Las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño, en una comparecencia en Moncloa.
La Comisión Europea (CE) ha echado un jarro de agua fría al optimismo del Gobierno español sobre la evolución económica. Y eso en plena negociación de los presupuestos.
La CE eleva la caída del PIB para este año al 12,4% (1,2 puntos más de lo que prevé el Gobierno en su cuadro macroeconómico). También para 2021 Bruselas es bastante más pesimista que el Gobierno: estima un crecimiento del 5,4%, frente a una previsión del 7,2%.
Es como decirle a España que no se cree las cifras que van a ser el sustento de un presupuesto presentado a bombo y platillo como "el más expansivo de la historia".
El pasado miércoles, en una comparecencia en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya advirtió que no se debían subir impuestos, ni subir pensiones ni salarios públicos, cosa que ha sentado muy mal a algunos ministros como la titular de Economía (Calviño) y el responsable de Seguridad Social (Escrivá). Hernández de Cos recomendó al Gobierno que elabore "un plan de ajuste de consolidación fiscal", lo que, en román paladino, quiere decir que se ponga las pilas y vaya pensando en reducir el déficit.
La advertencia al Gobierno, tanto por parte de la CE como por parte del Banco de España, no obedece a ninguna conspiración política, sino a un análisis realista de la evolución económica y de las cuentas públicas.
La Comisión Europea prevé para 2022 un déficit del 8,6%, lo que supera el desequilibrio de 2012 sin contar las ayudas a la banca
Aunque ha pasado desapercibido, el dato quizás más relevante de las tenebrosas estimaciones de la CE está en la previsión de déficit para 2022; es decir, para cuando se acabe la barra libre de financiación y Bruselas empiece a exigir disciplina presupuestaria a sus miembros.
Para ese año, Bruselas estima un déficit del 8,6%. Un dato nos hará refrescar la memoria sobre lo que eso significa. En 2012 -año en el que España estuvo a punto de ser intervenida- el déficit se elevó al 10,6% del PIB. Pero esa cifra incluía las ayudas a la banca. Sin ese gasto extra, el déficit se hubiera quedado en el 7% del PIB. Esa situación llevó al Gobierno de Rajoy a aplicar un duro plan de ajuste económico: los vituperados recortes.
Pero hay una diferencia con lo que ocurrió hace ocho años. Entonces, la deuda pública era del 84,6% del PIB, mientras que, según la CE, en 2022 ese dato se elevará al 124% del PIB.
El Gobierno de Pedro Sánchez vive confiado en dos cosas: las ayudas del Plan de Recuperación Europeo y la manguera del Banco Central Europeo, que sólo este año inyectará unos 110.000 millones de euros en concepto de compra de deuda.
Si el Gobierno no corrige su tendencia a la alegría presupuestaria y al gasto sin freno, nos podemos encontrar con que en 2022 Bruselas podría exigir a España la imposición de duros ajustes.
Esa música no gusta a Sánchez, ni mucho menos a Pablo Iglesias, que cree que el dinero se fábrica en una máquina a la que nunca se le acaba el papel ni la tinta.
No es así. Si la economía no crece y no se reduce el gasto, en un par de años estaremos en una situación aún peor de la que estuvimos en 2012.
La Comisión Europea (CE) ha echado un jarro de agua fría al optimismo del Gobierno español sobre la evolución económica. Y eso en plena negociación de los presupuestos.