Ni el juez Pablo Llarena ni la Guardia Civil parecen estar dispuestos a dar tregua a los independentistas ni al ministro de Hacienda. Los agentes que investigan un presunto desvío de dinero público para sufragar los gastos derivados del proceso de independencia, referéndum incluido, acaban de proporcionar la juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo la documentación que parece probar que la interventora de la Generalitat estaba perfectamente informada de que el gobierno autonómico catalán se disponía a destinar nada menos que 2,5 millones de euros para cubrir los gastos derivados de la consulta ilegal y que, sin embargo, no movió un dedo no sólo para impedirlo sino tampoco para denunciarlo. En definitiva, la Guardia Civil acusa a la interventora de connivencia con las maniobras ocultas malversadoras  de los dirigentes independentistas.

Pero eso también pone ante los ojos de la opinión pública española la dimensión formidable del error empecinado de Cristóbal Montoro cuando insistía una y otra vez en negar que se hubiera destinado "un sólo euro" del dinero público para esos menesteres. Parece que ahora ha decidido guardar silencio pero el daño político y judicial ya está hecho. Quienes quieren echar un capote al ministro aseguran que quiso decir que, salvo que desde la Generalitat se hubieran colado facturas falsas, de lo recibido en el ministerio de Hacienda nada permitía asegurar que un sólo euro público se había gastado en el procés. El argumento adolece de una debilidad tal que lo convierte en dramáticamente insostenible. Evidentemente, las que había que buscar y detectar eran precisamente las facturas falsas bajo las que se podían encubrir los gastos que demostraran la malversación de caudales públicos. ¿O esperaba el ministro recibir una relación oficial de las partidas ocultas para desviar el dinero con el que sufragar el referéndum independentista? La pretensión de que la enviada desde la intervención de la Generalitat era una documentación inmaculada mueve a risa y dibuja a un Cristóbal Montoro inocente como un niño, lo cual se compadece malísimamente con la imagen, más que pérfida, sagaz que siempre le ha gustado exhibir al actual ministro de Hacienda.

Y ahora acude la Guarda Civil a poner sobre la mesa los documentos que parecen probar que la interventora de la Generalitat estaba en el ajo y permitió con su silencio que se consumara parcialmente el fraude. Pero, como he dicho más arriba, el daño político y el daño judicial están ya hechos. El judicial, porque habida cuenta de la actitud mantenida por los jueces del tribunal regional alemán, la sola sugerencia del ministro español del ramo, responsable por lo tanto de las cuenta públicas, de que todo está correctamente hecho en lo relativo al uso del dinero público inclina inevitablemente a esos jueces y a esos fiscales a considerar la posibilidad muy cierta de que el ministro tenga razón.

Y ahora le toca al juez Llarena tener que demostrar que lo que sostiene Montoro es un error

Y ahora le toca al juez Llarena, apoyado por los informes de la Guardia Civil, tener que demostrar que lo que sostiene Cristóbal Montoro es un error como una casa porque no ha valorado ni por un momento la posibilidad de haber sido engañado por los funcionarios de la Generalitat, y en concreto por la interventora. Habrá que esperar a ver cual es la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein pero si también denegaran la entrega de Carles Puigdemont por malversación, como pide el magistrado español, que no le quepa la menor duda a Cristóbal Montoro de que va a ser señalado por todos como autor e impulsor de un nuevo fracaso del Supremo ante los jueces regionales de Alemania.

Y eso, que le sería reprochado sin piedad eternamente, supondría para las perspectivas políticas y electorales del Partido Popular un peso que podría impedirle levantar mínimamente el vuelo en las próximas elecciones. Más o menos como si cada candidato llevara atados a los tobillos unas bolas de granito. Porque la pretensión del presidente del Gobierno, según el cual "el Gobierno ha cumplido con su misión y ahora debe ser la Justicia la que determine si se han falseado facturas" intenta tapar, sin conseguirlo, el enorme agujero negro que ha dejado abierto su ministro de Hacienda cuando en ningún momento incluyó esa posibilidad, alta probabilidad más bien, en las insistentes declaraciones que han obligado al juez Llarena a pedirle explicaciones y demostraciones fundamentadas de lo afirmado con tanta terquedad como irresponsabilidad. El capote lanzado por Mariano Rajoy a Cristóbal Montoro está hecho de jirones y no va a servir ni para torear a un ternero.

 Y luego está el daño político que se aprecia en el alborozo con el que han sido recibidas las declaraciones del ministro en los ámbitos independentistas. Qué casualidad, ellos han entendido lo mismo que todos los constitucionalistas, todos menos Mariano Rajoy: que el ministro les ha hecho el favor de sus vidas.
Bien, ahora la Guardia Civil, que también "ha cumplido con su misión", le ha dejado a Montoro en la puerta de su ministerio los papeles que acreditan que la interventora Rosa Vidal ha intentado tomarle el pelo, que él se lo ha dejado tomar sin mover una ceja y que a continuación ha pretendido convencer a la opinión  pública de que desde la Generalitat se había respetado impecablemente la ley. Vaya una manera de "cumplir con  su misión".