La política de inmersión lingüística que la Generalitat impone desde hace años (y que otros gobiernos autonómicos están comenzando a replicar) es el mejor ejemplo de cómo el desarrollo del Estado autonómico ha degenerado en una dinámica centrífuga que amenaza los derechos, libertades e intereses económicos de los españoles. De la loable promoción de las otras lenguas españolas, hemos pasado a un arrinconamiento de la lengua común cada vez menos sutil y a un monolingüismo de facto en muchos ámbitos.

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