El golpe secesionista está siendo muy revelador respecto al funcionamiento de la Unión Europea, porque se están dando situaciones inéditas. Nunca antes un expresidente regional acusado de delitos contra la soberanía y la integridad territorial había huido a otro Estado Miembro. Sí, estaban los casos de los etarras, pero Puigdemont no es un terrorista. Es un golpista.

La Unión no es un territorio, sino un espacio político con un marco legal común que se basa en unos valores y principios. Es el no compartir estos principios y no la situación geográfica lo que explica, por ejemplo, que Turquía no haya entrado ni vaya a entrar en la UE. Y es la quiebra de estos valores y del marco legal lo que justifica las sanciones que Bruselas está en trámite de imponer a Polonia. Por tanto: si estás en la UE y no tienes abierto un procedimiento de sanción es porque cumples el marco legal y respetas los principios.

Por este motivo, el traslado de un fugitivo como Puigdemont de un país a otro de la Unión debería ser una mera cuestión burocrática y de papeleo. Ni siquiera habría que hablar de extradición cuando es entre socios europeos. En cambio, el fiscal belga se ha permitido afirmar que el principio de confianza mutua no es suficiente en este procedimiento, y nos envía un cuestionario sobre el sistema penitenciario español que resulta particularmente ofensivo, porque los datos que se conocen evidencian que las cárceles de nuestro país no son de lejos peores que las belgas. Más bien al contrario.

El traslado de un fugitivo como Puigdemont a otro país de la Unión debería ser una mera cuestión burocrática

Es obvio que Puigdemont y el resto de prófugos no eligieron Bélgica por casualidad, sino precisamente por esa injustificable brecha de excepcionalidad que se reserva la justicia belga para evaluar la de otros estados de la UE como si fueran terceros países.

En el cálculo de los ex miembros del Govern estaba también vampirizar la vulnerable situación política belga en beneficio propio. Al final, lo único que han conseguido los golpistas es desestabilizarla aún más y convertirse en una pesadilla para Charles Michel. Porque lo que se dice apoyo, el único que han logrado es el de (literalmente) cuatro de la extrema derecha flamenca.

No obstante, no pretendo sugerir que ese marco de excepcionalidad legal vaya a traducirse necesariamente en un mejor trato judicial: el juez belga de hecho ha convocado una segunda audiencia para el 4 de diciembre, con lo que su decisión sobre la extradición tendría lugar a mediados de mes. En plena campaña electoral, por cierto. Una campaña en la que Puigdemont encabeza una lista.

Puigdemont y el resto de prófugos eligieron Bélgica por esa injustificable brecha de excepcionalidad que se reserva la Justicia

Bélgica es miembro fundador de la UE y la separación de poderes se da por hecha. Sólo pido el mismo trato para España. La Unión tiene que revisar muchos mecanismos internos. Tenemos marcos comunes exigentes en cuestión de derechos fundamentales, luego es lógico evaluar e instar a que se corrijan las disfunciones. Pero, una vez que esto se ha hecho, es inaceptable que un país europeo se permita poner a otro bajo sospecha. No es admisible ni recomendable, ya que hoy es España quien cursa la euro orden, pero igual mañana será Bélgica quien tenga que hacerlo. Ayer mismo nos pedía apoyo para que una comisaria de Policía belga dirija (ni más ni menos que) Europol… Entre socios sólo cabe la cooperación. Y la buena educación.

 

Beatriz Becerra Basterrechea es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo ALDE