Hace diez años ETA anunció que dejaba el terrorismo que había practicado durante más de medio siglo. Atrás quedaban más de ochocientos muertos, más de 2.600 heridos, un caudal inmenso de dolor, la vulneración sistemática de los derechos humanos y graves destrozos en la vida política y social durante todo ese tiempo. ETA ha sido la amenaza más grave que ha tenido
que afrontar la democracia española. Aunque a menudo se recuerde el nacimiento de la banda terrorista en la dictadura, es muy relevante el hecho de que más del 95% de los asesinatos cometidos lo fueron después de la muerte de Franco.

ETA creyó en los años sesenta y buena parte de los setenta que podía derrotar al Estado o, al menos, provocar una insurrección social que materializara esa derrota. Después se convenció de que su victoria por las armas no era posible, pero creía que tampoco podría ser derrotada la propia banda así que pensó que conseguiría sus objetivos en una negociación en la que los etarras no cederían nada y las concesiones correrían a cuenta del Estado. Después de la captura de la dirección de la banda en Bidart, en 1992, los miembros de ETA entraron en crisis al comprobar que sí podían ser derrotados por medios policiales -militares decían ellos- y que el tiempo jugaba en su contra. Pasaron entonces a una estrategia que, por un lado, buscaba un frente común de todos nacionalistas y, por otro, aplicó la “socialización del sufrimiento”, consistente en atentar y acosar a los cargos de los partidos constitucionalistas, desde el nivel más bajo al más alto, para forzar a ceder a sus dirigentes nacionales. Pero tampoco funcionó esta línea de acción.

La última década de la vida de ETA, a partir del año 2000, se inició con una potente ofensiva terrorista que duró dos años antes de ser frenada. A partir de entonces, la banda estuvo a la defensiva viendo como sus posibilidades operativas disminuían año tras año, cómo sus dirigentes eran detenidos a ritmos acelerados y cómo su capacidad de desestabilización política menguaba a pasos agigantados. En suma, la eficacia de la violencia, que es lo que justifica la existencia de cualquier grupo terrorista, se había esfumado. Por el contrario, la eficacia policial se multiplicaba. Francisco Múgica, ‘Pakito’, en 2004, desde la cárcel, diagnosticó la situación terminal de ETA indicando que no se podía practicar la “lucha armada” a base de comunicados y señalando que “nunca en la historia de la organización nos hemos encontrado tan mal”. Solo era cuestión de esperar a los años siguientes para comprobar que la situación
de la banda empeoraba todavía más.

La debilidad de ETA se tradujo en una sucesión de crisis internas que se manifestaron en los años 2003, 2004 y 2007-2008 pese a lo cual la mayoría de los etarras eran incapaces de percibir su situación real. En 2008 resolvieron tras debate interno continuar con el terrorismo desoyendo algunas voces de los suyos que advertían del agotamiento de la capacidad para continuar con las armas. La realidad se impuso finalmente: en febrero de 2010 los dirigentes de ETA ordenaron a las células que les quedaban hacer un “parón técnico” para centrarse en la reorganización interna y en el refuerzo de su seguridad. Pararon y ya no pudieron reanudar la actividad terrorista.

A la incapacidad operativa se había sumado que, a finales de 2009, lo que había sido el brazo político de ETA había comenzado a debatir el abandono de las armas. El detonante de ese debate no fue la ruptura de las conversaciones con el Gobierno, ocurrida en diciembre de 2006, tres años antes, sino la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que confirmó, en 2009, la ilegalización de Batasuna. Este partido asumió entonces la advertencia
que había hecho el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: tenían que elegir entre bombas o votos y para elegir las bombas ya no estaban a tiempo.


Florencio Domínguez. Director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.