Hiciera lo que hiciera al final de las deliberaciones, el daño estaba ya hecho. Y lo estaba porque el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, adoptó la insólita decisión de avocar a Pleno el 19 de octubre para examinar y, como ha sucedido al final, volver a cambiar la doctrina que la Sección Segunda de esa Sala había establecido el día anterior en una sentencia que hacía cargar sobre los bancos -y no sobre el cliente, como había sido durante los últimos 20 años- el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Hay que aclarar de todos modos que la sentencia dictada y notificada el 18 de octubre es firme y deberá ser cumplida, de modo que el banco correspondiente tendrá que hacerse cargo del impuesto cuyo pago recurrió el Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid y que la Sección Segunda de la Sala Tercera le ha eximido de asumir. Pero, una vez hecho eso, volvemos a la casilla de salida y de ahora en adelante volverán a ser los clientes, como ha sucedido siempre hasta ahora y como sucede también en los países de nuestro entorno, quienes asuman el pago de ese tributo.

Pero no sólo era inaudita la decisión del presidente de avocar a Pleno de manera absolutamente irregular y por razones extrajurídicas. También lo era la pretensión, que se ha consumado, de desactivar y revocar el cambio de doctrina producido por la Sección Segunda. Y, por si eso fuera poco, también ha sido inaudito, además de inaceptable, el comportamiento del magistrado Díez-Picazo a la hora de presidir las deliberaciones.

Ha sido inaudito, además de inaceptable, el comportamiento del magistrado Díez-Picazo a la hora de presidir las deliberaciones

Para empezar, había una minoría de magistrados que estaban conformes con el cambio de jurisprudencia operado por las tres últimas sentencias, las de este mes de octubre. Pero también había una mayoría de magistrados que estaba de acuerdo en que supondría un escándalo mayúsculo enmendarle la plana a la Sección Segunda -precisamente, la especializada en asuntos fiscales, a diferencia del Pleno, que está formado por expertos en lo contencioso administrativo, pero no en materias tributarias- días después de que se hubiera notificado la sentencia. Por eso, lo que proponían era limitar los efectos del fallo de modo que no se dañara la seguridad jurídica. Lo que proponían era una solución de consenso.

En esa línea se inscribió la propuesta de la magistrada Pilar Teso, que consistía en limitar los efectos de la sentencia estableciendo los límites temporales en los que habría de ser aplicada. Y en eso estuvo de acuerdo la mayoría que pretendía evitar que se diera la deplorable imagen de una Sala dividida por la mitad. Esa era una buena solución ya que estaban irremediablemente metidos en un Pleno que nunca debería haberse convocado pero del que, a estas alturas, ninguno se podía ausentar. Había la voluntad de alcanzar un consenso.

La propuesta de la magistrada Pilar Teso consistía en limitar los efectos de la sentencia estableciendo los límites temporales para ser aplicada

El problema, no irresoluble sino superable tras las correspondientes horas de deliberación, radicaba en que no todos los presentes estaban de acuerdo con la fórmula precisa de limitación de efectos de la sentencia que había propuesto la señora Teso. Había magistrados que creían adecuado establecer una retroactividad de cuatro años y había otros que defendían que las entidades financieras asumieran el pago solamente a partir de la notificación de la sentencia. Ahí podría haberse alcanzado un acuerdo y el lamentable espectáculo podría haberse evitado.

Pero no pudo ser porque el presidente de la Sala se negó en redondo a que se abriera el debate sobre las distintas fórmulas posibles de limitación de los efectos e impuso, contra las protestas de varios magistrados, que se sometiera a votación la propuesta de Pilar Teso y, en caso de que no se aprobara, se pasara ya a votar la estimación o desestimación de los otros tres recursos planteados por el ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

Es decir, no permitió que se entraran a debatir las posibles fórmulas que, respetando la doctrina de una sentencia que es firme, podrían haber concitado el acuerdo de la mayoría o incluso de la totalidad de los presentes. Es más, Luis Díez-Picazo llegó incluso a aludir a la ley para recordar a todos que él y sólo él, en tanto que presidente de la Sala, tenía la potestad de decidir qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota.

