Los cuatro correos enviados por el entonces director del equipo de seguimiento de inspectores de Bankia, José Antonio Casaus, a su jefe de grupo, Pedro Comín, se han convertido en la pistola humeante que ha servido a la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para afirmar que «la jefatura del Banco de España, con carácter previo a la salida a Bolsa de BFA-Bankia, tuvo noticias directas y fehacientes de la inviabilidad del grupo». Esa conclusión ha llevado a la Sala a citar como investigados (antes imputados) al ex gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), a seis miembros de su cúpula directiva del banco y al ex presidente de la CNMV, Julio Segura.

El auto provocó la dimisión inmediata de Comín, Mariano Herrera y Pedro González de sus puestos en el Banco de España. El martes se conoció la decisión de Javier Aríztegui de renunciar temporalmente a su cargo en el Mecanismo Único de Supervisión del BCE mientras persista su imputación. Aríztegui, que fue subgobernador del Banco de España entre abril de 2009 y junio de 2012.

El PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo para que una comisión de investigación parlamentaria analice no sólo el caso Bankia, sino la crisis financiera desde sus orígenes. Por su parte, el Banco de España ha decidido elaborar un informe o libro blanco sobre el mismo asunto, trabajo que pilotará el consejero de la entidad Fernando Eguidazu.

El propio gobernador del Banco de España, Luis Linde, reconoció en un artículo publicado en El País que en la gestión de la crisis se pueden haber «cometido errores», aunque no «actuaciones susceptibles de reproche penal».

Hay, por tanto, dos planos a distinguir a la hora de analizar el caso Bankia y la crisis bancaria:

1º Los fallos que dieron lugar a la generación de un gigantesco agujero bancario que tuvo que ser cubierto con fondos públicos. En concreto, el sector financiero -fundamentalmente las cajas- ha recibido ayudas por más de 62.000 millones de euros, de los que más de 40.000 millones se corresponden con ayudas públicas, según datos del Tribunal de Cuentas.

2º Si hubo comportamientos punibles y enriquecimientos ilícitos no sólo por parte de los gestores de las entidades que recibieron dichas ayudas -muchos de ellos en el banquillo, otros ya condenados-, sino por parte de los responsables de la regulación y supervisión de dichas entidades.

Durante 14 trimestres seguidos (entre 2003 y 2007), el crédito creció por encima del 30% y el Banco de España no hizo nada por evitar la formación de esa burbuja

Para llegar a la pistola humeante (los correos de Casaus) hay que entender lo que sucedió durante los años del boom, aquellos tiempos felices en los que parecía que los precios de los activos inmobiliarios podían crecer de forma continuada y sin límite.

Un dato pone de manifiesto el crecimiento irracional del crédito en los años de la burbuja. En el segundo trimestre de 2003, el crédito en España creció por encima del 30%. Pues bien, durante 14 trimestres seguidos, hasta el tercer trimestre de 2007, el crédito siguió creciendo de forma acumulada por encima del 30%. Hubo incluso cinco trimestres en los que el crédito creció por encima del 40% (según recoge el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España correspondiente a marzo de 2010).

Es verdad que, en los años previos a esa explosión del crédito, el entonces gobernador Luis Ángel Rojo puso en marcha las llamadas «provisiones anticíclicas», una especie de hucha de dotaciones en previsión de tiempos peores. Ese mecanismo de seguridad llevó años después al presidente Rodríguez Zapatero a presumir de la solidez del sistema financiero español que, tras la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, parecía estar a salvo de las consecuencias de aquel seísmo global.

El gran error del Banco de España en esos años (MAFO ejerció como gobernador desde 2006 a 2012) fue precisamente no darse cuenta de que se estaba generando un problema de enormes proporciones -el disparatado aumento del crédito concentrado en el sector inmobiliario- al que había que haber puesto coto mucho antes de que estallara la burbuja.

Durante esos años, el gasto público en España se disparó, pero la buena marcha de la economía hizo que el déficit se fuera reduciendo hasta alcanzar el espejismo del superávit en el ejercicio de 2005.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero valoró equivocadamente la solidez del sistema financiero español, pensando que se salvaría tras la caída de Lehman Brothers

La crisis de las subprime, hipotecas basura, en Estados Unidos (otoño de 2007) pudo haber encendido las luces de alarma, pero el Gobierno prefirió mirar para otro lado. En expresión del ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, «no se quiso apagar el tocadiscos cuando todo el mundo lo estaba pasando bien en la fiesta».

La fiesta supuso que en 2009 el llamado crédito de bancos y cajas en España al sector promotor alcanzase los 400.000 millones de euros.

En ese año tiene lugar un punto crítico. El Banco de España comienza a ser consciente de que el sector financiero español, sobre todo las cajas, también está enfermo, muy enfermo. La primera entidad en caer (marzo de 2009) fue la Caja de Castilla La Mancha, que tuvo que ser intervenida, y el Gobierno decide crear el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una especie de apagafuegos bancario.

Hay personas tan relevantes como el ministro de Economía, Luis de Guindos, que creen que en ese momento el Gobierno y el Banco de España debieron actuar de una forma decidida, aplicando lo que se llama el manguerazo, o, lo que es lo mismo, inyectando dinero público a las entidades con problemas, a la vez que se llevaba a cabo la remodelación total de sus cúpulas directivas. Tal vez, si se hubiera tomado esa decisión, el coste para el Estado hubiera sido menor. O tal vez no, como sostienen otros expertos. Al fin y al cabo, entre 2009 y 2011 (cuando se intervino Bankia) el sector financiero hizo unos saneamientos valorados en 140.000 millones.

