La inflación es un castigo, sobre todo para las familias de rentas más bajas, que son las que se fijan más en los precios porque el suyo no es cálculo matemático, sino fruto de la necesidad. Pero que sea un castigo no quiere decir que tenga que ver con fuerzas incontrolables, sobrenaturales, tal vez divinas. No. Hay factores externos que influyen en la subida de los precios, y factores que tienen que ver con la gestión de la economía. Lo que no puede, no debería, hacer un Gobierno es apuntarse como propios los datos positivos y adjudicar a los imponderables los negativos.

Rozar el 10% de inflación (ya lo habíamos adelantado en esta columna) no es simplemente un mal dato; es un desastre. Insisten los economías afines al Gobierno en que hay que fijarse en la inflación subyacente, que ¡ojo! se ha situado en marzo en el 3,4%, pero ese es un triste consuelo para las familias, que no saben lo que es eso de la subyacente. Podíamos decir que si uno no come, ni bebe, ni enciende la luz, ni coge el coche, prácticamente ni se entera de la subida del IPC. Claro que si eso lo haces durante un par de semanas lo más probable es que te mueras.

Bromas aparte, el dato de inflación no sólo es malo en sí mismo, sino que provoca efectos económicos perversos difíciles de controlar y que afectan directamente al empobrecimiento de la población.

Ayer publicábamos en El Independiente el primero y más obvio de estos efectos. El consenso de los analistas es que la inflación media este año ronde el 7%. La ley Escrivá -aprobada el pasado mes de diciembre- establece la revalorización automática de las pensiones, lo que quiere decir que en 2023 habría que subir un 7% la cantidad que reciben unos 10 millones de pensionistas, lo que, en dinero constante y sonante, supera los 10.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de la dimensión, el Plan contra la guerra que aprobó el último Consejo de Ministros contempla unas ayudas -entre ellas los 20 céntimos de bajada de los carburantes- de 6.000 millones (el resto, hasta 16.000 millones, son créditos ICO). Es decir, que sólo el efecto en las pensiones de la subida del IPC se come ya todo el paquete económico para amortiguar los efectos de la invasión de Ucrania por Rusia.

Lo más normal es que si esa ley -que no contempla ninguna medida correctora- no se modifica, los siguientes en llamar a la puerta de la indexación serán los funcionarios. ¿Por qué ellos van a tener que perder poder adquisitivo mientras los jubilados lo mantienen? Y casi al mismo tiempo los sindicatos plantearán ese mismo dilema con el resto de los asalariados.

El Gobierno ha pasado de decir que la inflación es consecuencia del fuerte ritmo de crecimiento de la economía española a culpar de ella a los precios del gas y a Putin

Habrá, por tanto, un efecto al alza -lo que se llama ‘segunda ronda’- sobre los salarios como consecuencia de la subida de los precios. ¿Hasta qué nivel? No lo sabemos. Pero lo que es evidente es que 2022 pondrá punto el final de la moderación salarial.

El mantra gubernamental es que la inflación es un mal general, como la pandemia, que afecta a todo el mundo. Sí, pero no en la misma proporción. En Alemania, por ejemplo, marzo se ha cerrado con un IPC del 7,6%: 2,2 puntos menos que el IPC de España. Eso quiere decir que la economía española pierde competitividad, lo que afecta, naturalmente, al crecimiento económico.

El consenso de los economistas sitúa el PIB este año un poco por debajo del 4%. Recordemos que la previsión presupuestaria para 2022 es ¡del 7%! Crecer menos, mucho menos, tampoco es baladí. Menor crecimiento implica menor ritmo de creación de empleo. Ese dato lo iremos viendo a medida que pasen los meses. ¿Qué dirá entonces la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha apuntado como mérito propio la prohibición de los despidos?

Decíamos que la inflación tiene componentes externos y es innegable que en este caso existen y son importantes. La subida de los precios de la energía afecta todas las economías industrializadas. La cuestión es que el Gobierno primero minusvaloró el fenómeno de la inflación y luego ha responsabilizado a Putin de su aumento.

La hemeroteca es cruel. «A nadie le tiene que sorprender que se esté produciendo un rebote de los precios, está muy directamente relacionado con la intensidad de la recuperación económica, con un crecimiento muy fuerte de nuestro país». Eso decía la ministra de Economía, Nadia Calviño, ¡el 30 de noviembre de 2021!, hace sólo cuatro meses, cuando la inflación era ya del 5,6%. Es decir, que entonces la subida de los precios tenía que ver con la potencia del crecimiento económico -mérito del Gobierno, claro- y ahora, cuando se alcanza casi el 10% es culpa de la subida de la energía y de Putin.

Calviño, y no quiero hacer sangre, debería medir sus palabras. Porque ha metido la pata hasta el corvejón varias veces. Por ejemplo, cuando dijo el pasado 14 de marzo, antes de entrar en la reunión del Eurogrupo: «En lo que coinciden todos los organismos es en que España es uno de los países menos expuestos por la agresión de Rusia a Ucrania y, por tanto, uno de los países para los que se prevé un menor impacto económico». ¡Pues menos mal! Si nos llega a afectar de lleno la subida del gas no sé donde habría llegado el IPC de marzo.

El presidente Sánchez, máximo experto en eludir sus propias responsabilidades, el su comparecencia del pasado miércoles en el Congreso estimó en un «73% el efecto del desbocado coste de la energía, exacerbado» por la guerra de Putin, en el IPC. ¡Qué exactitud! Pero, ¿en qué quedamos? ¿Subían los precios por nuestro potente crecimiento, como decía Calviño, o por los precios energéticos, fundamentalmente el gas, del que, según la ministra de Economía, apenas si somos dependientes?

La inflación es muy difícil de erradicar y en este país tenemos experiencia de ello. Los Pactos de la Moncloa, que eran fundamentalmente un pacto contra la subida de precios, implicaron enormes sacrificios. No se puede luchar contra la subida de los precios sin sacrificios. Lo que quiere decir, recuerden esto, reducción del gasto público y pérdida de poder adquisitivo. Pero como este Gobierno se niega a enfrentarse con la realidad y le dan alergia las malas noticias, lo que hace es echar más leña al fuego. Las medidas aprobadas no van al origen de la inflación -aunque algunas tengan un efecto positivo a corto plazo-, sino que la retroalimentarán.