El 19 de junio de 2022 tendrá lugar la segunda vuelta presidencial en Colombia. Los colombianos estamos invitados a elegir entre las fórmulas encabezadas por el economista Gustavo Petro Urrego, candidato por la alianza política-electoral de izquierda conocida como Pacto Histórico, y el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, candidato por el Grupo Significativo de Ciudadanos: Liga de Gobernantes Anticorrupción. 

Tuve oportunidad de votar en la primera vuelta y tengo interés en continuar participando en esta contienda electoral como votante, espero hacerlo de nuevo por el Pacto Histórico, que además tiene como candidata vicepresidencial a Francia Márquez Mina, pues considero que el proyecto político que ellos lideran constituye la mejor alternativa para la conformación de un gobierno de cara a las necesidades del país en los próximos cuatro años. A continuación, me permito compartir con ustedes algunas consideraciones sobre los problemas que han propuesto Petro y Márquez resolver y que me mueven a votar de este modo. 

En primer lugar, en cuanto al fortalecimiento de la democracia colombiana tiene mucho sentido la oportunidad de una alternancia en el poder político. El proyecto político que hoy conocemos como Pacto Histórico es una construcción de vieja data en Colombia. Desde principios del siglo XX, la izquierda colombiana ha venido intentando viabilizar electoralmente un proyecto político que avance en las reformas que el país requiere. Sin embargo, esto no ha sido posible, en parte debido a que el conflicto armado interno ha sido protagonizado principalmente por guerrillas socialistas que ha hecho inviable la política electoral para la izquierda democrática.

Históricamente, en este cometido, por ejemplo, han participado unidades partidistas tales como el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, y, más recientemente, el Partido Colombia Humana. Así mismo, se han creado frentes de trabajo (alianzas electorales) para avanzar en esta tarea como la Unión Nacional de Oposición, el Frente Social y Político, entre otros. Desafortunadamente, ninguno de ellos ha sido gobierno en Colombia. Esta sería, entonces, una oportunidad para que esto sucediese.  

La propuesta de gobierno del Pacto Histórico plantea la implementación del Acuerdo Final de 2016, lo que implica una oportunidad para construir una paz estable y duradera»

En segundo lugar, la propuesta de gobierno del Pacto Histórico plantea la implementación de la totalidad Acuerdo Final firmado en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC – EP. Esto implica para la sociedad colombiana la oportunidad de retomar el camino de construcción de una paz estable y duradera. En efecto, este acuerdo constituye una herramienta de Construcción de Paz que ha puesto fin a cerca de 40 años de guerra entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP.

El actual gobierno del presidente Iván Duque, respondiendo a una orientación de algunos convencionistas de su Partido Centro Democrático, se impuso la tarea de hacer trizas el Acuerdo, para ello durante su mandato implementó un programa llamado Paz con Legalidad, el cual buscó permanentemente hacer cambios sustanciales a aquello que había sido acordado inicialmente. Mientras tanto, se deterioraron acciones relacionadas con la suplantación voluntaria de cultivos ilícitos, la implementación de proyectos productivos y la seguridad de los firmantes de la paz. Con relación a este último aspecto, no hay que olvidar que la organización social Indepaz, ha informado que desde el 26 de septiembre de 2016, fecha del Acuerdo, han sido asesinados en Colombia 1.326 líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos y 320 firmantes de la paz ex integrantes de las FARC- EP.  

En tercer lugar, el proyecto político del Pacto Histórico representa una priorización de la agenda pendiente de la socialdemocracia colombiana, la cual incluye desde el siglo XX la Reforma Agraria, el desarrollo de una economía campesina y el empoderamiento de las y los jóvenes y las mujeres en la orientación y desarrollo de la sociedad. Al respecto, se puede afirmar que desde el siglo XX en Colombia se encuentra pendiente una Reforma Agraria. En parte debido al abandono estatal frente al campo y la dinámicas propias del conflicto armado interno no solo se ha experimentado un despoblamiento del mundo rural colombiano sino que se ha impedido su desarrollo.

El Acuerdo Final, por ejemplo, traía consigo una política significativa orientada hacia la Reforma Rural Integral en el país. Desafortunadamente, este componente, al igual que otros apartados del Acuerdo, ha sido dejado a un lado por el Gobierno de Iván Duque Márquez. Persiste en Colombia pues una desigualdad estructural en relación con la tenencia y propiedad de la tierra. De acuerdo con la Revista Semana Rural, el Índice de Distribución de la Propiedad Rural (GINI) es de 0.89., una situación escandalosa que promete superar el Pacto Histórico. 

En cuarto lugar, este proyecto político ha propuesto con claridad reformas institucionales que permiten la superación de problemas en materia de justicia, fuerza pública y salud. Al respecto, conviene tener en cuenta que uno de los problemas centrales que tiene la justicia en Colombia es que se encuentra politizada. En efecto, la figura del Fiscal General de la Nación quien desempeña el papel de acusador y lidera la política criminal en el país, depende en su elección de una terna presentada a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente de la República.

Por otro lado, en lo que tiene ver con la fuerza pública, durante lo que va corrido del Conflicto Armado Interno ésta ha protagonizado violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En las últimas décadas, por ejemplo, se conoció que más de 6.000 jóvenes pobres fueron ejecutados extrajudicialmente por el Ejército Nacional y presentados como falsos positivos en la lucha contra las organizaciones guerrilleras. Además, recientemente la Policía Nacional ha participado en violaciones a los Derechos Humanos por motivo de su represión brutal de reuniones públicas y es señalada de ser la autora de la Masacre de Bogotá en donde murieron 14 ciudadanos acontecida el 9 y 10 de septiembre de 2020 en dicha capital.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la salud, desde la privatización de la prestación de este derecho a mitad de los años noventa, el sistema de atención en el país ha experimentado un deterioro creciente. Numerosas Empresas Prestadoras de Salud han sido liquidadas y a menudo, las y los ciudadanos recurren a la Acción de Tutela para obtener diversos servicios en esta materia, desde los más simples a los más complejos. 

Ofrece la oportunidad de reorientar la política exterior colombiana, caracterizada por la fuerte dependencia de EEUU»

Finalmente, en quinto lugar, el Pacto Histórico ofrece la oportunidad de una reorientación de la política exterior colombiana. Hasta el momento, esta se ha caracterizado por una fuerte dependencia respecto de los intereses que tienen en la región los Estados Unidos de América. Buena parte de esta situación se explica por la participación de Colombia en la lucha global contra las drogas. Por otro lado, el actual Gobierno Nacional ha perdido las relaciones diplomáticas con la República de Venezuela, una situación que afecta a millones de personas a lado y lado de la frontera colombo-venezolana y también afecta los Derechos Humanos de los migrantes venezolanos en el país. 


Jaime Carrión es politólogo. Docente ocasional del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín.