Llegó a la sesión de investidura en el furgón policial, directo desde la cárcel. Era uno de los dos candidatos a ser elegido lehendakari para los próximos cuatro años y lo hizo poco después de que la Justicia resolviera que podía hacerlo. El preso –preventivo- podía optar a ser elegido, sus derechos seguían intactos y no existían razones legales para que se le impidiera aspirar a presidir Euskadi.

Sucedió hace ya 30 años pero el caso del entonces preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, podría asemejarse a muchos de los elementos que rodean el caso del candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, tras la decisión del juez Llarena de mantenerle en prisión. Si las urnas del 21-D y ERC así lo determinan, al ‘caso Yoldi’ de 1987 ahora podría sumarse el ‘caso Junqueras’, a quien como Yoldi, el 26 de febrero de 1987, también podríamos ver llegar en un furgón policial al Parlament para aspirar a presidir Cataluña

Aquella campaña electoral, la Herri Batasuna de Jon Idigoras decidió que la mejor campaña de apoyo a los presos de ETA sería situar como cabeza de cartel y candidato a lehendakari a uno de ellos. A finales de los 80 HB apenas participaba en las instituciones pero sí las utilizaba para sus campañas de comunicación y como altavoz de sus reivindicaciones y esa sesión de investidura le brindaba un nuevo y desconocido escaparate.

El candidato de HB a lehendakari llegó en furgón policial al pleno de investidura en 1987 y con la autorización de la Justicia

Juan Carlos Yoldi (Ataun, 1963) era un preso de ETA de 25 años, pendiente de ser juzgado y condenado. Sobre él pesaba la acusación de haber participado en un comando de ETA que había atacado en Guipúzcoa infraestructuras ferroviarias. Las asambleas de HB lo eligieron para encabezar la lista de Guipúzcoa, la que históricamente lidera quien aspira a ser lehendakari. Yoldi nunca se había dedicado a la política pero aquello daba igual. El candidato Yoldi pasó la campaña en prisión y fue en la cárcel donde conoció que había salido elegido y ocuparía un escaño en la Cámara de Vitoria. Incluso acudió a ella para recoger el acta.

No dañar los derechos de ‘sus electores’

La polémica surgió ante el pleno de investidura. ¿Podía un preso concurrir y optar a ser elegido presidente de una comunidad? La Audiencia Nacional remitió el caso a la Audiencia de Pamplona para que determinara si los derechos de Yoldi permanecían intactos y por tanto podría presentarse a la sesión de investidura.

En su resolución el tribunal determinó por unanimidad que sí, que podría hacerlo ya que de impedir a un ciudadano “en prisión preventiva, aunque estén acusados de delitos castigados con penas severas, su presentación como candidatos a parlamentarios o a presidentes de las comunidades autónomas” lo que realmente se estaría haciendo es “oponer trabas al ejercicio de su derecho” y lesionaría a su vez “los derechos políticos de sus electores”. La negativa y rechazo de la Fiscalía del Estado, que argumentó que no se podía permitir “a un terrorista” presentarse, de nada sirvió.

El 20 de febrero de 1987 era la fecha inicialmente prevista pero no fue hasta una semana más tarde, cuando finalmente se pudieron despejar las dudas legales, cuando el Parlamento Vasco celebró la sesión que investiría al futuro lehendakari. La víspera Yoldi había sido trasladado de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a la prisión de alavesa de Nanclares de la Oca. Fue allí donde se pudo entrevistar con algunos de los parlamentarios más experimentados de HB que le entregaron el discurso que al día siguiente debía leer desde el estrado parlamentario.

El candidato Yoldi ‘competiría’ con el aspirante que presentaría el PNV, José Antonio Ardanza, que tenía la elección asegurada gracias al apoyo del PSE.

En el Parlamento Vasco gozó de plena libertad de movimientos; comió con su familia, un ‘vís a vís’ con su novia y una rueda de prensa

Tras la resolución de la Justicia se tuvo que acordar todos los detalles de una situación desconocida hasta entonces. ¿Cómo debía tratarse al preso y ‘candidato a lehendakari’? ¿Debía tener plena libertad en el interior de la Cámara o debía ser restringida? ¿Podrían acceder al Parlamento sin agentes para vigilarle?

El entonces presidente del Parlamento Vasco, Jesús Eguiguren, defendía que Yoldi pudiera concurrir y que incluso lo hiciera con plena libertad de movimientos dentro de la Cámara y sin presencia policial. Y así lo avaló la Justicia. El día del Pleno de investidura el etarra pudo circular con total libertad en las instalaciones del Parlamento vasco. Se reunió con su grupo, comió con sus familiares en la cafetería de la Cámara, mantuvo un vís a vís con su novia e incluso pudo dar una rueda de prensa, siempre bajo la atenta mirada de una discreta vigilancia policial de paisano.

Terrorista “por defender la soberanía”

Su discurso fue lo de menos pero en él no olvidó la reclamación de la soberanía para el País Vasco, el apoyo a la lucha de los presos y el resto del argumentario tradicional de HB. “Vengo de la cárcel y vuelvo a la cárcel, pero somos muchos y cada vez seremos más”, aseguró desde la tribuna. Reclamó el derecho de autodeterminación para Euskadi y denunció que el pueblo vasco está viendo en peligro su existencia. “No faltarán hijos de esa voluntad dispuestos a tomar las armas en sus manos”, dijo.

Yoldi se presentó como un “preso político” y afirmó que si defender la “soberanía de mi pueblo” era ser terrorista, “yo soy terrorista”

Concluyó su alocución afirmando que “vuelvo a la cárcel satisfecho por haber representado el orgullo de un pueblo que no claudica”, dijo. En una comparecencia ante los medios llegó a afirmar que “si defender la soberanía de mi pueblo es ser terrorista, yo soy terrorista”. Y como algunos se refieren a los miembros del Govern aún en prisión, también Yoldi se presentó como un “preso político”.

Su formación ni siquiera llegó a votarle al ausentarse de la votación en un gesto de rechazo a las instituciones habitual en aquellos años por parte de la izquierda abertzale. Terminada la sesión, Yoldi, el preso de HB que un día aspiró a ser lehendakari, volvió a la cárcel. Allí cumplió 16 años de condena de los 25 que le fueron impuestos por un delito de pertenencia a banda armada, depósito de armas y estragos. Condena que una vez firme, en 1988, le obligó a dejar el acta de parlamentario, condición de la que gozó más de un año. Jamás volvió a pisar el Parlamento.