En medio de la irritación de muchos de los presentes se ha procedido a votar la propuesta de la magistrada Teso, que ha salido derrotada. Y a continuación se ha pasado ya a votar la estimación o desestimación de los recursos. Algún magistrado ha habido que votó la desestimación pero que aclaró que emitía su voto forzado por la negativa del presidente de la Sala a deliberar sobre las posibles formas de delimitar los efectos de la sentencia.

Algún magistrado votó la desestimación pero aclaró que emitía su voto forzado por la negativa del presidente de la Sala a deliberar

La conclusión es que el deplorable efecto que ha causado la votación de una Sala del Tribunal Supremo dividida por la mitad es la consecuencia directa de la negativa de su presidente, Luis Díez Picazo, a que se debatiera sobre las diferentes propuestas que tenían distintos magistrados acerca de la manera más adecuada de limitar los efectos de la sentencia ya notificada. Un presidente, además, cuyo voto ha servido para deshacer el empate al que habían llegado los miembros la Sala porque él es el último en emitir el voto. No ha podido hacerlo peor.

Existe entre muchos magistrado de la Sala el convencimiento de que, al forzar la votación de la propuesta cerrada de la señora Teso, cuando había una mayoría clara que quería debatir sobre otras fórmulas, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha manipulado la votación. "¡¡Una vergüenza!!", clamaba la noche de este martes uno de los miembros de esa Sala.

"¡¡Una vergüenza!!", clamaba la noche de este martes uno de los miembros de esa Sala

Al final, lo que se ha hecho ha sido justamente lo contrario de lo que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, había asegurado que no se haría en ningún caso: modificar por el Pleno la doctrina mantenida en su sentencia por los magistrados de la Sección Segunda. Eso es lo que es una vergüenza.

Ya no habrá nadie que se crea que la convocatoria de ese Pleno que, insisto, ha sido absolutamente irregular y del todo carente de justificación legal, no tenía otro propósito que revertir los efectos de esa sentencia. Carlos Lesmes y Luis Díez-Picazo deberían presentar su dimisión de forma inmediata. A este último le espera la cátedra de Derecho Constitucional de la que no debió salir nunca para acceder al Supremo. A Lesmes le queda ya muy poco tiempo de mandato pero no podrá borrar de su currículum el enorme e indeleble borrón del peor y más vergonzoso episodio de la historia del Alto Tribunal.

Carlos Lesmes y Luis Díez-Picazo deberían presentar su dimisión de forma inmediata

El desarrollo de los acontecimientos y el resultado final de la votación alcanzada -llamar "acuerdo" a eso que ha sucedido sería directamente mentir al lector- se va a interpretar, sea cierto o no, en el sentido que ya conocemos y que se extenderá en las próximas horas: el Tribunal Supremo ha cedido a los intereses de la Banca.

Y esa conclusión, que es la que va a quedar grabada a fuego en la opinión de una gran parte de la ciudadanía, supone un golpe durísimo e irrecuperable al prestigio del Alto Tribunal que, precisamente ahora, cuando está acosado, presionado y desacreditado por los nacionalistas y por la extrema izquierda, necesitaba de la confianza más absoluta por parte de los españoles. Flaco favor le han hecho quienes deberían haber estado en la primera fila de la defensa de su prestigio.

Este cambio del cambio de doctrina, que tranquiliza a los bancos, supone un material muy goloso para los que quieren deslegitimar a las instituciones democráticas

Este cambio del cambio de doctrina, que es evidente que tranquiliza a los bancos, va a constituir un material muy goloso para todos aquellos -que ahora mismo son legión- que tienen como objetivo principal deslegitimar a las instituciones democráticas de nuestro país. Y lo más lamentable es que la munición contra sí misma se la ha proporcionado precisamente una de esas instituciones centrales, quizá la más importante, de nuestro sistema de garantías y libertades, lo cual nos daña profunda e irremediablemente a todos.