

Si tuviera un poco de espíritu autocrítico, el ministro debería decir: “Me equivoqué en 1999 y 2003 bajándolos, en 2012 subiéndolos y en 2015 bajándolos, pero esta vez no me voy a equivocar. España es el país con más déficit público de Europa y no nos queda más remedio que subir ahora los impuestos, por responsabilidad y por la herencia recibida… de mí mismo”.

Una reforma de las administraciones públicas reduciría el gasto sin merma de los servicios públicos

Dudo de que haga este ejercicio de autocrítica. Porque, probablemente, en realidad no está tomando esta decisión por convicción, sino por obligación. Este año 2016, en otro gesto de generosidad de nuestros acreedores, vamos a poder tener un déficit del 4,6% del PIB, el más alto de la Unión Europea en términos estructurales. Pero para el año 2017 tenemos que bajar al 3,1% del PIB.

Esta diferencia de 15.000 millones será parcialmente cubierta por el ciclo, en torno a los 8.000 millones. Pero el resto tendrá que hacerse de forma estructural. Es decir, recortando gastos o subiendo impuestos. Desgraciadamente, nadie ha planteado aún una reforma de las administraciones públicas, que consiga reducir el gasto sin merma de los servicios públicos.

Y una reforma así no se improvisa en un par de meses. Tampoco podemos recortar más en I+D, ni en Educación ni en Sanidad. Además, es cierto que nuestra presión fiscal está muy por debajo de la de nuestros socios europeos, aunque más en algunos impuestos que en otros.

Por ello, además de la conveniencia de la subida, que esta vez comparto por motivos cíclicos, también suscribo el anuncio del ministro Montoro de que la subida de impuestos se centre en los impuestos especiales. Los impuestos especiales, además de recaudar, cumplen una función importante, que es la de corregir las llamadas externalidades negativas de determinados consumos.

El Gobierno solamente se ha referido a los impuestos especiales sobre el alcohol puro (excluyendo el vino y la cerveza) y a los impuestos sobre el tabaco y un nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas, que hasta ahora no existía. El consumo del alcohol puro apenas supone 88 millones de litros (frente a los 3.500 millones de litros de cerveza consumidos al año). Por ello, el impuesto especial sobre este tipo de alcohol apenas recauda unos 780 millones de euros.

España es el país con más déficit público de Europa, y no nos queda más remedio que subir impuestos

Una subida del 10% de este impuesto supondría recaudar unos 90 millones adicionales, (incluyendo el IVA) y ello sin tener en cuenta la elasticidad de la demanda. Con el impuesto sobre el tabaco, pese a la tendencia decreciente en su consumo (desde 2011 ha caído un 25%) su recaudación es bastante superior, unos 6.500 millones de euros. De nuevo, una subida del 10%, bajo la hipótesis de que la elasticidad es nula y dada la tendencia a la reducción del consumo (2% anual), supondría recaudar como máximo unos 780 millones de euros, incluyendo el IVA.

El impuesto sobre bebidas azucaradas es de nueva creación y, a juzgar por la experiencia de otros países, no deberíamos esperar unos ingresos tributarios superiores a los 100 millones de euros. Por tanto, estaríamos hablando en total de un aumento de recaudación máxima de unos 970 millones de euros, muy lejos de los 7.000 millones que se necesitan para cumplir el objetivo.

Es difícil que el resto se consiga solamente eliminando deducciones del Impuesto de Sociedades cuya recaudación fiscal ascendió en 2015 a 20.000 millones de euros. Los anticipos a cuenta han sido un cartucho utilizado en 2016, pero ya no ayudarán a mejorar el déficit del futuro. La cuestión es: ¿Por qué no se ha querido abordar, ya puestos, una subida de los impuestos sobre hidrocarburos?

Más allá de las presiones de las empresas petroleras y de las resistencias del sector del transporte, siempre subsanables, el problema es que el Gobierno se ha visto prisionero de su propio discurso demagógico contra los impuestos indirectos y, en particular, contra los impuestos especiales.

El Gobierno es prisionero de su propio discurso demagógico contra los impuestos indirectos y especiales

El argumento es, básicamente, que se trata de impuestos injustos porque por un litro de gasolina paga lo mismo una persona rica (en el discurso demagógico siempre se ponía de ejemplo al desaparecido Botín) que una persona pobre.

El argumento ignora muchas cosas. La primera, que esto es verdad para los precios de todos los bienes, como no puede ser de otra forma, pues sería disparatado tener diferentes precios en función de la renta. ¿Se imaginan a la señora rica de Puerta de Hierro enviando a la empleada del hogar a hacer la compra y beneficiarse de unos precios ventajosos por su bajo nivel de renta?

La segunda es que no está tan claro que el consumo de gasolinas no crezca con la renta, pues hay un porcentaje significativo de la población que, o bien no tiene coche, o tiene que utilizar el transporte público por motivos económicos.

La tercera, y más importante, es que el consumo de gasolinas genera una triple externalidad negativa:

1.- Las emisiones de CO2 y de partículas contaminantes, que hacen irrespirable el aire de las grandes ciudades, que es donde se concentra el 80% de su consumo.

2.- La congestión de tráfico, que perjudica la productividad y la calidad de vida en los núcleos urbanos.

Y 3.- La dependencia energética, al tratarse de un bien importado que introduce riesgos sobre la seguridad de suministro y un deterioro de la balanza de pagos y de nuestra abultada deuda externa.

Resulta significativo que buena parte de la opinión pública entiende la externalidad negativa del consumo de alcohol y tabaco sobre la salud pública, y la del alcohol sobre la seguridad vial y, por ello, acepta de buen grado la imposición especial sobre estos consumos. Pero se resiste a la imposición sobre los hidrocarburos, probablemente porque el poder mediático de las empresas petroleras dificulta esta toma de conciencia de buena parte de la población.

Si los impuestos sobre los hidrocarburos son injustos, debemos ser el país fiscalmente más justo de la Unión Europea, pues ocupamos el puesto 28 de 28 en el ránking de recaudación por impuestos sobre gasolinas. Que nos gane Dinamarca, Suecia o Finlandia, puede ser lógico. Pero que estemos por detrás de Rumania, Bulgaria, Grecia o Portugal es para hacérselo mirar.

La demagogia contra los injustos impuestos sobre hidrocarburos es una muestra más del pobre debate económico que impera en nuestro país. No todos los impuestos deben ser progresivos, pues la redistribución no debe ser el único objetivo de los impuestos. Y quizás no sea ni siquiera el más importante, dada la dificultad de redistribuir la renta vía impuestos en lugar de vía gasto. Además, está la cuestión de la eficiencia. Es decir, que el sistema impositivo no distorsione el crecimiento a largo plazo.

Ya hemos comentado las ganancias de eficiencia de los impuestos especiales que corrigen externalidades negativas. Pero también debería abrirse el debate de la eficiencia de los impuestos sobre el consumo versus los impuestos sobre el ahorro.

Sorprendentemente, el tipo sobre el consumo de España es el más bajo de Europa-15. Además, el tipo implícito sobre el consumo de los países del Sur es sistemáticamente menor que el de los países del Norte. Deberíamos preguntarnos si esto guarda alguna relación con nuestro crecimiento a largo plazo y con nuestro modelo productivo. Y plantearnos una reforma en profundidad de nuestro sistema fiscal con un horizonte de largo plazo, en lugar de continuar con el hábito del zapping fiscal en función de intereses electorales.


Miguel Sebastián es ex ministro de Industria, Turismo y Comercio, y profesor de Macroeconomía en la Universidad Complutense de Madrid.