El CGPJ se rebela ante las presiones y cumple su cometido

El Consejo General del Poder Judicial se ha puesto por fin las pilas y ha retomado una de las funciones que le encomienda la Constitución en materia de nombramientos. Porque sucede que, puesto que los dos mayores partidos políticos españoles, el PSOE  y el PP, no se ponen de acuerdo a la hora de renovar este órgano constitucional, la consecuencia ha sido hasta ahora la paralización de su actividad justamente a la hora de elegir a los presidentes de las distintas Salas del Tribunal Supremo, a los magistrados que las componen y “todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos”, según establece en su punto 4º el artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De esta manera la falta de acuerdo sobre la renovación del CGPJ se ha traducido en la destrucción de sus funciones y en el cada vez más amplio vacío en los distintos tribunales que ven cómo a las jubilaciones -u otras circunstancias- de sus magistrados no se sigue en un tiempo razonable su sustitución.

Las razones del Partido Popular para no continuar adelante con las negociaciones que ya estaban muy avanzadas entre el ex magistrado del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional Enrique López y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo no eran sólo la discrepancia sobre la forma de elegir a los miembros del CGPJ sino, sobre todo, la negativa rotunda del PP a aceptar la entrada en ese órgano de jueces o juristas de Podemos que consideran que constituyen una auténtica amenaza para la estabilidad constitucional de nuestro país.

La falta de acuerdo sobre la renovación del CGPJ se traduce en la destrucción de sus funciones y en el cada vez más amplio vacío en los distintos tribunales

Y ahora se ha visto cómo ese temor estaba más que fundado. El sólo recordatorio del episodio de la ausencia del Rey en el solemne acto de entrega de despachos a los nuevos miembros del Poder Judicial aclara multitud de aspectos relativos a la profunda desconfianza que provoca en muchas personas que el partido de Pablo Iglesias consiga introducir a uno o dos de los suyos, como pretendía, en el órgano de gobierno de los jueces que es el encargado de decidir los nombramientos más relevantes dentro de la carrera judicial.

Lo primero, y suficientemente grave que se ha sabido en torno a ese lamentabilísimo episodio, lo ha explicado el propio ministro de Justicia cuando ha confirmado en Radio Nacional que el Rey no estuvo ese día en Barcelona por decisión del propio Gobierno por “razones de convivencia” ante la inminencia de la sentencia de inhabilitación de Quim Torra y la cercanía del 1 de octubre.

Es decir, que el Gobierno decidió quitarse un problema de encima por el expeditivo procedimiento de apartar al Rey del papel que la Constitución le encomienda, sin más consideraciones ni más reflexión sobre la trascendencia de una decisión semejante.

Pero es que, además, resulta extraordinariamente grave que el Gobierno considere que la convivencia se altera si el Rey acude a Barcelona en un momento en que al independentismo le puede parecer una provocación en lugar de entender que es a los supuestos alborotadores a quienes debería el Gobierno atribuir la alteración de la convivencia si las instituciones siguen cumpliendo con su papel y, por lo tanto, con  su obligación.

Pero no acabaron ahí los errores del Gobierno. Además se perpetró por parte de algunos de sus miembros, el ministro Alberto Garzón y el vicepresidente Pablo Iglesias, un ataque intolerable y furibundo contra el Rey con el pretexto de que Felipe VI había hecho un comentario de cortesía al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes a propósito de que “le habría gustado estar en Barcelona”.

Ese nivel de insulto al Monarca y las acusaciones inadmisibles de que el Rey “maniobra contra el Gobierno e incumple la Constitución mientras es aplaudido por la extrema derecha” fueron respaldas por el propio líder de Podemos que, en un tono algo menor pero igualmente insultante, escribió en twiter lo siguiente:  “Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma”.

Aquí está el quid de la cuestión. Podemos quiere con urgencia que el CGPJ se renueve para incluir en él a uno o dos de los suyos y presiona para ello junto al Gobierno y el PSOE para que el PP no pueda seguir manteniendo por más tiempo su negativa. Pero se les ha ido la mano con sus ataques al Rey y ahora los vocales del Consejo han decidido poner pie en pared y demostrar por la vía de los hechos su independencia respecto de los partidos políticos abandonando su paralización y asumiendo la responsabilidad que les sigue correspondiendo mientras no sean sustituidos por unos nuevos vocales.

A Podemos se le ha ido la mano con sus ataques al Rey y ahora los vocales del Consejo han decidido poner pie en pared y no seguir paralizados

El CGPJ y todos sus miembros siguen teniendo las mismas competencias aunque su mandato esté ya fuera de plazo y por el mismo motivo siguen cobrando sus salarios como tales. Y además están dispuestos en una amplia mayoría a demostrar su independencia haciendo nada menos que una decena nombramientos que estaban pendientes.

Al Gobierno esta decisión de los miembros del CGPJ no le conviene en absoluto y frustra sus planes más inmediatos: mientras no se hiciera ningún nombramiento, el estado de necesidad en los altos puestos de la judicatura haría más evidente y más urgente lo inexcusable de una renovación y más débil la resistencia del PP a negociar ésta. Con los nombramientos ya hechos, esa urgencia se atempera muy considerablemente.

No es extraño, por lo tanto, que alguien tan relevante en el Gobierno como el propio ministro de Justicia haya intentado hasta el último minuto que los vocales llamados “progresistas” se negaran a pactar nada con los vocales llamados “conservadores”. Pero el hecho es que hasta ayer bien entrada la tarde sus gestiones no han tenido el éxito deseado y parece que va a haber quórum más que suficiente para pactar los nombres y cubrir así las plazas vacantes.

Con esos nombramientos la presión sobre el PP seguirá ejerciéndose pero ya sin el apremio que determinaba la falta de nombramientos para cubrir los muchos huecos que habían quedado sin ocupar. Así que, de momento, las aspiraciones de Podemos de introducirse también en la sala de máquinas del Poder Judicial no se van a ver satisfechas. Aunque sea escribiendo derecho con los renglones torcidos, y vistos los antecedentes, muchos respiramos aliviados por ello.