Este jueves la Comisión Europea presentó el informe Autumn 2017 EconomicForecast. En el apartado destinado a España, la Comisión afirma que España terminará el 2017 con un crecimiento del 3,1% (cuatro décimas más que su último informe) y pronostica crecimientos del 2,5% para 2018 y 2,1% para 2019.

Resulta llamativo que, a pesar de señalar que existe riesgo de que el asunto catalán pueda influir negativamente, reconozcan no ser capaces de evaluar el impacto. No es admisible que la Comisión, con todos los medios materiales y humanos de los que dispone, no sea capaz de hacer estimaciones sobre el más que evidente deterioro que se está produciendo en la economía por el desafío independentista.

Desde que comenzó el Autumn catalán, se ha producido la salida de más de 2.000 empresas que por su tamaño representan el 36% del PIB catalán, la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo, una caída media de las ventas (dependiendo el sector) de un 30% y fuga de capitales cercana a los 50.000 millones de euros. Todos estos hechos no pueden ser pasados por alto por la Comisión Europea, pero menos aún los análisis realizados por diferentes organismos.

Las empresas que han salido de Cataluña representan el 36% del PIB catalán

El mensaje que las agencias han enviado a sus clientes sobre el escenario inversor en Cataluña es muy claro: “Cataluña se encamina hacia una prolongada e intensa dinámica de falta de control, inseguridad legal y enfrentamientos civiles. Las consecuencias son impredecibles, pero en cualquier caso dramáticas en términos de coexistencia, crecimiento económico y empleo”.

El rango del daño que se producirá en la economía catalana, y, por ende, en la española, dependerá en gran medida del resultado electoral que se dé el 21-D, y ese es el elemento de incertidumbre mayor. Hoy, las encuestas indican que los escenarios más probables son la victoria de las fuerzas independentistas o bien la de una minoría separatista apoyada por la izquierda radical. Ambos casos llevan a la conclusión citada por las agencias, pero también convergen en las previsiones de la Autoridad Fiscal Independiente, que pronostica crecimiento cero en Cataluña, o del Banco de España, para quién el crecimiento del PIB en España en 2018 podría ser del 1,8% y del 1% para el año 2019 por el impacto del asunto catalán en la situación más pesimista.

Por otro lado, la Comisión ha pronosticado que España cumplirá el objetivo de déficit del 3,1% en 2017. Sin embargo, obvia que ese objetivo es harto complicado de ser realidad, ya que la contabilidad nacional refleja que, según los datos publicados por el Ministerio de Economía hace unas semanas respecto al segundo trimestre, el déficit era de 25.500 millones de euros, es decir, el 4,4% del PIB. Por lo tanto, si el crecimiento del tercer trimestre fue el 0,8% y los datos de previsión del cuarto trimestre indican que será menor por la ralentización de la demanda y por el conflicto catalán, será imposible que España cumpla con el objetivo del 3,1% para 2017, salvo que haya “malabarismos contables” difíciles de asimilar que así lo permitan.

Por último, también llama la atención las previsiones que la Comisión Europea realiza sobre la evolución de la deuda pública española. En su informe, afirma que en 2017 la deuda PDE (protocolo de déficit excesivo) será del 98,4% sobre el PIB y disminuirá hasta el 95,5% en 2019, sin embargo, obvia dos detalles muy importantes.

La CE ha establecido para España un objetivo de déficit público del 2,4%

Según los datos del Banco de España, la deuda PDE en el segundo trimestre era de 1,137 billones de euros, habiendo crecido en más de 30.000 millones de euros respecto a 2016. Esto quiere decir que la deuda PDE en 2017 ha crecido un 5,2% sobre el PIB.

Por otro lado, la Comisión Europea ha establecido para España un objetivo de déficit público del 2,4% para salir del protocolo de déficit excesivo en el año 2018, por lo tanto, la previsión de deuda para el año 2019 no puede ser del 95,5% sobre el PIB, ya que si España abandona el protocolo de déficit excesivo, computarán como deuda las inversiones comerciales, por lo que la deuda real se situará en 1,6 billones de euros en lugar de los 1,13 billones, por lo que el ratio de estimación pasaría a ser del 140% en lugar del 95,5%.

En resumen, la Comisión Europea ha emitido unas previsiones erróneas sobre la evolución de la economía española, ya sea por error u omisión de datos relevantes, como son el impacto del desafío separatista en Cataluña, la insuficiente recaudación frente al mantenimiento del gasto público y la excesiva dependencia a la emisión de deuda de forma indiscriminada para el sostenimiento de las cuentas públicas.

Transmitir informes optimistas y errados en un momento crucial para España, donde el Gobierno ha decidido otorgar la enorme responsabilidad al pueblo catalán de decidir sobre el futuro que marcará la economía en los próximos años, puede ser un error de graves consecuencias, ya que los ciudadanos tienen que saber, hoy más que nunca, la verdad para tomar la decisión correcta.