La única manera de que la Constitución perdure muchos años más es reformarla para adaptarla a las nuevas realidades y generar en torno a ella un consenso similar al que se logró en 1978. Si no se hace así, acabará siendo proscrita como lo fueron las Constituciones españolas aprobadas a lo largo  de nuestra Historia. Y partiendo de que ésa es una afirmación realista, ahora hay que abordar y acordar cuál es el momento histórico y político más adecuado para abrir nuestra Constitución, por dónde se abre y hasta dónde se le mete el bisturí.

Porque no es lo mismo modificar el artículo 57 que le da prevalencia al varón sobre la mujer en la sucesión al trono que, ya que estamos, entrar a discutir el artículo 1.3 que dice que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Es decir, ya que hemos abierto la Constitución, vamos a darle la vuelta como a un calcetín y vamos a hacer realidad, pero a lo bestia, aquella frase de los años 80 de Alfonso Guerra, según la cual «a España no la va a conocer ni la madre que la parió».

Lo que expresa este comentario es miedo. Pero no miedo a los cambios , necesarios y deseables, de nuestra Carta Magna, sino miedo a las consecuencias que puede tener la suma de posiciones tan contrarias, tan opuestas y que incluyen el deseo públicamente formulado de derribar el fundamento jurídico de nuestro Estado actual, precisamente el que legitima el tan denostado por algunos régimen del 78.

En esas condiciones abrir el debate es arriesgarse mucho a que las discusiones desborden los cauces de las polémicas útiles y con finalidad constructiva y acaben chapoteando en el terreno de lo destructivo. Pero es evidente que el clima está creado, que son muchas y muy autorizadas las voces que sugieren determinadas modificaciones y que las necesidades políticas de unos y otros partidos van a hacer realidad esa Subcomisión para el estudio de las modificaciones constitucionales.

Se puede abordar una reforma con el voto en contra de casi un tercio de los diputados del Congreso?

Así que hay que empezar a hacer la primera pregunta: ¿Va a considerarse un grado suficiente de consenso la suma del acuerdo de los 137 diputados del PP, los 85 del PSOE y los 37 de Ciudadanos para reformar un determinado artículo de la Constitución? Porque esa suma da 254 -255 si añadimos el voto de Coalición Canaria-,  lo cual deja 95 votos contrarios, es decir, casi un tercio de la Cámara. ¿Se puede abordar una reforma constitucional con el voto en contra de casi un tercio de los diputados presentes en el Congreso?

En lo que se refiere al Senado, su actual composición permite desechar ese escenario porque los tres quintos de ambas Cámaras requeridos por la Constitución para la aprobación de cualquier proyecto de reforma constitucional que no esté  incluido en el Título Preliminar, en parte del Título I  y en el Título II, quedan asegurados en la actualidad. Pero esta posibilidad, la de contar con la oposición de casi un tercio del Congreso, es inexorable que se traducirá en hechos en la mayor parte de las reformas que pudieran acordar los partidos. Y no parece que ésa vaya a ser la mejor tarjeta de presentación para reformar la primera Constitución de nuestra Historia que nació con el consenso de todos y que nos ha amparado a todos desde hace 38 años.

El dictamen que hizo el Consejo de Estado es una excelente guía para iniciar un camino de aproximaciones entre los partidos

Dicho esto, el dictamen que hizo en su día el Consejo de Estado -encargado por cierto, por el entonces presidente  Zapatero, que lo guardó en un cajón y nunca más se supo de él- es una excelente guía para iniciar un camino de aproximaciones entre los partidos constitucionalistas. Porque lo que ese informe sugería es que se enumeraran en el texto constitucional las comunidades autónomas que cuando la Constitución fue aprobada aún no se habían constituido, aunque sí unos «entes preautonómicos» de perfiles jurídicos evanescentes que estaban ya aquí cuando la Carta Magna fue refrendada en diciembre de hace casi 40 años.

Dice también el informe que sería conveniente dejar claramente establecidas las competencias propias y exclusivas del Estado, algunas de las cuales, por cierto, han sido cedidas a algunas comunidades autónomas en un viaje que no tiene billete de vuelta. Lo cedido no se recuperará porque, aunque la Constitución atribuye unas determinadas facultades de titularidad estatal que pueden ser transferidas, en la España de hoy se consideraría una inadmisible agresión a la democracia y a la libertad que el Estado intentara recuperar esas facultades que le son propias. Esto ya no tiene marcha atrás, conviene que lo asumamos.

No sería extraño que tras Cataluña y el País Vasco se apresurara más de una comunidad a proclamarse nación

Entremos ahora en el asunto principal que el PSOE considera poco menos que la varita mágica que resolverá el más grave problema que tiene planteado hoy España, que es Cataluña, y la decisión de los independentistas de romper la nación española, que lleva viviendo 500 años unida. El Partido Socialista cree sinceramente que la reforma del Título VIII de la Constitución para que el Estado de las Autonomías se transforme definitivamente en un Estado federal clásico va a atraer a buena parte de los independentistas al camino de la colaboración y la lealtad.

Pero, como es sabido, todo Estado federal es igualitario, tiene una Constitución que garantiza la libertad y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y cada una de los estados federados tiene su propia Constitución, lo que aquí serían los estatutos de autonomía. Y aquí empezamos a encontrarnos con el primer y grave escollo: algunas comunidades españolas, Cataluña desde luego, se consideran a sí mismas como nación. Como nación diferente, culturalmente y con identidad propia y diferenciada, que rechaza por eso el principio de igualdad.

Y no sólo eso:  es que toda nación que se tenga como tal reclama el derecho a la autodeterminación, es decir, considera que tiene un derecho específico a constituirse en Estado independiente. Este es el caso de Cataluña y quizá sea en el futuro el caso del País Vasco. Y, apurando, apurando, no sería extraño que detrás de estas dos «naciones» se apresuraran más de una y más de dos de las demás comunidades autónomas a proclamarse «naciones» por razones históricas y de identidad difícilmente discutibles, con el consiguiente estrambote de querer erigirse en Estados independientes.

Y la pregunta vuelve a ser obligada:  ¿Una reforma que convirtiera definitivamente en Estado federal a esta España de las autonomías, que ya lo es en muy buena parte, resolvería las reclamaciones de los independentistas, que lo que quieren es un Estado propio?  Dejando a un lado el hecho de de que esa pretensión suya nunca va a ser alcanzada porque nunca obtendrán el reconocimiento de Estado independiente por parte de Naciones Unidas y, en consecuencia, tampoco por parte de la UE, ¿en qué beneficia al futuro de España abrir la Constitución de esa manera profunda si el problema que se pretende resolver con ello se va a mantener vivo y beligerante de todos modos? Porque nadie discute a estas alturas que el federalismo y el nacionalismo son políticamente incompatibles y por eso precisamente esa fórmula federalizante no asegura ningún avance y sí, en cambio, mucho esfuerzo inútil y una gran frustración.

Mi impresión es, por eso, que los márgenes para la reforma constitucional son en estos momentos muy estrechos y que la composición del Congreso de los Diputados en esta legislatura los ha estrechado aún más hasta convertir el camino en directamente angosto y, además, peligroso.