La operación limpieza con la que parece estar comprometido el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dio ayer su primer fruto con la destitución de Enrique García Castaño como comisario jefe de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo). Fue directamente el Director Adjunto Operativo (DAO), número dos de la Policía, Florentino Villabona, quien le comunicó al agente la noticia, que ponía fin a su carrera tras más de 40 años de servicios al Cuerpo.

Como ya ha informado El Independiente, García Castaño -a quienes sus colegas le conocen familiarmente como El Gordo- fue quien se encargó de facilitar el sistema de grabación para la conversación entre el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

En el Ministerio del Interior se interpreta la decisión como una «medida ejemplarizante, un aviso a navegantes». Es decir, como la primera señal del fin de una época.

García Castaño, sin duda, prestó grandes servicios al Estado y muy especialmente en la lucha contra ETA, pero creyó, como alguno de sus jefes, que sus medallas le daban carta blanca para bordear los límites de la ley.

En la guerra interna policial entre dos machos alfa, Eugenio Pino y Martín-Blas, parece que todo vale. En la trifulca pueden salir dañados no sólo algunos políticos, sino sumarios tan importantes como el del caso Pujol

La defenestración del histórico comisario coincide en el tiempo con la entrevista publicada por El Mundo al anterior DAO, Eugenio Pino. La estética de su comparecencia en el citado diario recuerda un poco a la sonada confesión de José Amedo. La imagen que transmite es la de un probo funcionario que lucha denodadamente contra el delito pero que, mala suerte, a veces choca contra unos «jueces muy garantistas». El Estado de Derecho es lo que tiene.

En su estrategia de autodefensa, a Pino no le ha importado dejar en mal lugar al ex ministro (que dijo que la grabación se había hecho sin su conocimiento ni autorización), o al ministro actual (que dijo en Onda Cero que daba crédito a su antecesor). No le importa revelar, incluso, que algunas pruebas aportadas al sumario del caso Pujol son de dudosa legalidad. Dice que «tal vez ha faltado un acta de entrega» de un pendrive aportado por una agencia de detectives (Método 3) que, finalmente, se aportó al juzgado. Y se queda tan pancho. Claro que el objetivo de su afirmación es señalar con el dedo a su enemigo: Marcelino Martín-Blas, ex comisario jefe de Asuntos Internos de la Policía.

Lo que estamos presenciando ahora no es más que la consecuencia lógica de una forma de entender la Policía. Y no sólo es responsabilidad de este Gobierno, sino que esa mala praxis se ha venido produciendo desde los primeros años de la Transición.

Algunos comisarios no han tenido inconveniente en ponerse al servicio del Gobierno de turno para, a cambio, lograr subir en el escalafón y convertirse en poderes fácticos dentro del Cuerpo. Seguramente, algunos de ellos atesoran una elevada cualificación profesional, trienios y notables acciones contra el crimen en su prolongada hoja de servicios. Pero, como le ha sucedido a García Castaño, han considerado que eso les daba cierta impunidad y, a la vez, les blindaba frente a posibles ataques políticos.

Es verdad que los dos principales machos alfa en esta lucha sin cuartel (Pino y Martín-Blas) están ya fuera de la Policía; que el comisario Villarejo está ya jubilado y que García Castaño ha perdido el poder que le daba la jefatura de la UCAO. Pero la operación limpieza serviría de poco si no se depuran todas las responsabilidades y, sobre todo, si no se aprende la lección. Al frente de los puestos clave deben estar buenos profesionales, sin perfil político y que, al mismo tiempo, sepan cuáles son los límites de actuación en un Estado de Derecho.

Cuando los fines sirven para justificar todo tipo de medios, la Policía -que, mayoritariamente, está compuesta por funcionarios honestos y bien adiestrados- corre el peligro de parecerse a un grupo mafioso.