El caso es que, tanto el miedo a reconocer el volumen del problema, como la resistencia de los poderes autonómicos a perder el control sobre sus cajas, como la oposición de los acomodados gestores a perder sus abultados salarios y prebendas, llevaron al Gobierno y al Banco de España a poner en marcha las llamadas fusiones frías o Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Era, en definitiva, una fórmula para forzar la concentración de las cajas sin que sufrieran sus gestores y propietarios.

A partir de 2009 las cajas comienzan a caer, pero no se erradicó el problema de raíz. Elena Salgado vio «brotes verdes» donde sólo había la gran sima de la segunda recesión

Por otra parte, el Gobierno de Rodríguez Zapatero valoró erróneamente lo que estaba ocurriendo en la economía mundial. Elena Salgado, que sustituyó a un decepcionado Pedro Solbes al frente del Ministerio de Economía en marzo de 2009, pensaba que, a partir de 2010, la economía volvería a crecer y, por tanto, que las cajas no necesitarían nuevas inyecciones extraordinarias de dinero público. Fue Salgado la que acuñó la expresión «brotes verdes» para referirse a una situación en la que algunos datos apuntaban a una recuperación del crecimiento.

Pero los brotes no llegaron a cuajar. En 2011, el Gobierno aprobó un decreto para impulsar la salida a Bolsa de las cajas, rebajando del 10% al 8% la exigencia de capital y reservas de las entidades. Las que no pudieron alcanzar esos mínimos de solvencia, como Caixa Catalunya, Novacaixagalicia y UNIM, tuvieron que ser intervenidas.

Pero, para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, como ya hemos explicado (Bankia, una operación política), la salida a Bolsa de Bankia era muy importante. Si la operación concluía con éxito, se entendía que el mercado daría por definitivamente cerrada la crisis del sistema financiero español.

Y aquí es donde entran en juego los famosos e-mails de Casaus a su jefe Comín. Para entenderlos en su dimensión, hay que recordar que el Frankenstein Bankia (creado a partir de la fusión de diversas cajas, algunas de gran tamaño como Caja Madrid y Bancaja) propuso al Banco de España una operación que consistía en crear dos sociedades: BFA, la matriz, a la que se incorporaron las participaciones industriales y, sobre todo, el suelo pagado con créditos de las entidades (es decir, su peor activo); y, por otro lado, Bankia propiamente dicha, compuesta por el negocio comercial y liberada de sus peores activos.

Hablando en plata, la operación implicaba sacar a Bolsa lo mejor del grupo -el negocio bancario-, dejando en la cabecera (BFA) lo peor.

El inspector de cabecera de Bankia, Casaus, creía que BFA era «una máquina de perder dinero» y era contrario a segregarla de Bankia, para que no se socializaran sus pérdidas

Cuando en sus correos Casaus habla de «máquina de perder dinero», en realidad se está refiriendo a BFA. Lo que no quería este inspector -como buen funcionario público- era que, al final, los inversores privados no fueran los únicos beneficiarios de la operación, mientras que el Estado acabara asumiendo las pérdidas que, en su opinión, iba a generar BFA.

Casaus no llegó a plasmar las opiniones que expuso en sus correos en ningún informe, pero el Banco de España las tuvo en cuenta y las llegó a discutir en el marco de su Comisión Ejecutiva. En dos informes, uno sobre la segregación del grupo y otro sobre la salida a Bolsa de Bankia, se contemplaron las «debilidades» observadas por el inspector de cabecera de la entidad.

Leídos fuera de contexto, los correos de Casaus son, en efecto, la pistola humeante que pondría de manifiesto que el Banco de España colaboró en un delito de engaño a los accionistas. Sin embargo, las opiniones de Casaus tienen que ver con una previsión no del todo cierta. Casaus pensaba que BFA -compuesta por un equipo gestor manifiestamente mejorable- generaría pérdidas («máquina de perder dinero») por la evolución de los costes y la insuficiencia de ingresos. Por eso su propuesta era que se vendiera «a un banco extranjero». Y, si no, que se sacara a Bolsa, pero todo el grupo en su conjunto, para evitar que BFA tuviera que ser rescatada por el Estado.

Lo que nadie pensaba, ni el Gobierno, ni el Banco de España, ni MAFO, ni Casaus, era que estábamos ante el comienzo de una segunda gran recesión, que obligaría al sector financiero a nuevas y abultadas provisiones para cubrir la pérdida de valor de sus activos inmobiliarios.

Es muy dudoso que ese arma -los cuatro correos de Casaus- pueda servir para estimar responsabilidades penales en unos funcionarios que no se lucraron

Cuando Guindos se hizo cargo de la cartera de Economía (tras el triunfo del PP en diciembre de 2011), se encontró con un panorama aterrador. Tanto el BCE como el FMI le advirtieron del peligro que representaba Bankia para el conjunto del sistema financiero español. El plan de saneamiento que propuso el entonces presidente Rodrigo Rato fue claramente insuficiente. En mayo, Guindos decidió intervenir Bankia. La prima de riesgo se disparó y el Gobierno tuvo que solicitar una ayuda a la Troika de 100.000 millones de euros. Pero ésa es ya otra historia.

La pistola humeante de Casaus debería servir para aclarar todas las responsabilidades políticas por los errores que se cometieron durante años. Laxitud, negligencia, falta de previsión, debilidad ante poderes autonómicos y partidos políticos, etc. Sin embargo, a la luz de los hechos, es muy dudoso que con ese arma -los cuatro correos- pueda servir para estimar responsabilidades penales en unos funcionarios que no se lucraron y que, de haber sabido lo que ahora sabemos, a buen seguro hubieran actuado de otra forma.