Cuando todavía colean los efectos del asalto al Capitolio provocado por las dudas que Donald Trump sembró sobre la legitimidad de las últimas elecciones presidenciales, los estadounidenses viven una oleada de iniciativas legislativas y judiciales íntimamente relacionadas con la legitimidad de sus procesos electorales.

En realidad todo ello, las falsedades de Trump también, forma parte de un proceso más largo que se inició durante el curso del censo en el año 2020 y culminará inmediatamente después del próximo 15 de agosto cuando se publiquen los resultados. Y culminará con gran aspaviento, mucha tensión y regocijo infinito de los amantes del hiperventilar sectario.

A partir del 15 de agosto se gestará el mapa administrativo que determinará la política estadounidense de la próxima década

Ya lo verán: a partir de esos datos del censo se reconstituyen todas las circunscripciones electorales hasta el próximo censo. O lo que es lo mismo, a partir del 15 de agosto se gestará el mapa administrativo que determinará la política estadounidense de la próxima década. Ahí es nada. 

De momento, ya tensionando el escenario mientras esperamos, los demócratas en el Congreso se plantean cómo relanzar la Ley John Lewis, tumbada en la legislatura pasada por los republicanos, al tiempo que ven como For the People Act (ley para la gente, en serio, así la han llamado) tiene toda la pinta de seguir idéntico destino, víctima de la minoría de bloqueo republicana en el Senado.

En los tribunales, los de Biden han llevado a la Corte Suprema (actualmente con mayoría conservadora) la última ley electoral aprobada por los republicanos del estado de Georgia, al mismo tiempo que el magno tribunal rechaza un recurso interpuesto por los demócratas contra una ley aprobada por los republicanos del estado de Arizona y todo esto mientras ratifican (andan atareados los jueces) otro recurso, esta vez interpuesto por los republicanos, contra legislación electoral aprobada por los demócratas de California.  

Hasta aquí y en vista de la clarísima división partidista, puede el lector deducir los derroteros por lo que va discurriendo el asunto: todo esto es el resultado de los intentos, bastante descarados, de ambos partidos por manipular la legislación electoral a mayor gloria del sectarismo, la corruptela y la política del regate corto, cortísimo. Pero aderezado, si uno comete la temeridad de ojear grueso de la prensa estadounidense, con titulares que describen el asunto como una disputa entre los aguerridos demócratas dispuestos a expandir y garantizar el sufragio frente a los pérfidos republicanos decididos a «restringir» el voto. 

Restringir. Ojito al término, porque remite a un pasado en el que a los afroamericanos se les impedía votar por la vía del apartheid legal, la paliza extrajudicial recurrente y el homicidio con público ocasional. Pero resulta que, una vez pasado el titular, las «restricciones» consisten en cosas como hacer que los votantes ejerzan su derecho en el colegio electoral que les corresponde, se identifiquen con un documento oficial que incluya una foto o en prohibir la peculiar actividad de «cosechador de votos», que es como llaman allí a los activistas de partido que se presentan en el colegio electoral habiendo recolectado decenas o cientos de votos de dicho partido.

Observará el lector que todas estas «restricciones» son moneda corriente en España y se consideran formas bastante convencionales de asegurar la limpieza electoral en todas partes  – justo lo que Trump, gran farsante y por tanto sabedor de que toda buena mentira debe basarse en una sombra de verdad, ponía en duda. También es posible que le ocurra al lector como a este escribidor y que, así al pronto, no entienda nada. 

Pero mirando las cosas con cierta perspectiva y en su contexto, se entiende todo un poco mejor. Los estadounidenses se toman el asunto electoral con bastante cinismo y asumiendo, en el espíritu de James Madison, que como la mayoría del género humano no está compuesta por angelitos, es improbable que los funcionarios o los políticos encargados de las elecciones se dejen dominar por pulsiones de santidad y es, por tanto, preferible asumir que se van a guiar por el sectarismo partidista, la corruptela y la política del regate corto, cortísimo.

Y asumido esto, han optado por crear un modelo de legislación electoral flexible, disperso entre el gobierno federal y el de los estados y con bastantes puertas de entrada para la politización, la judicialización y el despiporre general. Allí lo llaman «frenos y equilibrios» pero recordemos lo de Florida en las elecciones de 2000 y llamemos a las cosas por su nombre. 

Así las cosas, el gobierno federal establece el marco general mediante un ramillete legislativo y judicial que incluye la 14º , 15º  y 26º  enmiendas a la constitución, la Ley de Derecho al Voto de 1965, reformada en el 82 y vuelta a reformar por vía judicial (Shelby County V. Holder) en 2013 y otra media docena de decisiones de la Corte Suprema.

No obstante, el detalle sobre cómo conducir las elecciones está controlado por cada estado en función de su idiosincrasia – en los caucus de Iowa, por ejemplo, el voto en las primarias es público, atrocidad perfectamente ilegal en el resto de la nación y del mundo civilizado – y está, como se puede ver arriba en lo tocante a la ley federal, sometida a ajustes más o menos continuos. 

A todo esto se suma, además, una cultura política en la que los trucos sucios más o menos triviales, pero de dudoso gusto o manifiesta ilegalidad (sembrar rumores, eliminar la propaganda del rival o fastidiarle el sistema de sonido antes de un mitin) se dan por asumidos. Es una cultura política en la que ante la duda todo el mundo recurre al litigio legal – fuente inagotable de innovaciones sobre la marcha – y en la que el proceso electoral tiende a estar directamente gestionado por cargos electos – fuente inagotable, a su vez, de los citados litigios.

