Theresa May ha pulsado el botón rojo del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que implica poner en marcha un proceso de separación de la Unión Europea inédito hasta ahora. La prensa británica resalta el tono amistoso, tanto de la carta entregada formalmente por el enviado del Reino Unido Tim Barrow al presidente europeo Donald Tusk, en la que se solicita la ruptura, como de la intervención de la primera ministra en el Parlamento. Pero de su discurso lo que quedará una frase rotunda: “Es una decisión histórica que no tiene marcha atrás”.

La estrategia de control de daños consiste en transmitir a Bruselas y a los países miembros de la Unión que es posible la ruptura y, a la vez, mantener un acuerdo de libre comercio que permita a Londres seguir siendo la primera plaza financiera del continente. Pero, a renglón seguido, May lanza una sutil amenaza que consiste en advertir de los peligros que tendría para la seguridad europea en su lucha contra el terrorismo la quiebra de la colaboración de los distintos servicios secretos y de seguridad si se implantaran aranceles comerciales o se pusiera un precio demasiado alto por su decisión.

Al mismo tiempo, tanto Tusk como distintos mandatarios europeos, encabezados por Angela Merkel, advirtieron a Reino Unido de que la salida -cuyas consecuencias se negociarán en un plazo de dos años- no será un camino de rosas. La libra volvió a caer ayer y ya se ha depreciado un 17% desde el referéndum que dio el triunfo al Leave. Los primeros ejecutivos de grandes empresas y bancos de inversiones han hecho saber al Gobierno británico que se replantearán su continuidad en suelo británico si no hay un acuerdo comercial con la UE satisfactorio.

May utiliza un tono conciliador para minimizar el coste de la ruptura. Pero Reino Unido tiene que pagar un precio, aunque sólo sea para que no cunda el ejemplo

Bruselas y, por supuesto, Alemania y Francia, quieren que la ruptura no le salga gratis a Reino Unido. Han avanzado la cifra de 60.000 millones de euros como factura a pagar por la desconexión. Y, por supuesto, ni se plantea que Londres mantenga su actual status comercial como estado miembro.

Nadie sabe muy bien qué va a pasar con los ciudadanos británicos que viven en otros países europeos o con los europeos residentes en Reino Unido. Todo son incógnitas. Pero sí que hay una certidumbre: el Parlamento de Escocia ya ha pedido al británico autorización para un nuevo referéndum sobre la independencia, basándose en el rechazo de sus ciudadanos a la salida de la UE.

Los divorcios, sobre todo los que se producen por el deseo de ruptura de una de las partes, nunca son amistosos

Los divorcios, sobre todo los que se producen por el deseo de ruptura de una de las partes, nunca son amistosos. La pretensión de May de que todo siga casi igual que hasta ahora (me quedo con lo bueno y rechazo lo que no me gusta) es sencillamente inasumible por parte de una Unión Europea que no atraviesa por su mejor momento.

Mantener vivo el proyecto europeo exige la fidelidad a unos objetivos políticos comunes. La UE no es sólo un mercado único. O, al menos, no debería serlo. Permitirle al Reino Unido una salida amistosa sería la mejor manera de debilitar el proyecto. La ruptura debe tener un coste, aunque solo sea para que no cunda el ejemplo.