Diego Pérez de los Cobos, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el caso Kitchen.
No hay nada que despierte más curiosidad que aquello que es secreto. Top secret, Confidencial, Reservado... Tener en las manos un documento con ese encabezado hace las delicias de cualquier periodista que se precie. Por principio, lo que es secreto no es bueno.
A mediados de los 90 esa teoría se vio confirmada por los hechos. La forma en la que el ex secretario de Estado Rafael Vera distribuía los fondos reservados entre sus colaboradores era la constatación de que la ocultación no sólo tenía como fin preservar el buen fin de las operaciones, sino el reparto espurio de un dinero que debía ir destinado a otros fines más elevados.
De aquel escándalo surgió la Ley 11/1995, Reguladora de utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, impulsada por el entonces ministro de Interior y Justicia Juan Alberto Belloch.
Es una ley breve que establece el control parlamentario de los fondos reservados así como el procedimiento para su administración. Ahora bien, una cosa es que los fondos destinados a operaciones delicadas estén bajo control y otra muy distinta es que no sean, por definición, secretos.
La información sobre operaciones sensibles la tienen los jefes directos de los policías que las llevan a cabo. El superior de Villarejo era el DAO Eugenio Pino
En el artículo 5 de la citada ley se establece: "Los acuerdos de autorización, compromiso de gastos y reconocimiento de obligaciones, así como la expedición de las correspondientes propuestas de pago que hayan de realizarse con cargo a los créditos de gastos reservados no requerirán justificación documental..."
Este asunto es relevante por lo que se refiere a la denominada Operación Kitchen en la que se emplearon fondos reservados para, supuestamente, robarle al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sensible sobre financiación irregular de su partido.
El juez García Castellón preguntó por ello al ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; al ex secretario de Estado, Francisco Martínez, y al anterior responsable de la Secretaría Técnica del Ministerio, Diego Pérez de los Cobos. El coronel de la Guardia Civil, destituido con justificaciones dispares y diversas, pero poco creíbles, por el ministro del Interior Grande-Marlaska de su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid, tenía como una de sus funciones en el ministerio la firma de los recibís y justificantes de fondos reservados, cuyo presupuesto anual se eleva a 6 millones de euros.
Hay que aclarar un par de cuestiones para saber a qué atenernos. En primer lugar, que dichos recibís y justificaciones de gastos tenían, por su naturaleza, un carácter genérico. Es decir, que en ellos no se detalla nunca a quién y por qué información concreta se paga con cargo a esa partida.
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha negado este lunes durante su comparecencia como testigo […]En segundo lugar, entender que la responsabilidad de la disposición de dichos fondos se establece en cascada. Si un comisario, por ejemplo, autoriza a un inspector el pago a un confidente, es ante él y sólo ante él ante quien debe justificar esa partida. De la cúpula policial o de la Guardia Civil, es decir, de sus dos directores adjuntos operativos (DAO), dependen las distintas comisarías o comandancias, y así sucesivamente. El secretario general técnico de Interior es, digámoslo así, el cajero mayor de los fondos reservados. Su conocimiento sobre las operaciones que los justifican, nulo. Y así debe ser.
En el caso del ex comisario Villarejo su jefe directo era el DAO de la Policía. Por tanto, le corresponde a Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía cuando se produjeron los hechos ahora investigados por la Audiencia Nacional, el que debe dar cuenta de por qué fueron autorizados.
Lo siento por los que creen que todo lo secreto es ilegal. Eso lo determinará el juez. En todo caso, los fondos reservados deben seguir siendo secretos.
No hay nada que despierte más curiosidad que aquello que es secreto. Top secret, Confidencial, Reservado... Tener en las manos un documento con ese encabezado hace las delicias de cualquier periodista que se precie. Por principio, lo que es secreto no es bueno.