Los datos del Sociómetro que el Gobierno vasco hizo públicos ayer muestran una significativa caída del apoyo a la independencia. Según la encuesta, sólo un 21% de los vascos se manifiestan abiertamente a favor de la independencia (el porcentaje más bajo desde 1995). En contra, un 41% de los vascos, casi el doble.

La paradoja es que en el Parlamento vasco los partidos independentistas (PNV y Bildu) suman el 67% de los votos. Es decir que en las elecciones de 2020 casi dos tercios de los vascos votaron a opciones independentistas.

La situación en Cataluña es muy distinta. Mientras que en el Parlament las fuerzas independentistas (ERC, Junts y CUP) superan ligeramente el 50%, el porcentaje de partidarios de la independencia -según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió- se sitúa en el 44,9% (bien es cierto que a la baja).

Esta diferencia entre Cataluña y el País Vasco evidencia dos cosas:

a) Que el apoyo a partidos independentistas no puede asimilarse mecánicamente a un apoyo a la independencia. De hecho, en el País Vasco los partidarios de la independencia (21%) son un porcentaje incluso menor de los que votan a Bildu (casi un 28%).

b) Que la secesión -el deseo de independizarse de España entre vascos y catalanes- tiene un techo. En el momento álgido del soberanismo catalán se situó ligeramente por encima del 50% y luego no ha hecho más que caer. Esa tendencia está más agudizada en el País Vasco, donde ya sólo uno de cada cinco vascos se inclinan claramente por la ruptura con España.

El proceso de desgaste de la opción independentista se ha producido en Cataluña en paralelo con un acelerado deterioro económico. La Comunidad de Madrid ha arrebatado a Cataluña el título de motor económico de España, superándola en porcentaje del PIB (lo que es aún más relevante si tenemos en cuenta que la segunda tiene un millón de habitantes más que la primera). Madrid es, según los datos del INE de 2019, la autonomía con una mayor renta per cápita (35.913 euros), seguida muy de cerca por el País Vasco (34.142 euros). Cataluña figura en cuarto lugar (31.119 euros).

La negociación en pie de igualdad entre el Gobierno y los independentistas catalanes da pábulo a la idea de que la secesión -aunque sea negociada- es posible. En el País Vasco la mayoría cree que la independencia es una quimera

Mientras que los gobierno de Madrid y del País Vasco han aprovechado con eficacia la recuperación que se produjo a partir de 2015, la Generalitat ha centrado toda su acción política desde esa fecha en la gestión del procés. El resultado ha sido un menor crecimiento de la riqueza y la frustración para los independentistas de no haber logrado su objetivo.

Estos datos son relevantes a la hora de situar el escenario en el que se va a iniciar la negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat (más valdría decir el independentismo, ya que se da por hecho el liderazgo en la mesa negociadora del líder de ERC, Oriol Junqueras, que no forma parte del Govern).

Pedro Sánchez ha aceptado abrir un proceso negociador una vez que ya ha dado por hecho que habrá un indulto para los presos del procés. A cambio, Junqueras (no el conjunto del independentismo) acepta rechazar la vía unilateral. Esto tiene cierta gracia. Es como si esa vía fuera posible. ¿Es que acaso lo que ocurrió en 2017 no fue la prueba práctica de que esa vía es imposible? ¿Por qué entonces premiar a los que aceptan que no van a volver a hacer lo que ya se demostró que era imposible hacer?

La negociación en pie de igualdad entre Cataluña y España, como gusta decir a los independentistas, debilita más al Estado de derecho que la concesión de los indultos. Porque es reconocer a los independentistas -no al conjunto de los catalanes- un estatus que sobrepasa las competencias que la Constitución otorga a las Comunidades Autónomás.

Desde Moncloa se explica que la negociación nunca sobrepasará los límites de la Carta Magna. Gracias. Sólo faltaría que se reconociese que la soberanía de todos los españoles se va a dirimir entre un Gobierno que supera la mayoría por los pelos en el Congreso, sumados todos sus apoyos, incluido Bildu, y unos partidos que sobrepasan ligeramente el 50% de los votos en Cataluña. Un apaño (como llama Jordi Pujol) así sería lo menos democrático que se haya producido en España desde la muerte del dictador.

Pero aún así, dando por hecho que Sánchez no se atreverá nunca a tanto, la llamada Mesa de Diálogo da alas a una aspiración ficticia, que es a la que se refiere Junqueras en su carta y a la que no renuncian ni ERC, ni Junts, ni las CUP: el referéndum de autodeterminación.

Al dar alas a esa meta idílica, el Gobierno de Sánchez colabora activamente en que siga habiendo un alto porcentaje de catalanes independentistas, porque con la Mesa se da por sentado que -a pesar de todo- la independencia es posible.

Lo que ha llevado a la caída en picado del apoyo a la independencia en el País Vasco no ha sido el hundimiento de los partidos independentistas (que tienen un apoyo ampliamente mayoritario), sino el convencimiento de la población, también de la mayoría de los que votan a PNV y algunos de los que votan a Bildu, de que la independencia no es factible.

Mientras que el Gobierno aliente la idea de que la negociación política de tú a tú con el independentismo redunda en beneficio de la concordia, el sentimiento independentista mantendrá su vigor.

Por ello, la negociación que comenzará en las próximas semanas está destinada al fracaso y tendrá un alto coste para el propio presidente del Gobierno, que lo único que pretende con este giro es ganar tiempo.