El 155 significa lo que parece: es la intervención por el Gobierno de España de las funciones del gobierno de la Generalitat. Y eso quiere decir la destitución de todos los consejeros, por supuesto de su presidente, y su sustitución por otros funcionarios cuya identidad de momento se desconoce pero que tendrán que dar cuentas a los respectivos ministerios con sede en Madrid.

Todo esto, que es traumático para todos pero especialmente para una sociedad, la catalana, que está acostumbrada a gozar de unos altísimos niveles de autogobierno que son desconocidos para otros países también descentralizados de Europa, se ha convertido en la única salida que Carles Puigdemont ha dejado a los partidos defensores del orden constitucional para forzar al gobierno de Cataluña a volver a los cauces de la legalidad. Pero no conviene engañarse: esto es lo que los secesionistas desean porque esto es lo único que puede devolver a sus bases el entusiasmo por la resistencia y el cierre de filas que se podía debilitar muy seriamente en cuanto la población que les ha comprado sus promesas mentirosas envueltas en fantasías de un futuro lleno de maravillas se fueran dando cuenta de que los hechos desmienten con contundente crueldad lo que les han empujado a soñar.

Es lo único que puede devolver a las bases el entusiasmo por la resistencia

Ante el riesgo de que los embustes se vayan cayendo ante los ojos del público como los trozos de una máscara cuarteada, el independentismo necesitaba resucitar el fantasma del enemigo represor y por eso no ha hecho el menor esfuerzo el señor Puigdemont para proporcionar a Mariano Rajoy otra salida menos dura que la que este sábado se va a aprobar en Consejo de Ministros.

Hay que tener en cuenta que los independentistas son muy conscientes de la enorme gravedad que supone la fuga masiva de empresas, muchas de las cuales han sido durante décadas, incluso, como Codorníu, durante siglos, la espina dorsal de la vida económica industrial y hasta identitaria de Cataluña. Ellos no lo ignoran pero, como de costumbre, optan por mentir a la ciudadanía y contarles que en realidad el fenómeno no tiene importancia porque, tal y como se han ido, todas estas empresas volverán pronto y aquí no ha pasado nada.

Y no son menos conscientes de la radical soledad en la que se encuentra internacionalmente su apuesta secesionista. Ningún país europeo, ni siquiera lo hará al final Bélgica, va a secundar su intento de romper España. Tampoco Estados Unidos. Ni México, ni Chile. Únicamente la Venezuela de Maduro y algunos de los partidos ultraderechistas de la UE apoyan su intento. Malas compañías que ni siquiera les sirven a los secesionistas catalanes para apelar con algo de fundamento, como hacen también tramposamente en este caso, a la comunidad internacional para una mediación que jamás va a tener lugar.

Es decir, que están solos ante el mundo y que se están quedando solos ante su propio empresariado. Por eso necesitan agitar otra vez la bandera de víctima. Es lo único que les puede proporcionar el aire que les falta y que acabará asfixiándoles. La aplicación del artículo 155 les humillará lo suficiente como para que esa bandera vuelva a cobrar vida y saque a las masas a la calle con una pasión recuperada. Les daña, pero les conviene. Pero al Gobierno no le queda otra salida. Mariano Rajoy ha hecho lo imposible para alargar los plazos y para darle al señor Puigdemont todas las opciones para volver a la legalidad.

La última oferta, en el límite de lo tolerable, fue la de que no se aplicaría el famoso artículo si el presidente catalán convocaba elecciones. No precisaba el señor Rajoy si le importaba o no que las tales elecciones se hiciera bajo el título de «constituyentes» y si estaba dispuesto el president o no lo estaba a dar por no existentes sus ilegales leyes de referéndum y de transitoriedad. Pues ni con esas. El secesionismo ha buscado deliberadamente el conflicto porque eso es lo que le va a dar la vida que se le está escapando.

Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es hacerse con el control de la policía autonómica

Y, sin embargo, ni el señor Rajoy ni los señores Sánchez y Rivera pueden hacer otra cosa que imponer la legalidad en el gobierno catalán y atajar hasta donde sea posible, que ya veremos hasta donde llega el corte y durante cuánto tiempo se mantiene a Cataluña en el quirófano, ese festival de ilegalidades en que se ha convertido la administración de la Generalitat.

Pero para que esa aplicación tenga alguna virtualidad, lo primerísimo que tiene que hacer el Gobierno es hacerse con el control de la policía autonómica. Eso antes que nada. Es muy certera la consideración que hace esa fuente gubernamental y que reproduce Cristina de la Hoz en su crónica: «Si hay que detener a Puigdemont» -cosa que sólo puede ordenar un juez- «eso lo tienen que hacer los Mossos«.  Entre otras cosas porque la aparición en ese escenario, hipotético pero nada descabellado, de un mando de la Guardia Civil sería utilizada inmediatamente por los secesionistas para montarse el  discurso de las «fuerzas de ocupación», y eso ya sería demasiada manipulación.

Pero está muy claro: sin los Mossos d’Esquadra bajo su mando efectivo ninguna medida que se quiera aplicar podrá llevarse realmente a cao. Hay que recordar que una de las últimas e importantísimas decisiones adoptadas por Puigdemont antes de la traca final del 6 y la madrugada del 8 de septiembre fue la de sustituir al frente de la consejería de Interior a Jordi Jané, un político moderado y fiel cumplidor de la legalidad, por un fanático del independentismo como Joaquim Forn.

De ahí para abajo, toda la cúpula de ese departamento es ahora de furibunda obediencia secesionista, y la prueba la tuvimos con el comportamiento abiertamente desleal y bajunamente traicionero de los Mossos, a las órdenes precisas del mayor Trapero, el día 1 de octubre. Toda esa capa debe ser apartada sin miramientos para que el artículo 155 se pueda empezar a aplicar en los demás apartados.

Y a pesar de todo, lo más probable, por no decir lo más seguro, es que la operación de relegalización del Gobierno autonómico vaya a estar llena de conflictos de difícil solución y de largo recorrido. No va a ser una operación de corte limpio y cicatrización rápida, eso por descontado. Pero es obligado e imprescindible acometerla. Aunque el adversario lo esté deseando.