Ya lo adelantaba el pasado viernes la ministra alemana de Justicia federal, Katarina Barley: “España tendrá que aclarar la petición de entrega por el delito de malversación”, algo que “no será fácil”. Ahora es la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein, a la que ha tenido acceso El Independiente, la que cuestiona que se pueda imputar a Carles Puigdemont por un delito de malversación de fondos públicos. Según informa este medio, que ha traducido la resolución, los jueces alemanes habrían pedido información complementaria al Tribunal Supremo para tomar una decisión al respecto.

La resolución pone sobre la mesa que lo expuesto en la euroorden “no satisface las exigencias del artículo 86 de la ley de cooperación internacional en asuntos penales, ni siquiera con el apoyo del informe complementario del juez instructor del 21 de marzo de 2018”. Y detalla que “no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjeron los hechos con la necesaria concreción del supuesto delito que permita asociarlo con claridad a los comportamientos atribuidos al reclamado”.

No contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjeron los hechos

Sí aparece en el escrito que recoge La Vanguardia, “que la descripción permite reconocer con claridad que el reclamado fue corresponsable (al menos políticamente) de la generación de los costes del referéndum, por un valor de aproximado de 1,6 millones de euros, y que, a la vista de la prohibición previa por parte del Tribunal Constitucional español, el gobierno autonómico no estaba autorizado a gastar dinero del presupuesto para estos fines”.

No obstante, matizan que “no queda aclarado si el Estado tuvo que hacerse cargo realmente de estos costes por haber sido sufragados con cargo al presupuesto regional, y si el reclamado instó dicha acción”.

A raíz de esta situación, en estas líneas se recoge que se ha solicitado a la fiscalía general de Schleswig-Holstein, “que conceda a las autoridades españolas la oportunidad de enviar información complementaria, en la medida de lo posible, a fin de que la sala pueda pronunciarse de manera definitiva sobre la admisibilidad de la extradición en lo tocante a esta imputación”.

La ministra de Justicia federal, Katarina Barley, que defendió la decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein sobre el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y aseguró que era “absolutamente correcta”, también remarcó que si el Gobierno de Mariano Rajoy no justificaba la petición de entrega por malversación “se levantará la orden de detención”.