Cuando el escándalo se instala en la vida pública, éste impone sus normas y lo primero que desaparecen son algunos derechos constitucionales (presunción de inocencia, derecho a la defensa, secreto del sumario, etc.) y, a este propósito, conviene recordar que  cuando un ciudadano priva a otro de sus derechos constitucionales comete un delito.

Delito (por ejemplo, filtrar sumarios secretos a los medios de comunicación) que cuando se comete en España por policías, jueces o fiscales jamás es perseguido. El tornado que es el escándalo trae también consigo una espiral de silencio. Un silencio muy parecido al que imponen las dictaduras y bajo el cual nadie tiene derecho a poner en duda la “verdad oficial”. No sé por qué se dice que la Justicia española es lenta cuando es la más rápida del mundo. Intentaré demostrarlo y para ello narraré lo que ocurre en cualquier escándalo de esos con los que los medios machacan mañana, tarde y noche:

El juez instructor, tras recibir lo investigado por la Policía, suele decidir dos cosas que se harán conjunta y paralelamente: Registrar domicilios y sedes y detener a los “presuntos implicados” y mandarlos “preventivamente” a la cárcel y todo ello se hace a tambor batiente.

El juez o los policías avisarán con tiempo a los medios de comunicación para que puedan transmitir en directo el masivo asalto

Para tamaña operación, el juez o los policías avisarán con tiempo a los medios de comunicación para que puedan transmitir en directo el masivo asalto a los domicilios privados o a las sedes sociales donde los “presuntos” guardan sus pertenencias, ordenadores y archivos… y nadie protesta, a pesar de que tal anuncio signifique que algunos miembros de la Judicatura, de la Policía o de ambas al anunciar esas acciones están cometiendo un delito.

Tras la pena de telediario, el juez instructor dictará un auto (que de facto es una sentencia) donde dejará por escrito los delitos que han llevado a la cárcel a los “investigados”, que “en horas veinticuatro pasaron de las musas al teatro”. Un teatro que en Madrid lleva el nombre de Soto del Real (un pueblo serrano en el cual nació el Arzobispo Morcillo, quien, descontento con el nombre de su patria chica -Porquerizas-, pidió a Franco que lo cambiara por el actual de mejor pasar: Soto del Real). ¿Se puede alguien imaginar una Justicia más rápida?

La Justicia destruyó en aquel par de días el honor y la fama de un grupo de ciudadanos

Ustedes recordarán la que armó el  juez Pablo Ruz mandando asaltar la SGAE en 2011 y deteniendo, para enviarlos al trullo, a su Presidente, Teddy Bautista, y a buena parte de los directivos de aquella “sociedad de autores”. ¿Qué ha pasado desde entonces? La respuesta es: nada, pero la Justicia destruyó en aquel par de días el honor y la fama de un grupo de ciudadanos, y poco importa que dentro de varias décadas los tribunales, al final, les exoneren de toda culpa.

Y esa es otra, porque a ver quién es el guapo (miembro del tribunal juzgador) que se atreve a contradecir al juez y al fiscal instructores. Y, sobre todo, a la llamada “opinión pública”, que, desde el primer momento, condenó a los “presuntos”. En verdad, hemos regresado a la Edad Media: “matadlos a todos que Dios escogerá a los buenos”.

Lo descrito para la SGAE es parejo a lo ocurrido con la (mal) llamada Operación Lezo. Otro festival mediático que ha dado con los huesos de Ignacio González y otros presuntos en la cárcel. La justificación de la pena está un auto de 28 páginas redactadas por el juez Eloy Velasco. ¿Y qué dice ese auto-sentencia? Lo ha descrito Cayetana Álvarez de Toledo:

“En el auto, el juez llega a graves conclusiones a partir de indicios desiguales. La mayoría son fragmentarios, frágiles, deshilachados. Su relato produce angustia, tanto por lo que cuenta como por lo que no logra contar. Porque avanza a trompicones entre elipsis y conjeturas. Porque refuerza las percepciones sin ofrecer la satisfacción de los hechos”.

Las fiestas de San Fermín se ha lanzado este año en Pamplona una campaña que pretende evitar los abusos sexuales

Con ocasión de las fiestas de San Fermín se ha lanzado este año en Pamplona una campaña que pretende evitar los abusos sexuales sobre mujeres, que suelen ir emparejados con el consumo de alcohol y de otros “excitantes”. Nada que alegar a tan buenas intenciones, pero conviene recordar que hay cinco jóvenes andaluces que siguen, un año después, en prisión preventiva por una denuncia de una joven que dijo ser violada por ellos.

Previo a la denuncia, estos tarados tomaron unos videos de las escenas sexuales con la chica y metieron esos videos en las redes (lo cual ya es un delito, pues ella no dio su consentimiento), pero ¿dio el consentimiento para los tocamientos, penetraciones y felaciones que aparecen en los videos? Eso es lo que tiene que dirimir el tribunal que en unos pocos días juzgará a los denunciados.

Supongamos –aunque sea por un momento- que los actos sexuales fueron consentidos y que la mujer, al verse en los videos, decidió denunciar los hechos como violación. Pues bien, si el juez aceptara como buena esta versión, ¿qué pasaría? Pues que los medios (que ya han juzgado y condenado a esos muchachos) y las feministas iban a pasar a esos jueces, literalmente, a cuchillo. Y yo me pregunto: ¿quién es el juez tan valiente como para exponerse a tales linchamientos?

Ya lo dejó dicho el juez Velasco: “Los jueces tenemos que interpretar la Ley conforme al pueblo», lo cual, leído en roman paladino, quiere decir: los jueces hacemos lo que nos da la gana.