Mientras la vicepresidenta del Gobierno empieza una operación encanto o, lo que es lo mismo, una operación diálogo que se produce dramáticamente tarde, los dirigentes independentistas no se entretienen en disimular con declaraciones de buena voluntad dialogante sino que, convenientemente presionados por la CUP, presentan en el Parlamento unas cuentas para el año que viene que incluyen no sólo un puñado de millones para la celebración del  referéndum de autodeterminación, sino la dotación completa para la creación de una agencia tributaria catalana. Noventa y tres millones de euros y la previsión de incluir a más de 900 empleados públicos.

Es decir, que estos señores no dejan de avanzar y van derechos y decididos a estrellarse. Pero lo dramático, ya lo he dicho otras veces, es que van a estrellarse contra nosotros y que de ese choque no van a derivarse más que desgracias cuando no, y ojalá que no, violencias.

Es evidente que los dirigentes independentistas están buscando una confrontación con el Estado con la disimulada esperanza de que al Gobierno se le vaya la mano en la respuesta. Lo que dijo el otro día Francesc Homs -«¿es que van a mandarnos los tanques?»-, que es exactamente lo que hace ya muchos años dijo Xabier Arzalluz cuando amenazaba, él también, con la independencia del oprimido pueblo vasco- es lo que sueñan en su delirio muchos independentistas catalanes para poder entronizarse ante el mundo como las grandes víctimas de un Estado totalitario. Naturalmente, en este momento histórico están fuera de lugar esas apelaciones bélicas, pero la pregunta de Homs es pertinente y no sólo en lo relativo al referéndum sino a las demás medidas que, mientras el Estado español ha estado culpablemente ausente de Cataluña durante décadas, han ido imponiéndose en esa comunidad autónoma con total impunidad.

Por mucho que consiga la vicepresidenta, ya es demasiado tarde para los paños calientes

¿Qué va a hacer el Gobierno? La respuesta que ofrece Soraya Sáenz de Santamaría es del todo insuficiente, incluso algo ridícula: va a hablar con dirigentes políticos y con representantes de organizaciones ciudadanas. Se supone que para ablandar por abajo esa masa crítica favorable a la secesión que ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años.

Supongamos que lo consiga, lo cual es mucho suponer porque la clase media y la burguesía catalanas a quien votan ahora mismo es a ERC, no al PSOE, no a Ciudadanos, no al PP. Pero aceptemos, por no poner palos en las ruedas, que la vicepresidenta logra llevarse al huerto a un puñado de empresarios y a unos cuantos miles de ciudadanos. ¿Y qué? ¿Qué  vale eso contra el Diario Oficial de la Generalitat, el equivalente al BOE en versión autonómica, donde se aprueban los Presupuestos y donde se adoptan desde hace muchos años todas las decisiones para dejar definitivamente fuera del paisaje a todo lo que represente institucional, política y culturalmente a España?

Con esa política gubernamental ya no hacemos, desgraciadamente, nada. Por mucha voluntad que ponga S.S.S. es demasiado tarde para los paños calientes. Es verdad que siempre queda el recurso a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Bien, supongamos que el Gobierno decide privar a la Generalitat de determinadas competencias que le reconoce el Estatut. ¿Y después? ¿Qué hace después? ¿Cuándo se darían las condiciones propicias para devolver esas competencias a la Generalitat?

Hay que suponer que esa devolución se haría una vez que la presión independentista hubiera bajado de grado. Pero habría que ser muy ingenuo para pensar que esa medida del 155 no iba a alentar y envenenar aún más los ánimos contra el Gobierno y contra España en general. En esas condiciones se produciría con seguridad un clima de resistencia política pasiva y activa crecientemente intenso. Por lo tanto, la tal devolución se dilataría en el tiempo hasta el punto que la situación llegaría a parecerse a un estado excepcional de provisionalidad permanente. Algo rotundamente indeseable y que nos llevaría al punto en el que nos encontramos hoy, si no más lejos.

No hay alternativa más allá de intentar darle otra patada al balón, una más, para que la crisis se aplace unos cuantos años

No hay alternativa más allá de intentar darle otra patada al balón, una más, para que la crisis se aplace de nuevo unos cuantos años. En esa dirección se orienta la disposición de la vicepresidenta de negociar con la Generalitat todo lo que se pueda resolver con dinero, léase las Cercanías, el corredor del Mediterráneo y muchas otras de las 45 medidas -46 menos una- que Puigdemont ha planteado a Rajoy. Es decir, lo de siempre.

Pero hay una variable que el Gobierno seguramente contempla con la esperanza del náufrago al que se le tienden un salvavidas: la posibilidad de que Junqueras lleve las cosas hasta el punto en que Puigdemont se vea forzado a romper con la tiránica CUP  y convocar elecciones, lo cual sería el acta de defunción de la antigua CiU, por lo cual hay que dar por hecho que éste se va a resistir.

Esta hipótesis de las elecciones, que se convocarían de nuevo con intención plebiscitaria, conviene mucho a Junqueras que, según todos los sondeos, se alzaría con la victoria y pasaría a ser el Pujol contemporáneo pero con la inmensa ventaja de estar limpio de corrupción. Desde su nueva posición de vencedor absoluto, Junqueras reanudaría la presión sobre el Gobierno, eso por descontado, pero previsiblemente desde posiciones menos cerriles que las que ahora conocemos. Ésta es la única, pobre y triste esperanza que nos va a quedar. Todo lo demás es humo.