El histórico Consejo de Ministros de este sábado elevará al Senado su propuesta de destituir a todo el gobierno de la Generalitat y tomar, de inmediato, el control de la policía autonómica para intentar asegurarse el éxito de una actuación que jamás se ha tomado en nuestra democracia. La Consejería de Interior es objetivo prioritario. De ella depende el control político de los Mossos, a los que corresponde garantizar la seguridad ciudadana en Cataluña. Sin ese control no es posible avanzar en la intervención de la comunidad ni, tampoco, hacer ejecutar las órdenes más duras o rebajar la tensión en la calle. Y si algo tiene claro el Ejecutivo es que, en caso de que la Justicia acabe ordenando la detención del todavía presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ,»eso lo tienen que hacer los Mossos», afirman fuentes gubernamentales, que quieren apartar de ese cometido a la Policía y a la Guardia Civil.

Se trata de restaurar la ley, pero no solo. Porque hay muchas otras áreas del ejecutivo autonómico donde Moncloa entiende que debe enderezar la actual deriva independentista, como es el caso de la Consejería de Educación, además de Economía, Hacienda y hasta Sanidad.  Todos ellos han sido departamentos conflictivos por su utilización en la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre, por ejercer de punta de lanza de un proceso de adoctrinamiento en la escuela y acoso a hijos de guardia civiles y policías o por negarse a rendir cuentas de forma semanal al objeto de impedir que se dedicara una sola partida económica a financiar el procés.

Oriol Junqueras, de interlocutor a «apestado»

El vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, ha pasado de ser interlocutor de Soraya Sáenz de Santamaría y de Cristóbal Montoro, a ser una especie de «apestado sin ningún crédito», según fuentes gubernamentales. A él se le atribuye en muy buena medida una versión sobre lo que pasaba en Cataluña y las intenciones reales del secesionismo poco o nada ajustada a la realidad.

Con el respaldo de PSOE y de Ciudadanos, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, hasta hace poco demonizado, se ha convertido en el único instrumento posible que aplicar a la situación extrema a la que Carles Puigdemont ha llevado a Cataluña.

Por el momento se ha descartado una actuación más quirúrgica, sólo sobre algunas consejerías, o mantener a los actuales titulares al frente de sus responsabilidades aunque despojados de sus competencias. El Gobierno también tendrá que revelar el sábado si nombra un delegado especial o «ministro» para Cataluña, encargado sobre el terreno de la coordinación de la intervención aunque ésta se monitorice desde cada uno de los Ministerios. Las conversaciones con el PSOE proseguirán este viernes para terminar de cerrar flecos, algunos no menores, como el tiempo de interinidad antes de ir a unas nuevas elecciones autonómicas.

No se descarta una cadena de dimisiones conforme se produzcan las destituciones de consejeros

La situación ha alcanzado tales extremos que se imponen en el Ejecutivo aquellos que creen que una actuación a medias no permitiría mucha efectividad, y eso que saben que tendrán que nadar a contracorriente de un sector del funcionariado que puede poner palos en las ruedas. En cuanto a los segundos y terceros niveles de la Administración o cargos de confianza, todo son dudas, sin descartar una riada de dimisiones cuando se materialice dicha intervención. Ese no sería, en cambio, un mal escenario para Moncloa.

Y aunque la idea es ir avanzando en las medidas conforme se desarrollen los acontecimientos -sin descartar que tengan que acudir a pedir autorización al Senado más de una vez-, el objetivo no es solo es ir a elecciones sino normalizar en la medida de lo posible la vida política en Cataluña, marcada en los últimos cinco años por una escalada independentista directamente proporcional al desgobierno de una región cuyo ejecutivo, por ejemplo, no ha vuelto a someterse a control parlamentario desde el mes de julio.

Frenar el 155

Aun así, si en este interín -hasta que el pleno del Senado apruebe la propuesta del Gobierno, como pronto el jueves de la semana que viene- Puigdemont convoca autonómicas, puede frenarse el 155. No parece probable. Muy al contrario, el secesionismo ha encontrado en la anunciada actuación del Gobierno central el enésimo argumento para amagar con levantar la suspensión de la declaración de independencia, cosa que, por otro lado, le está reclamando la CUP.

Sin embargo, hay nubarrones en el paraíso secesionista puesto que no se ponen de acuerdo ni siquiera respecto a al fórmula con la que convocar el pleno que debería votar la declaración unilateral, partiendo de la base de que, hasta hace poco, el PDCat entendía que ese trámite era innecesario una vez que había pasado por las «urnas» del 1-O.