La separación de poderes es algo más antiguo que el hilo negro. Aristóteles en el siglo IV a.C. ya había afirmado que para evitar el abuso de poder y garantizar la libertad individual era necesario dividir las funciones entre los órganos deliberativos, administrativos y judiciales. Montesquieu es quién sienta las bases de las democracias modernas, ya sean monarquías parlamentarias o repúblicas. Nadie duda que esa separación, independencia, así como recíproco control entre poder ejecutivo, legislativo y judicial conforman la base de un estado de derecho y una sociedad justa.

Lamentablemente, en España somos testigos privilegiados de un proceso de erosión de esa independencia entre poderes. La felonía catalana no por cansina puede ser ignorada. El Estado tiene la capacidad para castigar fácilmente al ciudadano que infringe una norma, además de manera instantánea. Acción, reacción. Te pillan saltándote un semáforo, multa. Perfecto.  Sin embargo, cuando algo atañe a la sociedad en general todo es más complicado. Un político se salta la ley, la Constitución, y el gobierno tarda meses en denunciar los hechos, manejando sus intereses electorales o estratégicos. El caso catalán es un atentado contra el Estado, el gobierno debe defender al Estado preservando la independencia de la justicia. Y el poder judicial actuar conforme a la ley.

Tiendo a simplificar y me funciona. Yo me salto la ley, me pillan, multa y a pagar lo que me toca. Un político o un parlamento hacen lo mismo y se mantienen impunes. Ojo que eso no significa que yo piense que las leyes siempre son correctas, no, pero hay que cumplirlas. Si estamos en desacuerdo hay mecanismos para intentar cambiarlas. Esas son las reglas del juego. Sin reglas, la jungla.

Las leyes no siempre son correctas, pero si estamos en desacuerdo hay mecanismos para intentar cambiarlas

Toda esta reflexión ha surgido como consecuencia de los comentarios del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ante la sentencia del caso de “La Manada”. Puedo entender que el pueblo sea capaz de juzgar sin haber leído una sentencia, basándonos únicamente en nuestros prejuicios o las apariencias. La realidad es que todos lo hacemos, es consustancial a la naturaleza humana, o hispana al menos. La ignorancia nos hace atrevidos. Lo que soy incapaz de comprender es que un Ministro de Justicia opine sobre una sentencia de un juez. Es puro populismo, tal vez le ayude a ganar votos, pero pierde honorabilidad y credibilidad.

Ahora en Asturias están con el debate de la cooficialidad del bable. A mí me parece un gasto de dinero público estéril que solo interesa a algunos para obtener un modus vivendi sin dar un palo al agua. Pero a lo que vamos, allí utilizamos algunas expresiones y palabras que, bajo mi punto de vista, dotan de una intensidad, precisión y riqueza al lenguaje imposible de traducir. A colación de lo que hablaba en el párrafo anterior, me viene a la mente la palabra charrán, que en castellano vendría a traducirse como charlatán, pero con mucha más chicha. En fin, podría parecer que tanto estudiar para nada. Mejor vamos a pensar que todos cometemos errores y no perdamos la fe. Seamos implacables en defender lo que tanto costó conseguir, una democracia y un estado de derecho. Suerte.


Kike González es exdirector de Renta Variable de Ahorro Corporación