El presidente del Gobierno presume de la mejora de la situación en Cataluña. Incluso la semana pasada mencionó en el Congreso el partido de la selección española en Cornellá como un ejemplo de la normalización que se ha producido «gracias al diálogo». Lo que no ha cambiado, sin embargo, es la política de la Generalitat encaminada a desplazar al castellano de las escuelas públicas y concertadas de Cataluña.

Ayer mismo, el Govern aprobó un decreto que, en la práctica, supone desobedecer la orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de implantar, al menos, un 25% de horas lectivas en castellano. Ahora la excusa esgrimida para desobedecer radica en que no se pueden aplicar porcentajes lingüísticos. La táctica para eludir la aplicación de la sentencia consiste en hacer responsables a los centros de sus programas educativos, para, posteriormente, preguntarles mediante encuesta si creen esos programas que cumplen con la normativa legal. Nadie en su sano juicio dirá que incumple la ley. Pero, para evitar que los directores de los centros se amilanen, la consejería, es decir, la Generalitat, asumirá las posibles consecuencias del tipo que sean por la desobediencia.

Nada más conocerse la decisión del TSJC que obligaba a aplicar el 25% como mínimo en los centros catalanes, la Generalitat se puso en marcha para ver cómo se saltaba la ley. El PSC cayó en la trampa de pactar un proyecto de ley que considera al castellano «lengua curricular». Salvador Illa afirmó por activa y por pasiva que esa ley no era una forma de eludir la sentencia, sino todo lo contrario, pero el decreto de ayer demuestra que la voluntad de la Generalitat, o sea de los independentistas, es seguir considerando al castellano como una lengua opresora.

Dice Encarnación Roca hoy en El Independiente que «las lenguas no deben ser motivo de disputas políticas». De acuerdo. Así debería ser. Sin embargo, ha sido el nacionalismo el que ha hecho de la lengua un vehículo de adoctrinamiento. Entienden que hay una relación directa entre el uso del catalán y el peso del independentismo. El PSC, con extrema torpeza o ingenuidad, aceptó la inmersión lingüística con el argumento de que así el catalán no sería coto de las clases acomodadas. Pero la coincidencia esencial en política lingüística entre PSC y los partidos que defienden la independencia (primero fueron CIU y ERC; luego JxC y ERC, los comunes y la CUP) es que todos ellos comparten el axioma de que el castellano es la lengua de la derecha en Cataluña.

Y ese ha sido el error de bulto.

Mientras en Cataluña haya un gobierno que incumpla la ley, no se puede hablar de normalización

José Domingo (presidente de Impulso Ciudadano y promotor de la Asociación Escuela Bilingüe) lleva más de veinte años luchando por algo tan lógico y normal -visto desde fuera de Cataluña- como que la enseñanza debería hacerse en las dos lenguas para que los ciudadanos catalanes manejasen con naturalidad ambas lenguas. En la entrevista que concedió este fin de semana a este periódico, Domingo hablaba de la obsesión del nacionalismo lingüístico con el castellano. Habría que añadir la frustración que sienten los políticos nacionalistas al ver que, tras décadas de inversión, el castellano sigue siendo la lengua que mayoritariamente utilizan los ciudadanos en su ámbito familiar y en sus relaciones sociales.

A los estudiantes se les puede obligar a hablar en catalán en la escuela, pero haría falta un Gran Hermano para evitar que esos mismos estudiantes hablaran en castellano en sus casas o con sus amigos.

El problema es que ese empeño en imponer el uso del catalán, olvidando que en Cataluña el castellano también es lengua oficial, puede provocar el rechazo a ese idioma. Nada sería peor. Se volvería a cometer el mismo error que cometió Franco, que pensaba que, prohibiendo el uso del catalán o marginándolo, llevaría a que los catalanes se integraran en el movimiento nacional o se hicieran falangistas.

La lengua es hoy un arma de disputa política y los perjudicados por esa lucha por la supremacía lingüística son los ciudadanos y, en última instancia, también las lenguas. Esto es un hecho. Al igual que es un esfuerzo inútil el intentar bordear la ley o eludirla con truculentos decretos o leyes confusas. Al final, la disputa desembocará en el Tribunal Constitucional. Y volveremos a empezar.

Mientras exista un gobierno que incumpla la ley y las resoluciones judiciales, no se podrá hablar de normalidad en Cataluña. Mal que le pese a Pedro Sánchez.