Tanto los incumbentes como la oposición tienen todos los incentivos del mundo para enzarzarse politiqueos de la más baja estofa

El resultado es que tanto los incumbentes como la oposición tienen todos los incentivos del mundo para enzarzarse politiqueos de la más baja estofa. Y así, cruzándose denuncias de pucherazo y acusaciones de trampear, llevan los norteamericanos doscientos años. Lo que así mirado, por otro lado, ni tan mal. 

La tensión se reduce cuando de las elecciones surgen grandes mayorías como en los casos de FDR, Eisenhower o Reagan; y se incrementa cuando los resultados son ajustados y/o hay una mayor polarización política, como en la victoria de Kennedy o en la primera victoria de George Bush (Nixon se fue a la tumba pensando que se las habían robado y Gore probablemente haga lo mismo).

Y luego está Donald Trump, claro, que es en sí mismo un ingrediente acelerante dentro de un cóctel de suyo ya explosivo: hace cuatro años se las arregló para que buena parte de la opinión pública se negara a aceptar su victoria, que fue clara; y ahora sigue mintiendo, con anonadante bellaquería, cuando insiste en afirmar que perdió la presidencia a causa de un fraude masivo imaginario.

Aun así, es importante subrayar que tanto lo de Trump como la presente hiperactividad legislativo-judicial que el neoyorquino ha alimentado, no dejan de ser iteraciones, aunque particularmente espectacularizadas, de un fenómeno nada infrecuente: el mal perder de Nixon, Gore y Stacey Abrams cuando fue candidata demócrata a gobernadora de Georgia provocó situaciones parecidas en 1960, 2000 y 2018. 

Y sin embargo hay algo distinto, más grave y ominoso, en la deriva que está tomando un debate secular. Desde los años sesenta cuando la citada Ley de Derecho al Voto de 1965 puso fin a la exclusión racial de los afroamericanos y hasta la fecha, los cruces de acusaciones se limitaban a la cuestión partidista – el objetivo de los tejemanejes turbios era beneficiar a un partido a expensas del otro – por lo que todo el mundo asumía que las víctimas eran el proceso electoral en sí mismo y los derechos de los votantes en abstracto. O lo que viene siendo el bien común.

Sin embargo, el debate ahora ha adquirido un tono y carácter sustancialmente distinto y que nos retrotrae a los terribles años sesenta y setenta. Trump, como Nixon entonces, (y en su estela, los republicanos) sostiene que ese fraude que se ha inventado es el producto de una conspiración protagonizada por las élites culturales, económicas y políticas para seguir victimizando al votante conservador, blanco y de clase trabajadora.

Los demócratas, por su lado y a la manera de McGovern en los 60, han construido toda la narrativa, en buena medida igualmente inventada, de la «restricción» desde la victimización de las minorías raciales (en particular los afroamericanos) y, en flagrante contradicción, también de los sectores urbanos, jóvenes y bien educados liderados por el sectarismo universitario. 

Ambos, en parte, con razón, claro: reducir los requisitos favorece la participación de las capas menos educadas y más pobres del electorado que votan demócrata, pero esa reducción raya en lo inasumible cuando uno renuncia a identificar al votante con un mínimo de seguridad como sostienen los republicanos. Y ambos con una vileza que ya no asombra a nadie pero que sí es potencialmente letal para la salud de una democracia liberal: aunque las motivaciones de ambos son estrictamente partidistas, ambos las disfrazan y magnifican recurriendo al sectarismo racial y a la división cultural.

Las víctimas del pucherazo y de la trampa ya no son el sistema en sí, ni el votante en abstracto…. sino colectivos enfrentados en una lucha sin cuartel por el control del poder del Estado

Las víctimas del pucherazo y de la trampa ya no son el sistema en sí, ni el votante en abstracto. Mucho menos el bien común, que ha desaparecido de la ecuación, sino colectivos enfrentados en una lucha sin cuartel por el control del poder del Estado. Suena guerracivilista porque lo es. Hace medio siglo esa grave crisis de legitimidad se recondujo gracias a líderes responsables – y entonces denostados – en ambos partidos como Ford y Carter.

No está nada claro que haya quién pueda reproducir semejante proeza hoy. Y entretanto, en la clase política nadie habla demasiado alto ni durante demasiado tiempo del problema real, que realmente supone un serio déficit en el funcionamiento del sistema electoral en los Estados Unidos, cuya solución (puramente administrativa y relativamente fácil de implementar) también pondría fin a las deficiencias reales que sustentan el victimismo y las invenciones de unos y otros: la manipulación de esos datos del censo que vamos a conocer en agosto para reconfigurar los distritos electorales con el fin de preservar el poder del partido en el gobierno.

Pero es que del gerrymandering, que es como se llama esta trampa legalizada y universal, se benefician ambos partidos allí donde tienen mayoría y prácticamente todos los políticos actualmente con cargo. Y claro, mucho mejor alimentar asaltos al Capitolio o a pirómanos raciales. 


David Sarias Rodríguez es profesor de Historia del Pensamiento político y los movimientos sociales en la Universidad Rey Juan Carlos.