La estabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid está en el aire y Cristina Cifuentes está metida en un pozo de arenas movedizas del que ahora mismo no se sabe si podrá salir. Y no por su capacidad de aguante y reacción, que está ya suficientemente demostrada, sino por la clase de compañías que otras manos colocaron a su alrededor cuando ella aceptó presentarse a las elecciones autonómicas de 2015. El problema añadido es que lo que suceda al Gobierno de Cifuentes a lo largo del próximo año afectará muy directamente al Partido Popular y, por supuesto, tendrá consecuencias políticas en el discurrir de ese recorrido en la cuerda floja que de momento ha iniciado con bien Mariano Rajoy pero cuyos próximos tramos no están garantizados de la misma manera. Y lo que le faltaba al Gobierno de España, ocupado por el PP, es que a uno de sus dos asideros políticos más importantes de cara a la opinión pública -Galicia y Madrid- le falle el suelo y se acabe por venir abajo.

Porque eso es lo que le puede pasar a Cristina Cifuentes, que gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos, apoyo que le será retirado en cuanto no cumpla con una de las condiciones asumidas: expulsar de su cargo y del grupo parlamentario a todo aquel que sea investigado por los tribunales. Y resulta que la señora Cifuentes ha estado rodeada de gentes a las que ha tenido que cesar de sus cargos por estar relacionados con escándalos de corrupción que aún se están juzgando en los tribunales. Y lo que te rondaré morena, porque ese desfile de ceses no ha terminado aún. Sobre la cabeza de Cifuentes, que cumple gustosa con el compromiso de expulsar de su lado a todo presunto corrupto, lo que no deja de crearle constantes problemas políticos y de organización y gestión, sobre su cabeza, digo, sigue planeando una nube negra de nuevos posibles casos de imputación judicial y consiguiente e inmediata expulsión.

Porque Cifuentes se presentó a las elecciones sin haber prácticamente puesto un dedo sobre la lista de candidatos que la acompañaba. Y de esa lista es de la que están saliendo los gusanos que pudren un día sí y otro también su gestión y complican extraordinariamente la acción de su gobierno. Un gobierno, hay que insistir, en minoría y cuya continuidad depende de la conformidad de sus socios de Ciudadanos. En definitiva que, con las excepciones a que hubiera lugar, la presidenta de la Comunidad de Madrid se lanzó al agua dentro de un saco de gatos que además no eran suyos y ahora trata de mantenerse en la superficie pero es consciente de que está en un lago de arenas movedizas.

El último episodio que la hunde un poco más aunque todavía sin ahogarla del todo es el de la diputada con depresión porque dice que su jefe la sometía a «acoso laboral». Dejando un lado las consideraciones sobre ese episodio, el hecho es que una persona que está de baja no puede incorporarse a su puesto de trabajo en ninguna circunstancia, so pena de perder la baja. Pero resulta que ese escaño es el que da al acuerdo PP-Ciudadanos la mayoría absoluta que permite aprobar decisiones de Gobierno. Sin ese voto quien tiene la mayoría es la oposición, es decir, PSOE y Podemos. Y ahí está Cifuentes rogando para que a la diputada se le pase la depresión y acuda a votar porque, de otro modo, se dice en algunos círculos que no descarta romper definitivamente la baraja y convocar elecciones. ¡Otra vez elecciones! Con el agravante tremendo de que, aunque se convocaran ahora comicios anticipados, la de Madrid pertenece al grupo de Comunidades que tienen que celebrar sus elecciones conjuntamente con el resto de autonómicas y municipales cada cuatro años y que tocan en mayo de 2019. De modo que los madrileños tendrían que acudir a las urnas, contando con todas las convocatorias desde mayo de 2015 a mayo de 2019, nada menos que cinco veces. Por esa razón, entre otras, Cifuentes dice descartar esa hipótesis que sólo se haría realidad si después de las nuevas expulsiones que se anuncian tras el horizonte judicial se produjera algo así como una rebelión de su grupo parlamentario, en cuyo caso ya no habría nada que hacer.

Es muy dudoso que a los ciudadanos madrileños se les pueda volver a pedir un esfuerzo semejante que, naturalmente, los electores sumarían a las dos convocatorias a las que han sido llamados en un año para elegir al Gobierno de España. Y dudo mucho que el PP de Madrid no acabara pagando la cólera ciudadana ante tanto grado de frivolidad y abuso al que la clase política está sometiendo al personal. Por eso pienso que una nueva convocatoria a las urnas en Madrid se saldaría con un castigo generalizado a todas las fuerzas por más que volviera a dar la victoria al PP, cosa poco dudosa habida cuenta del resultado de la gestión de Podemos en el Ayuntamiento de la capital. Pero ese castigo caería también, sin ningún género de dudas, sobre la cabeza de Ciudadanos que podría perder parte de sus 17 diputados y dejar de ser un socio útil tanto para el PP como para el PSOE. Porque las cosas no están ahora mismo fáciles para el partido naranja en la política nacional y ya se sabe que Madrid nunca ha respirado políticamente en términos autonómicos sino en términos nacionales. Y si el PSOE tuviera la posibilidad de acceder al gobierno de Madrid apoyado en un acuerdo con otra de las fuerzas políticas, es seguro que no iba a renunciar a ese caramelo. Tan seguro como que un escenario como ése tendría una traducción inmediata en la acción parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

El caso es que Cifuentes está rodeada de amenazas internas ya cumplidas y de amenazas internas aún por cumplir y alguna salida tendrá que buscarle a la trampa en la que está metida. Pero está dispuesta a resistir, entre otras cosas, porque sabe que lo que pudiera suceder en Madrid influiría inexorablemente, y para mal, en la difícil e inestable andadura del Gobierno de Rajoy que no cuenta más que con dos puntales para mantener una cierta imagen de fortaleza política a los ojos de los españoles. Pero si le fallara Madrid, perdería el equilibrio.