La sentencia del Tribunal Supremo por la que estima el recurso de inconstitucionalidad planteado por 105 diputados del Grupo Socialista y, por tanto, declara nula e inconstitucional la amnistía fiscal llevada a cabo mediante un decreto ley en marzo de 2012 es un varapalo para el Gobierno y, en especial, para el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

La decisión del TC se ha adoptado por unanimidad, lo que demuestra que la vulneración de los preceptos constitucionales de aquella norma ha sido apreciada por la totalidad de los magistrados. Según establece la sentencia, “la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto ley 12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 de la Constitución, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.

El TC pone de relieve la injusticia que supone tratar mejor a los que incumplen sus obligaciones fiscales que a los que pagan cumplidamente sus impuestos

Pero el argumentario del Constitucional va más allá de la constatación de que el Gobierno ha vulnerado el principio del deber de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento del gasto público, sino que pone de relieve la injusticia que supone tratar mejor a los que incumplen sus obligaciones fiscales que a los que pagan cumplidamente sus impuestos. Este párrafo de la sentencia resulta especialmente demoledor: “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos a concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 de la Constitución). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

Lo que viene a decir el TC es que el cumplimiento del objetivo de déficit público (argumento que utiliza el Abogado del Estado para avalar la amnistía) no lo justifica todo y, mucho menos, una medida que favorece a los defraudadores fiscales frente a quienes no lo son.

Montoro no lo ha podido hacer peor y, por tanto, debe dimitir de su cargo, porque con su amnistía fiscal favoreció a los defraudadores

En 2012 España vivía una situación económica muy difícil. Casi un 10% de déficit sobre el PIB, paro por encima del 25%, crecimiento negativo, etc. El Gobierno de Mariano Rajoy estableció duros recortes en el gasto público y llevó a cabo una fuerte subida en el impuesto sobre la renta. Bruselas pidió a España que subiera el IVA, pero Montoro se negó a ello argumentando que esa modificación complicaría la recuperación económica. Como había que elevar los ingresos de alguna forma, el ministro de Hacienda puso sobre la mesa una regularización fiscal que suponía dar una vía muy barata (10%) de “blanqueo” de rentas y bienes que los defraudadores habían mantenido durante años ocultos al fisco. La amnistía provocó un gran escándalo político, pero que no tuvo consecuencias por la mayoría absoluta del PP.

La medida era claramente injusta, pero después se supo que, además, había servido de pista de aterrizaje para la afloración de dinero negro de investigados por corrupción como Bárcenas, Rato, etc.

Desde ahora sabemos, además, que es una medida ilegal, inconstitucional. Montoro no lo ha podido hacer peor y, por tanto, debe dimitir de su cargo, porque con su amnistía fiscal favoreció a los defraudadores.