La cuestión que debería preocuparnos a los ciudadanos es si el Fiscal General o el Fiscal Jefe de Anticorrupción están poniendo trabas a la investigación de casos de corrupción. Afecten al PP (Operación Lezo) o a la financiación de CiU (caso 3%).

Y también, por supuesto, si los fiscales adscritos a esos casos están actuando con diligencia y no guiados por el convencimiento de que son el último reducto del Estado frente a la corrupción.

Lo más pernicioso que ha sucedido en las últimas semanas es que la Fiscalía en su conjunto se ha convertido en un arma arrojadiza de los partidos políticos y se ha dado la sensación de que José Manuel Maza y Manuel Moix han sido colocados en sus cargos para coartar la independencia de los fiscales.

Me dirijo a un miembro del Consejo Fiscal, adscrito a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que pidió la destitución de Moix en la última Junta de Fiscales y le pregunto si, en efecto, él piensa que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción ha pretendido evitar que se investiguen casos relacionados con el PP. Esta fue su respuesta: «A Moix lo que le fallan son las formas. Ha entrado en Anticorrupción como elefante en cacharrería, le ha faltado mano izquierda. Pero de ahí a acusarle de querer tapar la corrupción… No lo ha hecho y tampoco se atrevería, porque eso levantaría en pie a todos los fiscales».

La tesis de Moix es que en la Fiscalía Anticorrupción algunos fiscales se dejan llevar por los investigadores de la Policía o la Guardia Civil, no imponen su criterio. Según su criterio, en la Fiscalía hay una unidad de actuación y, por tanto, no importa demasiado qué fiscal en concreto lleve un caso, sino que la decisión sobre quién debe instruir sea en función de la efectividad.

Hasta ahora nadie ha puesto sobre la mesa un sólo dato que demuestre que Moix haya querido taparle las vergüenzas al PP. Es verdad que cuando Maza le nombró, tanto el Fiscal General como él mismo sabían que su nombre aparecía en las conversaciones grabadas en el curso de la Operación Lezo. El criterio del Fiscal General es que las conversaciones que mantienen Ignacio González y Eduardo Zaplana no demuestran nada. Para la UPF tampoco, pero, afirma su representante, «hubiera sido mejor no nombrarle porque la mujer del César, aparte de ser honrada, debe parecerlo y Moix ha perdido la apariencia de imparcialidad». Es un criterio discutible, pero, en todo caso, no cuestiona el fondo, sino la forma.

Nadie duda -ni siquiera Moix- que los fiscales de la Operación Lezo sean buenos profesionales. El problema es si, en ocasiones, no han sido tan cuidadosos como deberían. Como ha publicado El Independiente, fueron partidarios, junto al juez Velasco, de la detención de Marhuenda y Casals sin esperar a la declaración de la supuesta víctima de sus coacciones (Cristina Cifuentes). La UCO les convenció de esperar y, finalmente, fueron «desimputados».

Su escrito sobre el recurso de apelación de González generó un equívoco que se mantuvo durante horas y que llevó a la mayoría de los medios de comunicación a dar por hecho que la Fiscalía consideraba al secretario de Estado de Interior como el principal sospechoso del chivatazo al ex presidente de la Comunidad de Madrid de que estaba siendo investigado.

Todos deben poner de su parte para recobrar la credibilidad de la Fiscalía. De lo contrario, la investigación de un caso tan relevante quedará contaminada

La frase que daba pie a la confusión merece ser recordada: «El día 6 de marzo de 2017, en el despacho de Ignacio González sito en C/ Alcalá 89 de Madrid, se gravó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación ‘chivada’ del Secretario de Estado de Seguridad. Los seguimientos policiales a Pablo González, y las llamadas interceptadas confirmarían, que dos días después de esa cita de los hermanos, Pablo González se reunió con el Secretario de Estado de Seguridad». Al margen de las faltas de ortografía, de puntuación y de concordancia que contiene el párrafo, hay dos cuestiones que conviene resaltar. La primera de ellas tiene que ver con la secuencia de los hechos: no se puede manifestar que los hermanos González estaban preocupados por saber quién era el policía encargado del asunto, dato que supuestamente conocían por un presunto chivatazo del secretario de Estado, cuando la reunión en la que supuestamente se produjo el chivatazo tuvo lugar dos días después.

Pero esto no es lo mas importante. Lo que llama la atención es que los fiscales mantuvieron el equívoco de que José Antonio Nieto era el chivato de González durante horas, hecho que no se rectificó hasta que el propio secretario de Estado pidió una aclaración a la Fiscalía Anticorrupción. La propia Carmen García Cerdá (adscrita al caso junto a Carlos Yañez) admitió a última hora de la noche que en ningún caso se pretendía imputar ningún delito a Nieto.

Todos deben poner de su parte para recobrar la credibilidad de la Fiscalía. De lo contrario, la investigación de un caso tan relevante como el que afecta al ex presidente de la Comunidad de Madrid quedará contaminada. Al fiscal jefe Moix hay que pedirle que las pesquisas sigan su curso sin trabas y a los fiscales que tengan mesura y que no permitan que sus farragosos escritos puedan ser malinterpretados.