Opinión

En el Supremo se decide el partido

El juez Pablo Llarena, en Barcelona junto al jefe de los Mossos, Ferran López.

El juez Pablo Llarena, en Barcelona junto al ex jefe de los Mossos Ferran López. EFE

El partido se juega en España y no en Alemania. Y en el Tribunal Supremo, tanto el magistrado Pablo Llarena como los fiscales del ‘procés’, han dejado meridianamente claro que los jueces germanos se han extralimitado al entrar a valorar si se cometió o no un delito de rebelión por parte de Carles Puigdemont cuando lideró la declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado mes de octubre.

“La tipificación como alta traición fracasa debido a que los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 no alcanzaron el grado de violencia necesario para que se cumpliera el elemento no escrito del tipo, la «idoneidad» de la fuerza, para la consecución del fin perseguido”, dijeron los togados de la Audiencia de Schleswig-Holstein.

Negar a estas alturas que, la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein cayó como un jarro de agua fría en el Supremo sería desvirtuar la realidad. No reconocer que el fallo alemán ha supuesto un gran contratiempo en la instrucción del ‘procés’ sería absurdo. Pensar que Alemania iba a obligar al juez Llarena y a la Fiscalía a reducir a un delito de malversación su respuesta jurídica al mayor intento de fracturar España vivido en nuestra democracia, también.

Pensar que Alemania iba a obligar a Llarena y a la Fiscalía a reducir a un delito de malversación su respuesta jurídica al mayor intento de fracturar España vivido en nuestra democracia sería absurdo

Sin duda, el desconcierto en los investigadores del ‘procés’ tras recibir el primer varapalo alemán fue mayúsculo. Alemania tiene tipificado el delito de alta traición en su código penal; de ahí que la doble incriminación de la rebelión estaba, a priori, asegurada. La sorpresa no pudo ser más desagradable ni más impredecible.

Los jueces de la audiencia provincial germana decidieron analizar el fondo de la cuestión y examinar el grado de la violencia existente en torno a la declaración unilateral de independencia de dicha autonomía para llegar a la conclusión de que no procedía cumplimentar la euroorden por dicho delito.

La sensación que se ha respirado en los últimos tres meses en el Alto Tribunal, junto con la de soledad, es que los jueces alemanes habían ninguneado a la justicia española y que esa decisión judicial había sido fruto en parte de la potente maquinaria propagandística que ha acompañado a Puigdemont en el periplo europeo con el que ha intentado esquivar el ingreso en una prisión española.

La huida del ex president y el fallo de los magistrados de Schleswig-Holstein no era el escenario que Llarena barajaba cuando asumió la instrucción de causa más importante de su carrera. Sin embargo, si algo ha quedado claro ahora es que Alemania no manda en el Tribunal Supremo. Ni tiene la última palabra.

El pasado jueves, el magistrado del ‘procés’ afirmó con buenas palabras en su auto que no va a tragar con la exigencias de tres jueces alemanes que no han sabido medir la gravedad de los hechos que tuvieron lugar el pasado mes de octubre en Cataluña ni se han molestado en acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en aras de interpretar de forma correcta la euroorden.

Si algo ha quedado claro es que Alemania no manda en el Tribunal Supremo ni tiene la última palabra

Simultáneamente, los fiscales del Supremo afirmaron al unísono que aquellos nuevos tiempos políticos a los que apelan los independentistas para obtener sus libertades no cambia nada. Los líderes del 1-O estaban convencidos que tras la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, las prisiones preventivas iban a convertirse en libertades y la rebelión en conspiración para la comisión del delito.

Sin embargo, según el Ministerio Fiscal que encabeza María José Segarra, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex conseller Josep Rull o el líder de ANC Jordi Sánchez, entre otros, aquellos a los que Puigdemont abandonó, deben seguir en prisión por el elevado riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

El expresident puede ahora moverse con libertad por el mundo pero ha quedado condenado  a la ‘pena’ del destierro y en los próximos veinte años no podrá volver a Cataluña o será detenido. Quizás esto se deba a que los noventa minutos de juego transcurren en España.

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