A Sánchez le interesa tanto como a Casado el pacto sobre el CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el conocido como gobierno de los jueces, forma parte del pacto constitucional. No es perfecto. Pero, en general, ha garantizado una cierta independencia del poder judicial.

Escuchando a los dirigentes de Podemos y a los de los partidos que apoyan al Gobierno, ERC o Bildu, podemos imaginarnos cómo sería ese órgano si ellos tuvieran la sartén por el mango. El CGPJ sería un apéndice del Gobierno: Moncloa tendría agarrados por la toga a los jueces y los tribunales se convertirían en meros terminales de las decisiones políticas.

Es curioso comprobar lo cerca que están los podemitas del brazo político de ETA en lo que respecta al asunto de la Justicia. Jaume Asens y Arnaldo Otegi han coincidido en calificar la decisión de repetir el juicio contra el líder de Bildu como una "enmienda a la totalidad" del Tribunal Supremo a los Presupuestos. Se cree el ladrón que todos son de su condición.

Una Justicia sumisa al poder. Eso es lo que quieren. Por eso les pone de los nervios que el Supremo haga sus sentencias sin atender al momento político, a los deseos de los que lo fían todo a la correlación de fuerzas. Y por eso quieren dinamitar al CGPJ o aplicarle, como mal menor, un correctivo que le haga ponerse de rodillas.

Con ese telón de fondo hay que analizar la negociación, en teoría rota, entre el PSOE (representado por el ministro de Justicia) y el PP, para la renovación del CGPJ.

Estamos en fase de postureo. Pero tanto el presidente como el líder de la oposición coinciden en que la falta de acuerdo sólo beneficiaría a los que quieren cargarse el régimen del 78

El acuerdo, ya lo hemos dicho en El Independiente e insistimos e ello, está hecho, a falta de rematar la candidatura del que sería su presidente, lo que, por otra parte, deberían decidir los miembros del CGPJ. Juan Carlos Campo tiene razón cuando dice que al pacto "sólo le falta la firma". Eso enfada a Pablo Iglesias, que quiere echarlo abajo, porque si sale adelante tal y como está ahora diseñado, su formación política sólo tendría opción a nombrar un vocal y él pretende, al menos, tres. O si no, dejar fuera a la derecha y permitir que la mayoría de la investidura nombre a sus 20 miembros. Eso es tanto como cargarse el régimen del 78. Pero es que es en eso en lo que está Podemos. Y no digamos ERC y Bildu.

El PP, también lo hemos dicho en estás páginas, juega con fuego al hacer depender el cierre del acuerdo de unos intereses políticos que, ahora, tienen que ver con las elecciones catalanas que se celebrarán el próximo mes de febrero (si es que lo permite la tercera ola del coronavirus).

La conversación mantenida el pasado martes entre Pedro Sánchez y Pablo Casado hay que enmarcarla en ese contexto. Al líder del PP no le interesa que el bloqueo derive en un conflicto institucional como el que provocaría la reforma para modificar las mayorías necesarias para la designación de los vocales. A Sánchez, todavía menos. Porque, si no hay pacto, el que se saldría con la suya sería Iglesias.

En el PSOE todavía existe la cultura institucional de partido de Estado. Romper el consenso sobre el CGPJ sería tanto como abrir el camino para que la política entrara a saco en los tribunales. Eso lo sabe el presidente del Gobierno.

Por ello creo que estamos ante una pura escenificación. El PSOE tiene que hacer como que se enfada con el PP para dar satisfacción a Podemos y el PP tiene que fingir que todo está roto para poder vender como un éxito la retirada de la reforma que el Gobierno ha puesto en marcha, de manera tímida y calculada para que se le pueda poner el freno en febrero.

El CGPJ seguirá ejerciendo sus funciones y haciendo los nombramientos que le corresponden (algunos de ellos muy importantes) durante las próximas semanas. No es un desafío al Gobierno. Es, simplemente, la constatación de que la abrumadora mayoría de sus miembros, conservadores y progresistas, coinciden en algo fundamental: preservar en la medida de lo posible la independencia de la Justicia.