Todo el que se moleste en leer el atestado que la Guardia Civil ha entregado al juez, en el que se explica con detalle el plan de los secesionistas para conseguir la independencia y un estado propio, se dará cuenta de que todo lo previsto por ellos se ha ido cumpliendo paso a paso, porque cuentan con una masa de miles de activistas encuadrados y disciplinados que obedecen militarmente las órdenes que reciben en cada ocasión.  Es notable constatar que los dos dirigentes de ANC y de Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente, forman parte de un llamado "comité estratégico" en pie de igualdad con el presidente y el vicepresidente de la Generalitat.

Eso quiere decir que los responsables políticos han entregado el poder de la rebelión a la calle. Y que será la calle la que determine el grado de enfrentamiento, y también de violencia, que se va a buscar para intentar desacreditar al Gobierno de España ante la opinión pública internacional y ante los gobiernos democráticos. Lo que intentan es llevar del ronzal al Gobierno para que utilice la fuerza ante lo que es, de hecho, una situación revolucionaria. La Historia de España ya ha visto esto mismo en otras ocasiones y por eso sabemos en qué puede terminar. Pero a estos dirigentes no sólo no les importa sino que lo están buscando. No hay más que leer en el atestado la descripción que la Guardia Civil hace de las intenciones de los secesionistas cuando habla de provocar acciones que conduzcan "a un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado".

Lo que intentan es llevar del ronzal al Gobierno para que utilice la fuerza ante una situación revolucionaria

Y, sin embargo, a pesar de que el choque está previsto por los insurrectos, que lo necesitan para intentar salir victoriosos de esta batalla buscada únicamente por ellos, el Gobierno ya no puede seguir adoptando una actitud pasiva, porque en el otro lado de la raya, en el lado de los ciudadanos que defienden el Estado de Derecho y por lo tanto el sometimiento a las leyes, porque esa es la única garantía de que se respeten sus libertades, se está pidiendo al presidente -el domingo se vio con aplastante nitidez- que dé un paso al frente y aplique con la contundencia que haga falta una respuesta que no deje lugar a dudas sobre de qué lado está la razón.

Carles Puigdemont ya no es dueño de sus actos porque es la masa en la calle la que le va a indicar los pasos a dar en cada momento.  Quiere eso decir que aunque se produzca, como se está produciendo, una auténtica desbandada de las principales empresas radicadas en Cataluña y que constituyen la base de su potencia económica e industrial; aunque asistan a la mayor demostración, como  se produjo este domingo, de cientos de miles de catalanes que creen en la pertenencia de Cataluña en España y rechacen de plano la idea de la secesión; aunque la Generalitat haya fracasado, como así ha sido, en su intento desesperado de que sus pretensiones obtuvieran algún tipo de reconocimiento internacional; aunque todo eso ocurra, como está ocurriendo, no va a alterar en modo alguno su trayectoria hacia el desastre. Y eso es así porque el desastre es precisamente su objetivo, su designio.

Puigdemont no va a dar marcha atrás porque las masas que salen a la calle llamadas por ANC y por Omnium no se lo permitirían. Y porque si lo hiciera, sería despedazado por los suyos, aquellos a los que ha entregado ya el poder y que se disponen a ejercerlo sin ningún tipo de cortapisas.  Y eso se ve claramente en la connivencia delictiva el 1 de octubre entre la muchedumbre que se agolpaba delante de los colegios electorales y los Mossos d'Esquadra. Una connivencia que la Guardia Civil denuncia también al juez y que demuestra que los mandos políticos de la policía autonómica tendieron una trampa a los miembros de este instituto armado y a los miembros de la Policía Nacional. Lo que se buscó fue provocar deliberadamente las imágenes que luego sirvieron, acompañadas de enormes manipulaciones y mentiras, para denunciar ante el mundo la violencia policial y desacreditar así a la democracia española. Todo está planificado. Van a intentar reventar al Estado español.

La razón ya ha sido expulsada de la escena. Ahora nos enfrentamos al fanatismo en su más enloquecida esencia

Por eso el llamamiento de la alcaldesa de Barcelona a Carles Puigdemont para que no haga esta tarde una declaración unilateral de independencia porque los datos inventados del  referéndum nunca pueden ser un aval para la independencia caerá en saco roto si no encaja en la planificación de la insurrección acordada. Pero será atendida únicamente si en la escaleta que tienen aprobada entra la posibilidad de que el tal anuncio se haga con determinado formato y en determinados plazos. Por eso recomiendo que cuando escuchemos esta martes al presidente de Generalitat nadie emita un suspiro de alivio si por casualidad no declara la DUI en los términos claros y desafiantes que se supone que va a tener. Si eso se produjera así tengan por seguro que no será por un deseo de enfriar el ardiente clima político que ahora mismo ahoga a España. Será porque él y sus tutores, los líderes de ANC y de Ómnium, habrán pensado una estrategia distinta de la que desde fuera nos imaginamos.

La razón y la prudencia ya han sido expulsadas de la escena. Ahora nos enfrentamos al fanatismo en su más enloquecida esencia. El panorama es por eso mismo gravísimo.