Hoy, 23 de febrero, ha sido un día de gran intensidad dramática en los tribunales españoles. La contundencia de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los implicados en el caso de las tarjetas black ha dejado sorprendidos a todos por su dureza y tiene en estado de shock a los condenados. Esta es la clase de sentencias que gustan al pueblo soberano porque en su castigo encuentran consuelo a su afán de venganza. Pero en el caso que nos ocupa es más que probable que, una vez recurridas ante el Tribunal Supremo, muchas de las condenas hoy conocidas se conviertan en absoluciones. No en el caso de Miguel Blesa, de Rodrigo Rato y de Ildefonso Sánchez Barcoj pero sí en el del resto de los procesados en esta causa. De modo que al pueblo que celebra con gran regocijo tantas y tan duras condenas le convendría enfriar su entusiasmo punitivo porque, llegado el momento, pueden acabar topándose con una sorpresa.

Pero no siempre los tribunales redactan sentencias condenatorias que agradan a la gente, y cuando eso sucede así, se desata la descalificación general hacia la administración de justicia y en particular hacia los jueces que no han estado a la altura de lo que el pueblo reclamaba. Es lo que ha pasado con el auto de la Audiencia Provincial de Baleares que ha librado a Iñaki Urdangarin y a Diego Torres de ingresar inmediatamente en prisión. Puesto que los dos condenados van a seguir en libertad con condiciones hasta que el Tribunal Supremo dicte la sentencia definitiva, se ha producido inmediatamente una ola de críticas y descalificaciones que han dictaminado que el yerno del Rey emérito ha recibido un trato de favor. Piensa el pueblo que la cárcel tiene que ser el castigo inmediato e inexorable sin atender a las condiciones que exige la ley para que tal sanción sea efectiva: que exista riesgo de que el condenado reincida en el delito, que exista el riesgo de que pueda destruir pruebas y que exista el riesgo de que se fugue. En estos dos señores no concurre ninguna de esas tres condiciones porque no hay posibilidad de que vuelvan a hacer lo que hicieron, porque no hay caso la destrucción de pruebas puesto que ya han sido condenados y porque no tienen ni la intención ni tampoco la posibilidad de convertirse en prófugos de la Justicia.

Por lo que se refiere al caso de las tarjetas black, hay que decir que la condena a penas de cárcel a todos, todos, los procesados por el uso de unas tarjetas opacas que puso en marcha Jaime Terceiro, antiguo presidente de Caja Madrid, pero con una importante limitación de su uso, ha sido durísima. Fue Miguel Blesa quien decidió dar un vuelo desmesurado al uso de esas tarjetas opacas y el tribunal le acusa de haberse comportado durante el tiempo que ocupó la presidencia de la entidad «como si fuera su dueño y no su gestor». Las condenas y los reproches penales que el tribunal hace a Blesa y a su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, son de una contundencia que,  independientemente de la sanción penal, les inhabilita moralmente para ocupar ningún cargo de responsabilidad en la sociedad española. Ambos están pagando ahora el precio por haber dispuesto, en un ejercicio de total desaprensión,  del dinero público -porque Caja Madrid era una entidad financiera pública- en su estricto y exclusivo beneficio. Y en cantidades desorbitadas, además.

Y en el resto de los casos, hay que recordar que el sueldo de un consejero ejecutivo de la entidad rondaba los 300.000 euros anuales, una cantidad a la que hay que añadir una tarjeta, otra, para gastos de empresa y de representación. Todo lo cual permitía a una buena parte de sus beneficiarios disfrutar de un nivel de vida que en toda su existencia no habían conocido ni de lejos. Es más, la mayor parte de quienes se sentaban en el consejo de administración de Caja Madrid no tenían ni siquiera los conocimientos financieros necesarios para ocupar el puesto que ocupaban. Con razón comentó José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia  que cuando él llegó no conocía a ninguno de los que se sentaban a aquella mesa. Naturalmente, procedían de cualquier sector menos del financiero. Y el nuevo presidente tras la debacle los expulsó uno a uno porque, en definitiva, el puesto que ocupan les quedaba desmesuradamente grande. Pero ya era tarde porque ya se había entrado en la rueda de los errores, de momento delitos mientras no hable el Tribunal Supremo,  por los que hoy se les condena.

Y ahora nos encontramos con esas penas de cárcel que afectan a algunos de los condenados más en su honor y en su reputación que en la posibilidad de que entren en prisión porque la sentencia les impone el cumplimiento de unos meses de prisión, lo cual significa que no irán a la cárcel. Es, en esos casos, una sanción moral a un comportamiento reprobable y que ha indignado a la opinión pública. Pero Rato y Blesa tendrán que ir a la cárcel.  Exactamente igual que Urdangarin y Torres. Los jueces están para aplicar la ley, no para hacer justicierismo. Y de eso tenemos que alegrarnos todos.