Tanto la creación de Bankia como su salida a bolsa fueron consecuencia de una operación política que tenía como fin dar una solución, al menos en apariencia, a la crisis financiera que afectaba fundamentalmente a las cajas de ahorro.

El relato del entonces presidente de Bancaja en su declaración ante el juez es suficientemente explícito. El 1 de junio de 2010, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, instó a José Luis Olivas a mantener una reunión con Rodrigo Rato -entonces presidente de Caja Madrid- para “negociar”. Y luego, añade un verbo de interpretación inequívoca: “se me conminó” a integrar Bancaja en la SIP de Bankia o, de lo contrario, “se me dijo que podían intervenir la entidad”.

Fernández Ordóñez pensaba que la creación de un gran banco serviría para mitigar los problemas de solvencia y liquidez de dos entidades que ya en esos momentos sufrían las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria.

José Luis Rodríguez Zapatero confiaba en que la situación económica, que comenzaba a remontar en 2010, mejoraría aún más, tras las duras medidas de ajuste adoptadas en mayo de ese mismo año. El presidente del Gobierno puso especial interés en que saliera adelante esa operación, porque creía que con ello se confirmaría la salida de la crisis, lo que le permitiría volver a tener opciones para ganar las elecciones en 2011.

Fernández Ordóñez y Segura eran funcionarios afines al PSOE y no iban a dificultar en 2011 una operación que contaba con las simpatías de Moncloa

Hay que recordar que tanto Fernández Ordóñez como Julio Segura -presidente de la CNMV- eran funcionarios afines al PSOE y que, por tanto, no iban a dificultar una operación financiera que contaba con todas las simpatías de Moncloa.

Rodríguez Zapatero se aseguraba, con la presencia de Rato en Caja Madrid, las simpatías del PP hacia una macrofusión que técnicamente despertó desde el primer momento muchas dudas.

La creación de Bankia se concretó en marzo de 2011, y fue fruto de la unión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Layetana, Caja Segovia y Caja Rioja. Nacía, por tanto, un monstruo financiero que se aupaba al número uno del ránking español por su volumen de activos, pero con enormes deficiencias, tanto desde el punto de vista de su solvencia, como desde la vertiente de su gestión.

Rato, que había aterrizado desde la dirección del FMI, no tenía ni idea de gestión bancaria. No digamos nada de Olivas

Rato, que había aterrizado en España desde la dirección del FMI, no tenía ni idea de gestión bancaria, como así lo reconoció a algunos colegas del sector en aquellas fechas. No digamos nada de Olivas. Pero no importaba, porque la maquinaria estaba en marcha y el fin de la operación no era otro que sacar al mercado al recién creado Frankenstein financiero.

Las acciones de Bankia, para regocijo no sólo de Rato, sino del entonces presidente del Gobierno, del gobernador del Banco de España y del presidente de la CNMV, comenzaron a cotizar el 20 de julio de 2011. El Gobierno y el propio Banco de España presionaron a diversas entidades para que acudieran a la OPV y garantizar así el éxito de la operación. El BBVA fue la excepción que confirmó la regla.

La intervención de Bankia por el Banco de España se produjo el 9 de mayo de 2012, así que la aventura no duró ni siquiera un año. Las ayudas públicas recibidas para salvar de la quiebra a la entidad han superado los 20.000 millones de euros.

La cuestión es que, antes de su salida al mercado, la Inspección del Banco de España advirtió reiteradamente de los problemas que planteaba poner a disposición del público títulos de una entidad que, según el director del equipo de seguimiento de la entidad, José Antonio Casaus, era “una máquina de perder dinero”.

Los correos que han llevado a la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional a estimar parcialmente el recurso de la acusación y, por tanto, llamar a declarar como investigados a Fernández Ordóñez y a Segura, entre otros, fueron remitidos por Casaus a su jefe, Pedro Comín, entre los meses de abril y mayo de 2011. Es decir, entre dos y tres meses antes de que Bankia saliera a cotizar a Bolsa.

La Audiencia Nacional tendrá que decidir si la negligencia puede ser constitutiva de un delito de engaño a los accionistas

Parece evidente que el impulso político desde el Gobierno relajó los controles requeridos tanto en el Banco de España como en la CNMV. El actual gobernador, Luis Linde, en un artículo publicado por El País el pasado 10 de febrero, afirmaba que “es obligado insistir entre insuficiencias o, incluso, errores, y actuaciones susceptibles de reproche penal”.

Pues bien, es ahora cuando la Audiencia Nacional tendrá que decidir si la negligencia de Fernández Ordóñez y de Segura fue sólo motivada por una serie de errores en cadena o bien puede ser constitutiva de un delito de engaño a los accionistas.