La apuesta de los seguidores de Puigdemont al proponer a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat es doble: por un lado, mantener el enfrentamiento con el Estado en la medida de que están casi seguros de que el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no va a permitir que un hombre en prisión preventiva sea puesto en libertad por la razón -importante pero no determinante a ojos de la Justicia- de que el parlamento catalán  haya decidido elegir como presidente a un preso. Lo que le interesa a Puigdemont por encima de todo es mantener la tensión política entre la población independentista, única vía para intentar impedir que se le hunda la construcción ilusoria levantada durante muchos años y con éxito indudable mientras no tuvo que enfrentarse con la realidad. Y, por otro lado, la segunda razón por la que el huido de Waterloo se ha tomado la libertad de designar a su sucesor y de imponer su candidatura a los otros dos partidos  secesionistas es porque está decidido a conservar, y a ejercer, un poder que ya no tiene pero que hasta el momento le siguen reconociendo de hecho tanto ERC, aunque le irrite, como la CUP.

Puigdemont y quienes le apoyan no tienen prisa para facilitar el levantamiento del 155

Estos dos motivos buscan mantener a los catalanes en un estado de inquietud y de incertidumbre cuanto más tiempo mejor porque lo que ha quedado demostrado es que Puigdemont y quienes le apoyan no tienen la menor prisa para facilitar el levantamiento del artículo 155. Es más: según ha publicado el pasado lunes Cristina de la Hoz en este periódico, entre los funcionarios de  la administración catalana identificados claramente con Puigdemont o Junqueras  se han empezado a producir tensiones, incluso sabotajes. El Gobierno les acusa  de “buscar la forma de hacer daño”, de “poner pegas” , de  “boicots internos” y de organizar “escaramuzas de todo tipo”. Y tampoco esto, como la propuesta de Jordi Sánchez como candidato, es casual. Al contrario, forma parte de la estrategia de tensionar al Estado por tierra mar y aire el mayor tiempo posible para intentar encontrar una brecha por la que puedan volver a intentar vencerlo. O, si no pueden, que no podrán, al menos desacreditar a España ante las instancias internacionales.

En ese propósito se inscribe el reto de pedir al juez Llarena que atienda a la voluntad expresada por el Parlamento catalán de encargar a alguien en plenitud de sus derechos políticos que asuma la presidencia del gobierno. Eso no es aún completamente cierto porque, aunque esa candidatura es del todo contraria a sus propósitos, los republicanos la han aceptado a su pesar porque esperan dos cosas: obtener a cambio las tres consejerías, Sanidad, Bienestar Social y Enseñanza, que  engloban el 80% de los presupuestos de la Generalitat y porque, una vez  habiendo tragado con la propuesta de Jordi Sánchez como presidente, lo que esperan – lo que desean fervientemente- es que el juez Llarena no le permita salir de la prisión para asistir a la sesión de investidura.

Pero si no fuera así, si el juez decidiera aceptar parte de los argumentos del abogado del ex líder de la ANC, Esquerra no tendría otra salida que votar a favor de su candidatura e investirle president. Claro, president por unas horas porque, en ese improbable caso, una vez recibido el encargo de ocupar la jefatura del gobierno autonómico, la Guardia Civil le acompañaría de nuevo a la cárcel de Soto del Real, en una de esas escenas delirantes que sólo creíamos que se daban en las comedias de los hermanos Marx o de Jack Lemon y Tony Curtis. Pero, en fin, como no sabemos lo que va a decidir el juez, tenemos la obligación de considerar esa posibilidad. Y, en esa situación, a la CUP no le quedaría más remedio que también apoyar su candidatura por más que se opongan a ella porque no se atreverían a derribar el montaje de sus aliados. Y, en ese caso,  la tensión no solo continuaría sino que subiría unos cuantos grados hasta llegar probablemente a la ebullición porque ¿qué más podría soñar el independentismo para volver a levantar a sus huestes de la postración en la que han caído que tener a un presidente de la Generalitat en prisión? ¡Lluis Companys  redivivo!  Sería la realización del mejor de sus sueños.

La responsabilidad ante los tribunales no puede ceder el paso a las apelaciones políticas

Lo que sucede es que, aunque se manejen argumentos de peso político como que, como dice su abogado, “no suspender la prisión que pesa sobre mi mandante afectaría de modo irreversible ya no sólo a sus derechos individuales […] sino que tendría graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Catalunya, dado que se estaría impidiendo la investidura de aquel candidato que cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. En tal medida, se estaría lesionando gravemente el derecho de Catalunya a su autonomía (art. 2 CE)” , resulta que, en mi opinión, la responsabilidad ante los tribunales no puede ceder el paso a las apelaciones políticas, por muy relevantes que sean, y éstas lo son. Y es un hecho que, cuando se presentó a las elecciones como número dos de Puigdemont con un compromiso por la independencia que el número uno de la lista sigue reivindicando desde su refugio belga como único objetivo político de su candidatura, el señor Sánchez ya era preso preventivo. Son por lo tanto los diputados independentistas quienes buscan el choque con la Justicia con su hipotético voto a Sánchez. Pero la Justicia no puede plegarse ante la política.

Lo que es seguro que si Llarena le deniega la libertad para acudir el lunes al pleno convocado por Torrent  -porque la petición de su puesta en libertad definitiva está completamente descartada- su abogado presentará inmediatamente un recurso ante el Tribunal Constitucional y en ese caso lo que el TC decida es una incógnita.  Pero está garantizado que la tensión y el sobresalto seguirán azotando a todos los españoles, aunque mucho más a los catalanes de quienes los independentistas esperan que vivan el mayor tiempo posible como si tuvieran los dedos metidos en un enchufe. De eso se trata para todos ellos porque saben que el independentismo ya no puede sobrevivir en la normalidad.