“La decisión está en manos del juez Llarena” y si éste acepta que el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, acuda al Parlament para ser investido presidente de la Generalitat “no queda más narices que tragarlo”. Así de tajantes se muestran fuentes gubernamentales respecto a la hipótesis de que el independentismo haya alcanzado un acuerdo en torno a la figura de Sánchez, encarcelado en Soto del Real (Madrid) por riesgo de reiteración delictiva.

Que al Gobierno se le hace difícil aceptar que un encarcelado pueda ser investido presidente es más que una evidencia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló este martes que el mantenimiento del 155 en Cataluña depende no tanto de quién sea presidente sino de que se cumpla la ley. “El 155 se aprobó como consecuencia de una situación de incumplimiento grave por parte del Gobierno de Cataluña. Por tanto, no es una cuestión de personas, no es quién sea el futuro presidente o cuáles sean sus circunstancias. Es que la Generalitat cumpla con sus obligaciones”, afirmó tras subrayar que no cree que Sánchez esté en condiciones de asumir esa responsabilidad. Y es que Moncloa quiere un candidato “limpio”, sin causas judiciales pendientes.

Impedir la investidura de Sánchez o ampliar el 155 tras la formación del gobierno catalán “daría alas a la rebelión”

El Gobierno “va a trabajar para que no haya ilegalidades, fraude de ley o incumplimientos del reglamento del Parlament como hemos  hecho hasta ahora, pero antes habrá que  ver si lo de Sánchez es cierto” y, a partir de ahí, “cada uno debe actuar según sus competencias”, incluido el juez Llarena y los Grupos Parlamentarios de la Cámara “que también pueden acudir a la Justicia si así lo estiman necesario”.

Sánchez es uno de los cuatro cabecillas del “procés” que permanece en prisión preventiva, en su caso, imputado por un supuesto delito de sedición, no de rebelión. En una de sus últimas comparecencias ante el juez Llarena llegó a afirmar que dejaría su escaño si se volvía a vías unilaterales. Pero aún así el juez del Tribunal Supremo ha rechazado una tras otras todas sus peticiones de puesta en libertad alegando esa sospecha de reiteración delictiva. Desde el Gobierno prefieren no hacer especulaciones respecto a cuál podría ser la respuesta del juez ante la petición de acudir a la cámara autonómica a ser investido, pero insisten en que “si el juez da permiso a que vaya hay que aceptarlo”, primero porque supondría desautorizarle y, segundo, “porque si no no habrá ido en las listas”.

Pendiente de su inhabilitación

Creen que pretender impedir la investidura de Sánchez o ampliar el 155 tras la formación del gobierno catalán “daría alas a la rebelión” y recuerdan seguidamente que “si luego lo inhabilitan, es otra cosa”, en relación a la pretensión de Llarena, adelantada por El Independiente, de suspenderle de sus derechos políticos en cuanto abra auto de procesamiento, a finales de marzo. Ahí se acabaría con el dilema de tener a un president encarcelado. Además, en caso de que el nuevo gobierno autonómico incurriera otra vez en la panoplia de ilegalidades del anterior, se activaría otro 155 -esta vez más largo y más duro-. Debería ponerse en marcha todo el proceso, entre otras cosas, porque habría que requerir al president y volver a someterlo a consideración del Senado.

El 155 termina con la toma de posesión del nuevo gobierno catalán, no con la investidura del president

Eso sí, para que se pusiera punto y final a la aplicación del actual 155 y si el independentismo insiste en la candidatura de Sánchez, éste no sólo debería ser investido sino, también, pedir permiso al juez para poder tomar posesión de su cargo y, con él, el resto del Govern. Y es que el acuerdo del Senado que puso en marcha el 155 especifica en su punto E.9 que la intervención mantiene su vigencia “hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña”.

“El decreto está escrito clarito, clarito”, señalan fuentes de Moncloa, que ponen el acento en el pacto con PSOE y Ciudadanos que hizo posible la intervención de la Generalitat.

Ese mismo apartado apunta a que el Ejecutivo, atendiendo a la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación, “llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejan”.

La opción del “conseller en cap”

En principio, ni siquiera el Constitucional podría plantear un incidente de ejecución, puesto que en sus cautelares con respecto a Carles Puigdemont, exigía no sólo que la investidura fuera presencial y sin posibilidad de delegar el voto, sino que tampoco podría procederse a la investidura del candidato “sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”. Si Llarena autoriza a Sánchez esa presencia, entra dentro del pronunciamiento del alto tribunal. Otra cosa es que el Gobierno entienda que esa investidura es inviable ante la imposibilidad de que el líder de la ANC ejerza la presidencia, aunque no es descartable que su ausencia se supla con un “conseller en cap”, esto es, un “consejero jefe” en quien recayera realmente la gestión de la presidencia autonómica.