Cuando el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea hace cuatro años y medio, el mundo pesquero recordó rápidamente las negociaciones para la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Al igual que ahora, en aquella ocasión, corría el año 1985, la pesca fue el último asunto sobre el que se llegó a un acuerdo y el sector salió mal parado, ya que fuimos utilizados como moneda de cambio. En definitiva, entramos a formar parte de lo que hoy es la UE con menos posibilidades de pesca de las que deberíamos haber tenido si se hubiesen tenido en cuenta nuestras capturas históricas.

Con este recuerdo colectivo, el sector era consciente de que ahora tendríamos que trabajar duro para que la historia no se repitiera. Por ello, las organizaciones pesqueras de los nueve países más afectados por el proceso del Brexit por su actividad en las aguas del Reino Unido, creamos una alianza, la European Union Fisheries Alliance (EUFA, por sus siglas en inglés), para defender nuestros intereses. Lamentablemente, en el ámbito europeo el peor de los sueños se ha hecho realidad. La pesca, una vez más, ha sido uno de los últimos asuntos abordados para llegar a un acuerdo, manteniéndose al sector en vilo hasta el último momento.

Mirándolo en su globalidad, desde el punto de vista europeo, el resultado lo calificaría como desastroso. Centrándonos en España, el resultado ha sido mejor de lo esperado a corto plazo, pero sigue siendo muy problemático para nuestros armadores. Teniendo en cuenta que el acuerdo se aplica durante un período transitorio de cinco años y medio y que, a partir de ese momento ambas partes tendrán que negociar anualmente las cuotas y el acceso a sus aguas, la sensación es de preocupación e incertidumbre sobre el futuro que nos espera.

Arrancamos una nueva etapa muy complicada en la que los gobiernos de la UE deberían estar a la altura de las circunstancias, defendiendo a su industria pesquera

En efecto, nuestra sensación a corto plazo en España es que podíamos haber salido peor parados, pero aún así, se han producido una serie de recortes que van a hacer daño a nuestras empresas. Si bien los porcentajes de reducción, desde el punto de vista de lo que se conoce como estabilidad relativa (mecanismo de reparto de las cuotas de pesca por especie y zona entre los distintos países comunitarios) son inferiores al 5%; lo cierto es que, desde el punto de vista de toneladas, de aquí a cinco años los pescadores españoles sufrirán recortes de sus capturas en diecisiete especies y en una horquilla que va desde el 19,8% en el caso del rape de la zona 6 (oeste de Escocia), al 3,5% de merluza en la zona 7 (Mar de Irlanda, oeste de Irlanda y Porcupine). La cesión de la Unión Europea al Reino Unido no es lineal y varía en función de las especies y de las zonas de pesca, por lo que otros países de la UE, como Dinamarca, Irlanda, Holanda o Francia, han salido bastante peor parados que nosotros, recibiendo un duro golpe debido a su alta dependencia de la zona de pesca británica.

Si pensamos en las consecuencias a medio y largo plazo, el resultado, tanto en el ámbito español como europeo, puede ser considerado de muy preocupante por múltiples razones. En primer lugar, porque ahora se inicia un período transitorio que solo durará cinco años y medio y a partir de ese momento, la Comisión Europea, en nombre de los Estados miembros de la UE, tendrá que negociar con el Reino Unido, año a año, las cuotas y el acceso a las aguas.

Igualmente, esta situación genera una incertidumbre tremenda entre las empresas de los diferentes países, que tendrán pocos incentivos para realizar inversiones. Tampoco sabemos qué consecuencias tendrá en la Política Pesquera Común ni tampoco cómo afectará a los intercambios de cuotas entre los diferentes países, ya que a partir de ahora todos los países que pescan en el RU tendrán menos cuotas que ofrecer. Y nos preocupa, también, por las consecuencias en la gestión sostenible de las 119 poblaciones de peces, labor que debe realizarse de manera conjunta.

Como conclusión, arrancamos una nueva etapa muy complicada en la que los gobiernos de la UE deberían estar a la altura de las circunstancias, defendiendo a su industria pesquera y generando confianza en las instituciones. De lo contrario, el número de euroescépticos en el sector pesquero se multiplicará considerablemente.