Es muy probable, aunque no es seguro, que JxC, ERC y la CUP acaben firmando un acuerdo para salir del impasse en el que se encuentra el gobierno de Cataluña. Todo apunta a que uno de los ejes de ese acuerdo será la decisión de proponer a Jordi Sánchez (número 2 en la lista encabezada por Carles Puigdemont a las elecciones del 21-D) como candidato a ser investido presidente de la Generalitat.

Sánchez, que ejerció durante años el liderazgo de la organización de masas independentista ANC, se encuentra en prisión preventiva acusado de graves delitos, como rebelión o sedición y malversación.

Si el pacto soberanista se concretara, el abogado de Sánchez solicitaría formalmente al juez que instruye la causa en el Supremo, Pablo Llarena, permiso para acudir a la Sesión de Investidura en el Parlamento de Cataluña.

Las fuentes del Supremo apuntan a que Llarena rechazará esa petición, lo que haría imposible su elección, ya que, según estableció el Tribunal Constitucional para el caso de Puigdemont (27-1-2018), el discurso de investidura debe ser presencial y necesita, por tanto, de la pertinente autorización judicial.

En la práctica, eso significaría que un juez instructor estaría determinando que un diputado que ha logrado el apoyo de la mayoría del Parlament no pudiera ser elegido para ocupar la presidencia de la Generalitat. Hay que tener en cuenta que, como preso preventivo, Sánchez mantiene intacta la presunción de inocencia y que podría darse el sinsentido de que, en el futuro, una sentencia absolutoria dejara en evidencia una medida cautelar que ha primado la elusión de hipotéticos riesgos sobre los derechos políticos del investigado.

Contra el independentismo tampoco valen atajos. Hasta el momento, Sánchez es sólo un preso preventivo y tiene intacta la presunción de inocencia

El debate es muy importante porque pone sobre la mesa los límites de la Justicia para resolver problemas que tienen dimensión política. Los independentistas quieren llevar al Estado a una situación extrema que les permitan dotarse de armas propagandísticas de cara a la opinión pública y, sobre todo, útiles para ganar terreno en el frente internacional.

¿Cuáles son los argumentos que Llarena puede manejar para rechazar la petición de la defensa de Sánchez para que pueda acudir a la sesión de investidura? En primer lugar, el riesgo de reiteración delictiva. Es evidente que si Sánchez fuera elegido presidente de la Generalitat podría impulsar desde esa posición de privilegio un nuevo proceso de ruptura anticonstitucional. Esa es la diferencia esencial respecto del caso del etarra Juan Carlos Yoldi, que pudo acudir a una sesión de investidura en el Parlamento vasco como candidato de la izquierda abertzale siendo preso preventivo. Las posibilidades de que Yoldi fuera elegido eran nulas y, por tanto, el riesgo de reiteración delictiva como lehendakari inexistente. Al margen de que una decisión del Tribunal Superior del País Vasco, como fue aquella, no crea jurisprudencia y que, por tanto, debe ser el Supremo el que marque la pauta sobre esa cuestión.

El otro argumento que se maneja en el Supremo para rechazar la petición de Sánchez es el riesgo de que se produzcan altercados ciudadanos cuando sea puesto en libertad para acudir al Parlament. Pero, sin duda, esa razón es de menor calado, dado que el preso sería el primer interesado en que esa circunstancia no se produjese.

Tiene, por tanto, Llarena toda la capacidad para decidir sobre el rechazo a la petición de permiso de Sánchez para acudir a la sesión de investidura. El problema es qué consecuencias políticas puede tener esa decisión.

Los independentistas van a plantear la, bajo su punto de vista, aberración de que sea un juez de instrucción el que determine el nombre del futuro presidente de la Generalitat. De hecho, ya lo están haciendo desde sus medios afines.

Sánchez, como ya apuntaba al inicio de este artículo, es un preso preventivo y, por tanto, aún no hay una sentencia firme que determine si ha sido responsable de los graves delitos de los que se le acusa. Además, el número dos de JxC puede argumentar en su favor su declaración ante el propio juez Llarena (11-1-2018) para justificar que no existe riesgo de reiteración delictiva. El ex líder de la ANC rechazó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y anunció que renunciaría a su escaño si su partido recurría a vías unilaterales para declarar la secesión. “Mi opinión sobre la DUI ha sido siempre la misma: no es el camino”, afirmó ante el Supremo. Al terminar su declaración, le dijo al juez que desde la prisión de Soto del Real era muy difícil demostrar que no existía ningún riesgo de reiteración delictiva.

A los jueces no se les puede pedir que arreglen problemas generados por la irresponsabilidad o la desidia de los dirigentes políticos

Si, finalmente, Sánchez no puede acudir al Pleno de Investidura, la decisión será recurrida ante el propio TS, ante el Constitucional y, seguramente, ante el Tribunal de Estrasburgo. Y hay un peligro cierto y elevado de que dicho tribunal eche para atrás esa decisión al entender que se están vulnerando derechos políticos, con el coste que ello tendría para nuestra democracia.

El Gobierno está muy presionado desde los sectores más conservadores para que no dé un respiro al independentismo. La ascensión de Ciudadanos tiene que ver con su postura intransigente con los secesionistas y eso pone nervioso al PP. De ahí que algunas fuentes gubernamentales anuncien ya la prolongación del 155 si el juez Llarena decide finalmente facilitar la investidura de Sánchez. Ese sería otro paso en falso.

La legitimidad del 155 consiste en evitar que el gobierno de la Generalitat tome medidas claramente inconstitucionales, pero no en sancionar acciones futuribles.

Lo que está en juego es vital para nuestro sistema democrático. Contra los golpistas que han pretendido la ruptura de España no valen atajos. La única batalla legítima consiste en aplicar la ley en toda su amplitud, pero también con todas sus garantías.

A los jueces no se les puede pedir que arreglen problemas generados por la irresponsabilidad o la desidia de los dirigentes políticos.

Llarena no puede pasar a la historia como el juez que decidió el nombre del presidente de la Generalitat.