La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, llevaba semanas advirtiendo en diversas reuniones con periodistas de que, al final, los independentistas pasarían por el aro y apoyarían los presupuestos generales del Estado. Parecía un farol, pero ahora comprobamos que puede que tenga razón. Calvo guardaba un as en la manga: ceder ante la petición de los independentistas de nombrar a un "relator" para la mesa de partidos políticos exigida por ellos para negociar sobre la autodeterminación de Cataluña.

El gobierno de Pedro Sánchez está dividido en esta cuestión fundamental: cómo afrontar el reto soberanista. El presidente quiere prolongar la legislatura hasta 2020 porque cree que para esa fecha podrá ganar las elecciones con la suficiente holgura como para poder gobernar en coalición; una repetición de la mayoría que conformó la moción de censura pero con un PSOE con 30 o 40 escaños más de los que tiene ahora. Prolongar la legislatura no requiere necesariamente sacar adelante los presupuestos, pero, con su aprobación, Sánchez se garantiza poder llevar a término las políticas sociales pactadas con Pablo Iglesias y, al mismo tiempo, hacer importantes concesiones a la Generalitat en forma de inversiones públicas. Al margen de lograr un espaldarazo a su imagen como un político capaz de generar consensos mayoritarios en el Congreso.

Un estado de derecho que se respete a si mismo no puede admitir que un "relator" dirima en una mesa de partidos cuestiones que atañen a su soberanía

Los independentistas saben que Sánchez les necesita para aprobar los presupuestos y han echado un órdago al Estado que tiene dos frentes: por un lado, la exigencia al Gobierno para que obligue a la Fiscalía a retirar su acusación de rebelión a los imputados del procés; y, por otro, que se abra un proceso de negociación que contemple dos mesas; la del Gobierno y la Generalitat (la bilateralidad), y la de los partidos con el fin de abordar el derecho de autodeterminación para Cataluña.

El Gobierno ya hizo un gesto sobre su disposición a transigir en el primero de los frentes al obligar a la Abogacía del Estado a retirar el delito de rebelión de su escrito de acusación en el juicio que comienza la próxima semana. Con la Fiscalía ni lo ha intentado. Sabe que los fiscales no van a ceder en ningún caso a esa pretensión.

Expertos en el manejo de los tiempos, y con el juicio en puertas, ERC y PDeCAT anunciaron el lunes que presentarán enmiendas a la totalidad a los presupuestos que se presentarán al Congreso justo el día del comienzo de la vista oral y que se someten a votación un día después. Como PP y Ciudadanos ya han dicho que presentarán enmiendas a la totalidad, si los independentistas cumplen su amenaza los presupuestos ni siquiera se tramitarían y se devolverían al Gobierno. Para Sánchez sería una derrota sin paliativos que quiere evitar a toda costa.

Borrell se encuentra cada día más incómodo en un gobierno con el que no comparte nada de lo que hace sobre Cataluña

La presencia de un mediador o "relator" en la mesa de partidos -por cierto, todos menos PP y Ciudadanos- era una de las exigencias que le planteó el president Torra a Pedro Sánchez en la reunión blindada de Barcelona.

Para el independentismo esa reivindicación tiene un valor espacial: no sólo porque supone abrir la puerta a decisiones que pueden suponer la reforma de la Constitución, sino porque, con ello, internacionalizan el conflicto catalán.

Ese tema ha estado sobre la mesa en las diversas reuniones mantenidas por Calvo con la consejera de Presidencia de la Generalitat Elsa Artadi y con el ahora hombre fuerte de ERC, Pere Aragonés.

Hasta tal punto que ayer en Moncloa se afirmaba que los independentistas "habían cedido en sus pretensiones" al aceptar rebajar la calificación del árbitro de "mediador" a "relator".

No sé qué es peor. Un mediador es una figura neutral que facilita el diálogo entre partes. Sin embargo, la figura del "relator" según lo entiende la ONU es la de un experto que informa sobre la situación de un país en un asunto relativo a derechos humanos. Los líderes independentistas, Torra y Puigdemont entre ellos, siempre han argumentado que en España no se respetan los derechos humanos, por lo que deben estar muy satisfechos con el hecho de que la vicepresidenta haya dado por bueno el término de "relator" para esa figura que debe tomar nota de las reuniones donde se tiene que buscar una solución a "la crisis territorial", para utilizar las palabras que ayer usó Calvo.

Esta es una cesión que no tiene precedentes, una humillación para un estado de derecho que se respete a sí mismo. Un aldabonazo no sólo contraproducente políticamente, sino que va a tener un efecto, aunque sólo sea mediático, en el juicio que comienza el próximo día 12 en el Tribunal Supremo. Los abogados de los acusados podrán argumentar: ¿Cómo la Sala Segunda no admite la presencia de mediadores internacionales en la vista oral si el propio Gobierno de la nación los acepta en la mesa de partidos donde se discute sobre un conflicto que ha llevado a la apertura de esta causa?

Naturalmente, la oposición constitucionalista se ha lanzado en tromba contra este disparate. Lo que ahora falta saber es cuánto tiempo tardará el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en presentar su dimisión ante tamaña tropelía. Es verdad que Borrell -que no comparte en nada la política de Sánchez sobre Cataluña,  "política del ibuprofeno", la llamó- ha pedido no continuar en el Gobierno para marcharse a Bruselas. Pero no sabemos si a este ritmo de cesiones ante el soberanismo aguantará hasta el mes de mayo en su puesto. Interrogado ayer por los periodistas sobre el "relator", el ministro contestó con un lacónico: "Pregúntenle a la vicepresidenta".