En aras de la corrección política, no molestar a autoridades e instituciones catalanas hasta el 1-O, el gobierno está permitiendo que la Generalitat convierta los atentados de Barcelona y Cambrils en una plataforma para reivindicar una policía autosuficiente y en pie de igualdad con la Policía y la Guardia Civil. En la rueda de prensa del pasado lunes, en la que se informó de la muerte por disparos de los Mossos del autor del atropellamiento masivo de La Rambla, Younes Abouyaaqoub, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció que, a partir de septiembre, reclamará la participación de la policía autonómica en Europol. Al día siguiente, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, insistió en el mismo asunto en una entrevista en Onda Cero.

En primer lugar hay que advertir que los Mossos tienen acceso a toda la información que maneja Europol sobre terrorismo y que tienen a dos de sus representantes específicamente designados para recabar dicha información. El gobierno no ha dicho nada sobre esa reivindicación para no molestar, pero lo que pide la Generalitat sencillamente es imposible. Europol sólo permite la presencia de un cuerpo policial por país en su estructura. Incluso Alemania, siendo un Estado federal, sólo tiene la representación de su cuerpo de policía. Así que la incorporación de los Mossos a Europol es imposible, lo pida Puigdemont o su porquero.

Mientras que en Interior prima la corrección política, la Generalitat no pierde de vista la construcción de un Estado propio, aunque sea por encima de la efectividad en la lucha antiterrorista

No estaría de más que desde el Ministerio del Interior se advirtiera sobre esta circunstancia no vaya a ser que alguien piense que la no inclusión de los Mossos se debe a la voluntad del gobierno y no a la propia reglamentación interna del órgano de coordinación policial europeo.

Al margen de los fallos (que los ha habido) en la investigación de los atentados de la semana pasada, hay problemas competenciales que convendría aclarar. Es verdad que los Mossos tienen capacidad para investigar delitos de terrorismo y crimen organizado (lo establece el Estatuto de Autonomía de 2006 en su apartado 5-c), pero también es cierto que la ley orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debería prevalecer sobre el contenido de cualquier estatuto de autonomía. Según dicha ley orgánica, es el gobierno quien dirige a las fuerzas de seguridad estatales, autonómicas y locales.

El gobierno no ha dicho nada sobre la negativa de la consellería de Interior de la Generalitat a permitir que los Tedax de la Guardia Civil inspeccionaran el chalé de Alcanar tras la explosión que se produjo la noche anterior al atentado de Barcelona. Si se hubiera establecido desde el primer momento una colaboración operativa entre los distintos cuerpos policiales seguramente la investigación hubiera avanzado mucho más deprisa y se podrían haber evitado algunos errores.

Una vez que la investigación del caso pasa a la Audiencia Nacional (por ser un delito de terrorismo) y el juez Andreu decide que sean los Mossos quienes actúen como policía judicial, la polémica pierde trascendencia jurídica, aunque el debate tanto operativo como político sigue abierto.

Ayer los sindicatos mayoritarios de Policía (SUP) y Guardia Civil (AUGC) denunciaron su “exclusión y aislamiento” en la investigación de la masacre. Pero lo más importante de su queja es que atribuyen su marginación al “objetivo de transmitir una imagen exterior de un Estado catalán autosuficiente”.

Algún malpensado podría atribuir ese reproche a un problema de celos profesionales, pero no es el caso. Tanto la Policía como la Guardia Civil son cuerpos que tienen la máxima experiencia en la lucha contra el terrorismo y, por tanto, eludir o rechazar su colaboración en la investigación de un atentado es un lujo que una institución como la Generalitat no se puede permitir. Ni los ciudadanos entienden.

Es verdad que en las reuniones de coordinación celebradas en Interior (en las que han participado los responsables de Información e Inteligencia de los Mossos, junto a la Guardia Civil, Policía Nacional y CNI) se ha compartido toda la información disponible. Pero lo que no ha habido ha sido una participación activa en la investigación.

Una cosa es que el asunto se trate con delicadeza, teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina está el 1-O, y otra muy distinta es que se olvide que la prioridad de Interior debe ser la efectividad en la lucha contra el terrorismo. Y que mientras unos miran para otro lado, otros siguen pensando en la construcción nacional.